Dos bombas incendiarias estallaron el sábado en el exterior de la casa del director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Farina, en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. “Junto con el explosivo los atacantes dejaron panfletos con amenazas de muerte” a ese funcionario “y a un listado de otros trabajadores de la salud”, informó en un comunicado la Subsecretaría provincial de Derechos Humanos.
La lista de trabajadores amenazados incluía el nombre y el domicilio de esas personas, y mensajes contra las restricciones de circulación dispuestas por la pandemia de covid-19. Según imágenes de los volantes que difundieron distintos políticos, los médicos amenazados eran identificados como “aborteros”.
En esos panfletos, firmados por un supuesto grupo de ultraderecha que toma el nombre de un militar carapintada, Comando de Restauración Nacional Mohamed Alí Seineldín, se leía: “¿Pasaporte Sanitario? ¿Restricciones a la circulación? Quieren Muertos... Los van a tener”. Bajo el lema “Dios y patria o muerte”, el texto hablaba de “una falsa pandemia” y de “las acciones terroristas de los grupos mapuches”.
No era la primera vez que un volante con esas mismas características y la misma firma aparecía en circunstancias similares. Este ataque es uno más de una serie que se está registrando en Bahía Blanca, y que causó indignación en buena parte del sistema político. Según recordó la agencia estatal de noticias Télam, el 25 de mayo hubo otro ataque con explosivos en un local partidario de La Cámpora; el 25 de noviembre otros panfletos, lanzados junto a la Casa Cultural Ruka Kimun Mapuche amenazaban de muerte a una referente de ese pueblo, Olga Curipan; y el 30 de noviembre detonó un explosivo en un local del Frente de Todos. En los panfletos arrojados junto a la casa de Núñez se decía que el grupo había “sentenciado a muerte” a Curipan.
“La Subsecretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense manifiesta su profunda preocupación por este acto cobarde de violencia que remite a las épocas más oscuras de nuestro pasado”, manifestó el organismo en un comunicado. Afirmó que “es urgente que este nuevo hecho, que ya está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal, se esclarezca lo más rápido posible para resguardar la integridad de los trabajadores de la salud que desde hace dos años trabajan denodadamente y sin descanso por la salud pública y para salvaguardar nuestra democracia”.
Repudio político
“Nuevamente un hecho lamentable sucede en Bahía Blanca”, afirmó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Esperamos que la Justicia actúe con celeridad y esclarezca los hechos”, tuiteó. También el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, destacó que ya se habían cometido otros atentados “y todos firmados por el mismo grupo”. Señaló que en este caso “no generaron daños materiales, pero sí el temor por las amenazas de muerte”.
“Ahora se muestran en contra del pase sanitario, de las medidas de restricción y amenazan con nombre y apellido a profesionales de la salud en Bahía Blanca”, dijo, y agregó que “son prácticas de la época más oscura de nuestra historia, que en tiempos de larga democracia no podemos permitir que pasen”.
A su vez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, dijo que “una pronta y adecuada respuesta judicial no sólo repararía a la víctima y a los vecinos de Bahía Blanca, sino que podría evitar nuevos hechos de estas características”. “Si un fiscal se pone las pilas, en horas da con los responsables. No se puede tolerar esta violencia demencial”, dijo el diputado por el Frente de Todos Daniel Gollan. También integrantes de la Unión Cívica Radical y del Frente de Izquierda Unidad repudiaron el ataque.
Medidas de seguridad
La situación en Bahía Blanca llevó a las autoridades a anunciar la creación de una brigada antiexplosivos en esa ciudad, apoyada por la Policía Federal y la Unidad de Investigaciones Antiterroristas. El anuncio fue hecho por Alak y Kreplak, después de que los dos ministros se reunieran con jueces de la provincia y del ámbito federal, con el fiscal general, Juan Pablo Fernández, y con el fiscal general adjunto Julián Martínez, que investigan el atentado.
“Es un hecho gravísimo lo que ha pasado en Bahía, que forma parte de una serie de hechos ocurridos en siete meses y medio, cuyo hilo conductor es la violencia y que afecta no sólo a las víctimas, con quienes vinimos a solidarizarnos, sino al sistema institucional”, manifestó Alak. Señaló que los cuatro ataques registrados allí “tuvieron como afectación principal el sistema institucional”.
“Entendemos que son actos terroristas que deben ser investigados por la Justicia federal”, dijo el ministro, y agregó que “hay un hilo conductor que es el daño, la amenaza, la violencia y la extorsión, la tenencia ilegal de explosivos”, y por eso corresponde a ese ámbito. Alak manifestó: “Esto excede a un atentado local, a un jefe de la Región Sanitaria, cosa que nos duele mucho; si no lo paramos puede seguir atentando contra otros sectores institucionales”. A su vez, Kreplak dijo que se trata de la acción de un “grupo terrorista que intenta generar miedo”.
Hasta el viernes la investigación continuaba. En dos allanamientos se encontraron volantes similares a los de otros atentados y se estaba investigando su origen. “Anoche hubo importantes avances en la investigación que la Justicia provincial de Bahía Blanca lleva adelante respecto del atentado sufrido por el director de la Región Sanitaria el pasado 8 de enero”, tuiteó Alak el martes. Manifestó que fue incautado además “el elemento con el cual se imprimían” los volantes. “Esperamos que a partir de un rápido análisis de la prueba obtenida comience a esclarecerse este hecho criminal y los ataques de similares características que lo precedieron”, agregó.