Cuando faltan diez días para el plebiscito para votar una nueva constitución en Chile y a cinco meses de asumir, este jueves llegó la primera baja en el gabinete del presidente chileno Gabriel Boric. La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, presentó su renuncia luego de que la Policía de Investigaciones revelara que una asesora de su gabinete llamó por teléfono –a pedido de la ministra– al líder mapuche Héctor Llaitul, el mismo día que este convocó en una entrevista a una resistencia armada contra el gobierno.

El informe reservado al que tuvo acceso el medio chileno Ex-Ante, reveló que el 11 de mayo Tania Santis, asesora de la ministra Vega, se contactó con Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las principales organizaciones violentas que operan en La Araucanía, el centro del conflicto por las tierras ancestrales de los mapuches. Santis le comunicó al líder de la CAM que la ministra buscaba “poder tener una conversación en este momento” con él por teléfono, según la transcripción del medio.

“He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra y por eso, reitero, he aceptado su renuncia”, dijo Boric.

Jeanette Vega, durante un acto en Santiago de Chile (archivo, noviembre de 2014).

Jeanette Vega, durante un acto en Santiago de Chile (archivo, noviembre de 2014).

Foto: Mario Ruiz, Efe

El presidente chileno remarcó que es importante “dar señales claras de diálogo y no de violencia”; en ese sentido, “quienes no entiendan esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de derecho, que desde el gobierno vamos a defender”.

La divulgación de la conversación del ministerio con el líder mapuche se dio en el marco de la investigación que terminó con el arresto de Llaitul, este miércoles, por tres delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado. Dos de esos delitos los había denunciado en 2020 el gobierno de Sebastián Piñera, tras constatar que Llaitul estuvo involucrado con actos de hurto de madera y usurpación, y luego la denuncia se amplió este año por atentado contra la autoridad, al haber llamado a una “resistencia armada”.

Para la oposición, la renuncia de la ministra “era indispensable, pero es insuficiente”

Tras la renuncia, la oposición chilena siguió presionando a Boric por este tema. El presidente del Partido Republicano y senador, Rojo Edwards, dijo que el presidente chileno debe garantizar “que nadie más de su círculo de confianza tiene o ha tenido contactos con la CAM”. Además, planteó que “las responsabilidades del caso no se extinguen con esta renuncia, porque existió por varios meses una defensa política encubierta del gobierno para con el señor Llaitul”.

Por otra parte, el excandidato a la presidencia por ese partido José Antonio Kast apuntó que “ya son evidentes” los vínculos del gobierno con el narcoterrorismo y que la renuncia de la ministra “era indispensable, pero es insuficiente”.

Kast escribió en su cuenta de Twitter: “Los chilenos tenemos derecho a saber toda la verdad. ¿Cuántos contactos? ¿Quiénes sabían? ¿Quién más está involucrado?”.

Por su parte, la senadora de Renovación Nacional (RN) María José Gatica Bertin dijo que está de acuerdo con la renuncia de Vega, pero consideró que “sería bueno que el gobierno de una vez por todas aclare cuáles son sus vínculos con estas organizaciones y quién más se ha contactado con grupos terroristas”.

Además, el jefe de la bancada de Diputados de RN, Andrés Longton, sostuvo en Twitter que la renuncia de Vega “no despeja las dudas sobre la vinculación del gobierno con grupos terroristas”. “Han sido muchas las señales y el telefonazo lo ratifica. Investigaremos y analizaremos acciones a seguir contra la ahora exministra”.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) dijo que en su sector irán “hasta las últimas consecuencias” con respecto a este episodio y resaltó que no debería haber diálogo entre las organizaciones terroristas y las autoridades: “Cuando se trata de terrorismo y de gobierno debe haber una muralla extensa, alta e impenetrable”.

Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, agregó que “si hay contacto del gobierno de Gabriel Boric con un delincuente peligroso, terrorista, con una persona que ha amenazado al Estado de Chile, estamos en presencia de una situación que merece seguir siendo investigada”.