La ministra de Salud de Colombia, Carolina Corcho, presentó esta semana ante una comisión legislativa la reforma sanitaria del gobierno de Gustavo Petro, que tiene entre sus objetivos extender el acceso a la atención y universalizarla.
Una de las metas de esta iniciativa es que los servicios de atención primaria y de urgencia pasen a estar a una hora de distancia de las distintas regiones, inclusive de los distritos rurales, y que en esos centros se cuente con al menos una sala de parto para reducir la tasa de mortalidad materna que hay en el país.
“No puede seguir ocurriendo que en este país no podamos garantizar el derecho a nacer de algunos niños”, dijo la ministra, según citó Infobae.
La reforma apunta a consolidar la atención primaria en salud, y que los centros dedicados a esta sean la entrada al sistema, en lugar de los servicios de urgencia.
“La discusión y análisis de la reforma se centró en la garantía necesaria de la salud como un derecho fundamental, el incremento del acceso, los modelos de transición hacia un nuevo sistema y la adopción de medidas para la mejora de indicadores de vida, a través de la atención primaria”, manifestó la presidencia colombiana en un comunicado.
Un punto clave de esta iniciativa es que los aportes que hacen las personas para acceder al sistema de salud sean administrados por el sector público y no por el privado. Actualmente en Colombia existen las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que son privadas y se encargan de afiliar y atender a las personas que aportan a la seguridad social.
Según informó CNN, el gobierno de Petro advirtió que varias de esas entidades son insolventes y están en proceso de liquidación, lo cual dejaría a las personas sin acceso a la atención que brindaban. “La realidad es que si se liquida alguna de esas EPS, hay que hacer un traslado masivo a las EPS que sí cumplen los indicadores y [al recargar algunas de esas entidades] se desploma el sistema [...]. Es decir, es un castillo de naipes que no es nuevo”, dijo Corcho.
Algunos críticos de la reforma –que se manifestaron en los últimos días en las calles, no sólo contra la de la salud, sino contra algunas otras que pretende implementar el gobierno– afirman que esta apunta a terminar con las EPS y que se pone en peligro la continuidad de la atención en salud. Sin embargo, el gobierno asegura que seguirán existiendo las EPS, pero que cambiará la manera de administrar los recursos, tanto los aportes a la seguridad social como los impuestos destinados al área.
Actualmente, las EPS presentan el servicio de salud y lo cobran a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pero son las EPS las que contratan a los profesionales de la salud, entre otras decisiones. Esto es lo que se busca cambiar mediante la reforma, señaló CNN.
“Tenemos un sistema en donde el Estado perdió el control de millonarios recursos públicos. Después de que esos recursos entran al fondo Adres, que es el gran recaudador, salen a un administrador particular y de ahí para adelante no sabemos”, dijo la ministra de Salud.
Petro defendió el enfoque de su política para el área: “Vamos a fortalecer el sistema de salud a partir de crear un sistema preventivo de la salud. Que la gente intente, con el sistema preventivo, evitar la enfermedad hasta donde sea posible”, dijo el presidente colombiano a comienzos de febrero. “Que podamos llegar con médicos a esa casa del campesino donde está la mujer embarazada... ¿Por qué no podemos desplegar un servicio donde es el hospital el que va a la casa de las personas y no las personas llegar moribundas a buscar una cita en el hospital?”, agregó.