Tres meses después de dejar el gobierno, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico que podrían valerle una condena a cadena perpetua. “Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado”, afirmó el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en una conferencia de prensa, mientras el exgobernante hondureño era trasladado mediante un fuerte operativo de seguridad de Tegucigalpa a Nueva York.

El 27 de enero, Hernández dejó la presidencia que había ejercido por ocho años. Fue electo en 2013 y reelecto en 2017, entre acusaciones de fraude. Pocos días después de que su gobierno terminara, el 15 de febrero, fue detenido a pedido de Estados Unidos, que solicitó su extradición para juzgarlo por delitos vinculados con el narcotráfico y tenencia y uso de armas. Pero el alcance de las acusaciones se dio a conocer después de su partida, el jueves de noche.

Según informó entonces el gobierno de Estados Unidos, Hernández utilizó sobornos de narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que se postuló. De acuerdo con la acusación, citada por Efe y la BBC, el exgobernante fue parte de una trama para transportar, desde 2004, cuando era diputado, hasta 2022, más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Se enviaba desde Honduras pero procedía de Colombia y otros países. Como pago, recibió “millones de dólares de múltiples organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares”.

De ese modo, Hernández “corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluidas partes de la Policía Nacional hondureña, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional”, y convirtió su país en “uno de los mayores puntos de envío de cocaína a Estados Unidos en el mundo”, señala la acusación. Agrega que “Hernández usó esos beneficios del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, incluso en relación con las elecciones presidenciales de 2013 y 2017”.

De El Chapo recibió un “soborno de un millón de dólares” en 2013 para que protegiera al cártel de Sinaloa en Honduras. “Hernández ordenó entonces a sus aliados en la conspiración que viajaran a varias partes de Honduras para sobornar a funcionarios para que manipularan votos para que él se convirtiera en presidente”, dijo en una conferencia de prensa el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams. También “compró votos” para lograr la reelección en 2017, agregó.

“Con los cargos que anunciamos hoy se busca responsabilizar a Juan Orlando Hernández por años de corrupción, años de violencia y años de narcotráfico”, dijo Williams.

Uno de los delitos que se le atribuyen es el de “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente” a ese país. Otro es el de “fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos”, y un tercero es el de “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”. Estos delitos se castigan de diez años de prisión a cadena perpetua.

Hernández ha insistido, en su defensa, en que es víctima de la venganza de narcotraficantes a los que él persiguió como gobernante. “Esta es una venganza de los cárteles, es una trama orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente”, dijo.

Un año atrás, su hermano Juan Antonio Hernández fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal que hoy juzga al expresidente y por la misma trama de narcotráfico en la que ahora aparece involucrado.