La ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, tiene dos meses para decidir si extradita o no a Estados Unidos al cofundador de Wikileaks Julian Assange, que actualmente se encuentra en una cárcel de alta seguridad en Londres. Este miércoles, la Justicia británica emitió la orden formal que autoriza la extradición para que pueda ser juzgado por espionaje, tras la publicación de 700.000 documentos clasificados que, entre otras cosas, revelaron violaciones a los derechos humanos cometidas en las guerras de Irak y Afganistán. Si es declarado culpable en la corte estadounidense, Assange podría ser condenado hasta un máximo de 175 años de cárcel.
Apenas se supo sobre la orden formal, los abogados de Assange aseguraron que intentarán apelar y para eso tienen hasta el 18 de mayo. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han apoyado al australiano y aseguran que es víctima de una persecución judicial que constituye un ataque contra de la libertad de prensa. Por otra parte, los estadounidenses aseguran que Assange no es un periodista sino un “pirata informático” y que comprometió a muchos informantes al no proteger su identidad en los documentos publicados.
“En términos llanos y no legales, estoy obligado a enviar su caso a la ministra para que sea ella quien tome la decisión”, le dijo el juez Paul Goldspring a Assange, que estuvo en el tribunal a través de videoconferencia, según señala El País de España. La ministra Patel ahora debe decidir si habilita la extradición o la prohíbe amparada en la ley de 2003, que habilita la protección excepcional para algunos casos específicos, pero siempre en acuerdo con el país demandante.
En el caso de que la decisión de Patel sea extraditar a Assange, su defensa podría pedir al Tribunal Superior que autorizara nuevamente la posibilidad de recurrir y así continuar el proceso legal. De todas formas, el 14 de marzo ese tribunal ya se expresó sobre el caso y rechazó la posibilidad de que Assange pudiera recurrir. A pesar de que los abogados del australiano enfatizaron que había un alto riesgo de suicidio en una cárcel estadounidense, los magistrados entendieron que no era argumento suficiente y por eso el juez dictaminó este miércoles que la decisión quedaba en manos de la ministra.
Si no hubiera ningún recurso, la extradición se debe concretar en los 28 días siguientes de haber sido autorizada por la ministra, aunque la defensa de Assange podría usar como último recurso concurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.