En una sesión celebrada este martes en la sede del Parlamento en Ereván, la capital armenia, la mayoría de los legisladores votaron a favor de que el país se adhiera a la Corte Penal Internacional (CPI), entidad de Justicia que tiene su sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.

Un vocero del Parlamento informó que 60 representantes votaron a favor de la iniciativa y 22 estuvieron en contra. Si bien las autoridades del gobierno armenio que encabeza el primer ministro Nikol Pashinyan argumentaron que la medida tiene que ver con la agresión de Azerbaiyán contra su país, la decisión es un claro gesto contra Rusia.

En marzo de este año la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, a quien se acusa de crímenes de guerra por el traslado forzoso de niños ucranianos hacia territorio ruso. Si bien Moscú tiene estrechas relaciones con Ereván, estas se han deteriorado mucho en los últimos tiempos, sobre todo luego de que las fuerzas rusas en la zona no hicieran nada para evitar los ataques de Azerbaiyán sobre el territorio de Nagorno-Karabaj.

En este contexto, el gobierno de Pashinyan impulsó esta medida, que entrará efectivamente en vigor dentro de 60 días, lo cual obviamente generó un profundo rechazo desde el Kremlin.

El portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov, manifestó que la decisión es “incorrecta”. “Armenia es nuestro aliado, un país amigo, nuestro socio... Pero al mismo tiempo, tendremos preguntas adicionales para los actuales dirigentes de Armenia. Creemos que es una decisión equivocada”, expresó el vocero.

Paralelamente, el éxodo de los armenios de Nagorno-Karabaj hacia Armenia prácticamente llegó a su fin, porque de acuerdo a fuentes del gobierno de Ereván y de la Organización de las Naciones Unidas, ya casi no quedan armenios en la zona.

De los aproximadamente 120.000 que vivían allí antes de la ofensiva de Azerbaiyán, más de 100.000 ya se fueron y sólo permanecen en la zona una pequeña cantidad de civiles, además de algunos funcionarios del gobierno.

Los enviados de la ONU, los primeros que visitaron el lugar de manera oficial en casi 30 años, informaron que Stepanakert, la capital de la República de Artsaj, que es como denominan a Nagorno-Karabaj los armenios, está prácticamente desierta y que su infraestructura en general no está dañada.

El éxodo obligado de los armenios, que no se mostraron dispuestos a correr el riesgo de vivir bajo el gobierno de Azerbaiyán, está generando una situación humanitaria compleja.

Estas personas, obligadas por la situación, dejaron todo atrás, incluyendo, claro está, la mayor parte de sus bienes, empezando por sus casas, y la reubicación en territorio armenio no está siendo sencilla, más allá de la fuerte red de solidaridad que vienen impulsando los armenios de la diáspora, en un intento por tapar las medidas insuficientes adoptadas por el gobierno central de Ereván.

Además, otra situación que está sucediendo en el medio de este éxodo es que alrededor de 300 altos cargos políticos y militares de la República de Artsaj, que dejará de existir oficialmente el último día de este año, no pudieron salir del territorio y fueron arrestados de manera arbitraria por las autoridades azeríes, acusados de diversos cargos, entre los que se cuentan los de “terrorismo”, “creación de grupos armados” y “posesión ilegal de armas de fuego”.