Este martes, el edificio donde antes funcionaba el Congreso Nacional, en Santiago, fue el escenario del acto formal en el que los integrantes del Consejo Constitucional le entregaron al presidente chileno, Gabriel Boric, el proyecto de Constitución que podría reemplazar a la actual, que data de 1980, si así lo decide la ciudadanía en el plebiscito que se celebrará el 17 de diciembre.

Las discusiones sobre la necesidad de una nueva Constitución en el país vienen desde hace décadas, pero se intensificaron tras el estallido social de noviembre de 2019.

En octubre de 2020 la ciudadanía votó favorablemente la instauración de una Convención Constitucional. Pero el texto elaborado por este organismo fue rechazado de manera contundente en el plebiscito de setiembre del año pasado.

Posteriormente, el pasado mayo, los chilenos fueron convocados nuevamente a las urnas para elegir a los integrantes de una nueva entidad, el Consejo Constitucional, que fue el que elaboró esta nueva propuesta.

Este martes, la primera en hablar en el acto fue la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, integrante del Partido Republicano, sector de extrema derecha que conduce José Antonio Kast.

En su intervención, consignada por la revista The Clinic, Hevia citó una nota de un diario chileno que anunciaba la instalación y el trabajo de la Gran Convención que inició la discusión de la Constitución de 1833.

En este contexto, Hevia citó el artículo y señaló que “ya llegó el día suspirado en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la sinceridad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos”.

Posteriormente, la propia presidenta del Consejo Constitucional continuó su discurso comentando la frase citada: “Más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender, como lo expone ese antiguo texto, que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional”.

Obviamente, la frase “verdaderos chilenos” generó una ola de comentarios y rechazos de parte de representantes de la izquierda, que tuvo una muy baja participación en el Consejo Constitucional, dominada por legisladores del Partido Republicano y de la coalición derechista Chile Seguro.

“¿Quiénes serían los verdaderos y los falsos chilenos?”, se preguntaron varios legisladores, de acuerdo con lo que consignó el diario La Tercera. Otros consideraron que no fue coherente que Hevia hablara de acuerdos y unidad cuando es un “hecho indesmentible que el texto no tiene esas características”.

Al igual que lo había hecho Hevia, cuando le tocó hablar el presidente Boric comenzó recordando a los 14 migrantes venezolanos, ocho de ellos niños, que murieron el lunes luego de que la casa improvisada que ocupaban en la comuna de Coronel, en la región del Biobío, se prendiera fuego.

“Sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos y en nuestras acciones cómo tratamos a esa gente que falleció ayer y cómo las propuestas de norma también se hacen cargo de estas realidades”, empezó diciendo el mandatario, en una clara alusión a la norma plasmada por los derechistas en el proyecto de nueva Constitución, que establece que los migrantes irregulares deben ser expulsados del país “en el menor tiempo posible”.

Posteriormente, el mandatario izquierdista de 37 años expresó: “Tengo el deber de generar las condiciones para que cada uno de los ciudadanos de este país pueda tomar una decisión libre y debidamente informada. Los chilenos deberán decidir si esta es una propuesta que nos une”.

Luego, al referirse al plebiscito del 17 de diciembre, aunque sin manifestar su postura, si bien no es novedad que, como toda la izquierda y otros sectores que consideran la nueva Constitución aún peor que la actual, votará en contra, Boric dijo: “Confío plenamente en la sabiduría del pueblo chileno”.

Al mismo tiempo, el presidente dejó claro que en el caso de que gane la propuesta favorable a aprobar la nueva Constitución, “no les quepa duda de que como gobierno cumpliremos con su correcta implementación e instalación y nos haremos cargo, como corresponde, en conjunto con los demás órganos del Estado, del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirá”.