Miles de personas desplazadas, brotes de enfermedades y una hambruna en ciernes son las consecuencias directas del enfrentamiento armado en Etiopía, que ya lleva prácticamente dos años desde su comienzo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó el conflicto de “incontrolable” y denunció la movilización masiva de fuerzas militares tanto por parte del gobierno federal que dirige el primer ministro Abiy Ahmed Ali, como del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés), una organización política y militar de la etnia tigray que habita en la región homónima, situada en el extremo norte de Etiopía.
El martes, el austríaco Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que todas las partes del conflicto siguen movilizando soldados y combatientes de forma masiva, lo que indica que el riesgo de una escalada del conflicto es grande, según consignó el portal France 24.
Un día antes, desde Nueva York el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, había expresado que la situación en Etiopía en estos momentos era “incontrolable”. “La violencia y la destrucción están alcanzando niveles alarmantes”, dijo Guterres, quien hizo énfasis en el “terrible precio que pagan los civiles” y la “pesadilla” que vive la población etíope.
La comunidad internacional se alarmó este fin de semana por la situación en Shire, una ciudad de la región de Tigray situada unos 40 kilómetros al sur de la frontera con Eritrea, que fue blanco de intensos bombardeos en los últimos días, según informaron fuentes humanitarias presentes en el lugar.
Este miércoles desde Ginebra habló sobre el tema Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien pertenece a la etnia tigray y que en reiteradas ocasiones condenó la situación que se vive en su país. “El mundo no está prestando suficiente atención”, dijo el funcionario etíope, quien agregó: “Ahora tenemos muy poco tiempo para evitar un genocidio en Tigray”, de acuerdo a lo que informó la agencia suiza ATS.
Tedros dijo que “las hostilidades en Tigray deben terminar ahora, con la retirada y desconexión inmediata de las fuerzas armadas eritreas [presentes junto a Addis Abeba] de Etiopía”. “Los ataques indiscriminados o aquellos que tienen como objetivo deliberado a civiles o bienes civiles son equivalentes a crímenes de guerra”, afirmó.
El conflicto entre el gobierno central que preside el primer ministro y los rebeldes de la etnia tigray se desató cuando el gobierno de Ahmed decidió retrasar las elecciones generales, programadas para agosto de 2020, por la pandemia de coronavirus. Pese a ello, el TPLF, que había dominado la coalición gobernante de Etiopía durante décadas hasta que en 2018 llegó al gobierno Ahmed –perteneciente a la etnia oromo–, celebró unilateralmente las elecciones en la región, insistiendo con que Ahmed era un líder ilegítimo.
Como respuesta, el gobierno federal se negó a reconocer los resultados de esas elecciones y dejó de enviar fondos al gobierno regional de Tigray. A su vez, el TPLF reaccionó a esto atacando una base militar de tropas federales, en una operación denominada por ellos “de autodefensa preventiva”.
Dicha acción dio pie al enfrentamiento bélico. El 4 de noviembre de 2020, Ahmed ordenó la intervención militar en Tigray, a la que definió como una “operación de cumplimiento de la ley”, pero lo que en principio pareció una rápida acción de las tropas federales devino en un durísimo enfrentamiento bélico.
Paradójicamente, el primer ministro etíope había ganado notoriedad a nivel mundial en 2019, cuando fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz luego de propiciar el acuerdo que resolvió el conflicto entre su país y la vecina Eritrea.