La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que su país presentará una demanda contra el mandatario Iván Duque ante la Corte Penal Internacional (CPI), entidad de justicia con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, por el delito de exterminio y persecución de los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia.

El hecho que desencadenó la decisión del gobierno que encabeza Nicolás Maduro fue el asesinato de dos venezolanos, un niño de 12 años y un adolescente de 18, que fueron detenidos el viernes por un grupo de personas cuando, de acuerdo a la versión oficial ofrecida por la Policía, estaban a punto de robar un local comercial en Tibú, un municipio ubicado en el departamento colombiano de Norte de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela.

Según informaron medios locales, el joven y el niño fueron atados con cuerdas y horas después aparecieron muertos, cada uno con un cartel que decía “Por ladrón”.

En un video al que accedió la cadena CNN, se puede observar a los jóvenes rodeados por varias personas, y se escucha cómo alguien dice que iban a “pasearlos por la ciudad” para después entregarlos a las autoridades. En otro video que circula en redes sociales se puede ver a los dos venezolanos en el suelo, aparentemente muertos.

Se desconoce quiénes se llevaron a los jóvenes para después asesinarlos, algo que está siendo investigado por la Policía de Norte de Santander, región en la que operan numerosos grupos delictivos.

Luego de la divulgación del doble asesinato, el fiscal general venezolano, Tarek Saab, informó que enviaría una comunicación oficial a Colombia “para solicitar que sean esclarecidos los hechos” que rodearon el crimen.

Según informó la cadena pública Venezolana de Televisión, la vicepresidenta Rodríguez apuntó que la denuncia contra Duque se basará en el delito de exterminio y persecución contemplado en el Estatuto de Roma, por la persecución y asesinato de migrantes venezolanos “que se ha convertido en una política sistematizada, impulsada por el extremismo de la oposición, comandada por Juan Guaidó y su entorno, que han promovido la migración con el respaldo a las sanciones y el robo de activos de la República en el exterior”.

La jerarca venezolana, citando cifras del Departamento de Medicina Legal de Colombia, dijo que desde 2017, 2.061 venezolanos fueron asesinados en territorio colombiano, lo que para el gobierno de Maduro corrobora la política de exterminio contra los migrantes venezolanos que fueron víctimas de delitos de odio, violencia sexual y xenofobia.

Rodríguez exhortó a la Organización Internacional para las Migraciones, a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur) y a la alta comisionada para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, un pronunciamiento y una investigación inmediata del doble asesinato del viernes “y de lo que está ocurriendo en Colombia contra nuestros inmigrantes”.

Por su parte, el gobierno colombiano rechazó de plano la acusación y desestimó los argumentos presentados contra las autoridades y el presidente Duque. “Condenamos enfáticamente este horrible crimen e instamos urgentemente a las autoridades a intensificar las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos. La vida de los niños, niñas y adolescentes requiere de toda la protección, respeto y garantía de sus derechos”, expresó la cancillería colombiana en un comunicado.

La agencia Reuters recordó que Colombia es el principal país receptor de los venezolanos que huyen de la crisis económica, política y social que se vive en la nación bolivariana. Según datos oficiales de las autoridades migratorias de Colombia, más de 1,7 millones, de un total que ronda los cinco millones de venezolanos, se encuentran actualmente en territorio colombiano.

En medio de un durísimo enfrentamiento entre las autoridades de ambos países vecinos –Duque califica a su par venezolano de “dictador”, mientras que Maduro acusó en numerosas ocasiones al mandatario colombiano de “conspirar” contra Venezuela y de planear su asesinato–, Colombia y Venezuela, que comparten una frontera seca de más de 2.200 kilómetros de extensión, tienen sus relaciones diplomáticas suspendidas desde 2019.