La crisis entre Colombia y Guatemala llegará “hasta donde quieran llevar la situación”, advirtió el presidente colombiano, Gustavo Petro. Hasta ahora, condujo a llamados a consultas de ambos embajadores e intercambios verbales entre los presidentes de los dos países.

Las tensiones comenzaron el martes, cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, Rafael Curruchiche –que ha sido sancionado por Estados Unidos por supuesta obstrucción en casos de corrupción–, anunció que emprendería acciones penales contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez. Lo acusa de formar parte de una trama de corrupción vinculada con la constructora Odebrecht cuando integraba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). En particular, afirma que Velásquez avaló en forma irregular acuerdos con tres directivos de Odebrecht como testigos protegidos, señaló la agencia Télam. Sin embargo, durante la actuación de la Cicig en Guatemala, de 2013 a 2017, se desmantelaron decenas de estructuras ilegales que operaban dentro de las instituciones del Estado.

El presidente colombiano advirtió a Guatemala que la relación entre los dos países va a resultar afectada si la Fiscalía insiste en actuar contra su ministro de Defensa, a quien respaldó, y agregó que la denuncia es en realidad una “persecución penal”.

En respuesta, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo en una entrevista con la agencia Efe: “Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir”.

Además afirmó que “sería bueno que alguien ilustre al señor Petro sobre la diferencia” entre una investigación y una “persecución penal”, y agregó: “Yo llamaría a la cordura, esto es un problema que puede ser visto desde las cancillerías y cualquier explicación que requieran con mucho gusto se puede dar”.

Ante estas declaraciones, Petro respondió en Twitter: “Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado sólo conducen a la sociedad al genocidio”. El presidente colombiano agregó: “Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta”.

“Esas venganzas de politiqueros y de corruptos no las vamos a aceptar más cuando intentan vulnerar la soberanía nacional”, manifestó Petro. “Ellos toman sus decisiones y nosotros tomamos las nuestras, pero deben tener un mensaje claro: la soberanía nacional se respeta, y nuestro deseo de que la transparencia pública ocurra no sólo en el Estado colombiano, sino en todos los estados del mundo es genuino, es respetable”, dijo. “No tienen por qué venir a ponernos presos a las gentes que luchan contra la corrupción en el mundo”, agregó.

Los cuestionamientos a la acción del fiscal guatemalteco no sólo llegaron desde Colombia. También respondió Estados Unidos, que sancionó en 2022 a Curruchiche con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio. El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, manifestó que la actuación de la Fiscalía debilita “el estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, y agregó: “Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”.

También el diputado opositor guatemalteco Samuel Pérez cuestionó el accionar de la Fiscalía y dijo a la agencia Efe que “es una revancha con rencor, porque las personas que ahora gobiernan fueron investigadas por corrupción”.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó a Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig todavía gozan de inmunidad tal como se estableció en el acuerdo por el que se creó esa comisión. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, manifestó que el secretario general de la organización, António Guterres, está preocupado por informaciones que apuntan a que se está llevando a cabo un “enjuiciamiento penal contra aquellos que trataron de arrojar luz en casos de corrupción y trabajaron para reforzar el sistema de justicia en Guatemala”.