El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió este martes en Twitter a las denuncias de espionaje ilegal que pesan contra el gobierno de su predecesor, Mauricio Macri, y las de armado de causas judiciales que apuntan contra la administración de la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Estas últimas se dispararon la semana pasada a partir de la grabación en la que su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, manifestaba que le gustaría contar con una “Gestapo” contra los sindicatos.

“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, manifestó Fernández. Acompañó esas palabras con una foto de la reunión de 2017 en la que Villegas hizo esas afirmaciones, en la que participaron otros ministros bonaerenses, empresarios y funcionarios de inteligencia.

El presidente recordó que al comenzar su gestión denunció la existencia de “más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI”, la Agencia Federal de Inteligencia, y entregados a “funcionarios nacionales, pero también personas de la Justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”, la alianza que llevó al gobierno de Macri y Vidal. Señaló que esos teléfonos fueron asignados a figuras como la propia gobernadora, el expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici, el empresario Nicolás Caputo, el exministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires Gustavo Ferrari y el exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Martín Ocampo.

Se preguntó “¿para que existían esos teléfonos encriptados?” y “¿qué secretos preservaban funcionarios políticos y judiciales con empresarios?”. Manifestó que “esas preguntas exigen una respuesta”.

El presidente argentino repudió las prácticas denunciadas. “El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, dijo Fernández.

Consideró que “ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices”.

La jefa de la AFI, Cristina Caamaño, que actúa como interventora de ese organismo, denunció días atrás ante la Justicia el supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas, a partir de la reunión en la que se habló de una “Gestapo”. Al rol de la AFI también se refirió Fernández este martes: “He impuesto a la intervención de la AFI el deber de poner el servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.

El diario La Nación señaló este martes que hace dos años el dirigente del sindicato de la construcción Juan Pablo Medina, de quien se habla en particular en la reunión en la que participó Villegas, había presentado una denuncia por persecución judicial en su contra. Ese expediente quedó en manos del juez de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli, pero de acuerdo con el periódico no avanzó. Por eso, la defensa de Medina teme que las nuevas denuncias de persecución judicial se unifiquen y todos los expedientes queden encajonados. Para evitarlo, según el periódico, solicitó al juez de La Plata que recibió la denuncia de la AFI, Ernesto Kreplak, que pida copia del expediente de hace dos años para sumarlo a su investigación.