La reforma electoral estadounidense impulsada por el presidente Joe Biden naufragó en el Senado, dejando casi sin opciones la posibilidad de establecer cambios antes de las elecciones de medio término del 8 de noviembre, que renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Los proyectos habían sido aprobados en Diputados, pero al entrar al Senado ni siquiera se llegó a debatirlos. El opositor Partido Republicano, que tiene la mitad de los escaños en esta cámara, decidió que sus senadores no ingresaran a sala. De esta forma, los proyectos serían archivados por no alcanzar el mínimo de 60 legisladores presentes para su discusión.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, decidió votar que se renovara la regla y reducir el mínimo a 50, lo que permitiría que el tema se desarrollara sólo con los senadores demócratas. Sin embargo, se encontró entonces con oposición interna, ya que los demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema votaron en contra de la propuesta.

Según informó la agencia AFP, se produjo un momento tenso cuando uno de los senadores demócratas, Cory Booker, acusó a sus pares republicanos de estar “eliminando descaradamente más lugares de votación de los condados donde los negros y los latinos están sobrerrepresentados”.

La reforma electoral propuesta por Biden consistía en la aprobación de dos leyes: el Acta de libertad para votar y el Acta John Lewis de avance de los derechos electorales.

Esta legislación plantea una serie de estándares mínimos a nivel nacional para facilitar el derecho al voto. Entre las medidas se encontraba que los días de elecciones sean considerados feriados nacionales, que se habiliten dos semanas de voto anticipado y que cualquier persona registrada como votante tenga derecho a solicitar documentos para votar por correo. A su vez, prohibía el armado de los distritos electorales según la conveniencia del partido que esté gobernando cada estado, y ampliaba la cantidad de urnas de votación a implementar.

Estas medidas fueron propuestas por el presidente luego de que, a raíz de las acusaciones infundadas de Donald Trump sobre un posible fraude electoral en las elecciones de 2020, varios gobernadores republicanos establecieran cambios en las leyes electorales locales que, según el Partido Demócrata, atentan contra la democracia estadounidense al dificultar el derecho al voto a personas pobres, a la población negra y a la latina.

En Estados Unidos, la ley electoral no tiene una directiva centralizada, por lo que muchas veces dependen de la normativa de cada estado las formas y facilidades que se permiten para votar. La flexibilización en algunos estados del voto por correo, en 2020, a raíz de la pandemia, provocó fuertes críticas de Trump y su equipo de campaña, que luego fueron utilizadas para alimentar la teoría del fraude.

Según informó el diario Público, en 2021 los republicanos aprobaron 33 leyes que limitan el sufragio en 19 estados. Algunas dificultan el voto por correo, otras acortan los plazos para el voto anticipado, algunas penalizan a los militantes que acuden a dar comida o agua a las personas que pasan horas haciendo filas para votar y otras eliminan distritos electorales en zonas cercanas a las áreas donde vive la población más vulnerable.

El senador republicano Mitch McConnell dijo previo a la sesión que no había que preocuparse por las normativas de los estados republicanos, ya que “si miran las estadísticas, los votantes afroestadounidenses están votando en un porcentaje tan alto como el de Estados Unidos” en general.

Tras el fracaso en el Senado, Biden tuiteó que estaba “decepcionado” por lo sucedido y consideró que el Senado “no ha defendido nuestra democracia”. De todos modos, adelantó que seguirá intentando buscar “cambios en los procedimientos del Senado que protegerán el derecho fundamental al voto”.