El presidente colombiano, Gustavo Petro, responsabilizó al Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, de un ataque contra el sistema de agua potable en el municipio colombiano de Tarazá, en el departamento de Antioquia, y lo consideró un quiebre del alto el fuego bilateral anunciado meses atrás por su gobierno. “Han dejado sin agua potable a Tarazá al romper los tubos. [...]. Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese el fuego”, dijo Petro en Twitter.

En la noche del domingo, un grupo de personas encapuchadas quemó un peaje y dañó un acueducto en esa localidad del país, afectando así el suministro de agua para unas 48.000 personas.

Para el presidente colombiano, “el Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la Justicia que se estaba preparando jurídicamente”. En el programa de radio Colombia hoy, de la Presidencia, Petro agregó que el grupo armado “parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en esos negocios, y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación”. Según la agencia Efe, Petro afirmó que “hasta que eso no se vuelva voluntad política en el corazón de las personas que están en la ilicitud, entonces la paz tendrá esas dificultades”.

De acuerdo con Europa Press, Petro ya había cuestionado el compromiso del Clan del Golfo con la paz el fin de semana. Se refirió al paro minero que se mantiene en la región del Bajo Cauca, que lleva ya 12 días consecutivos y que ha causado el bloqueo de varias de las principales carreteras y desabastecimiento en la zona. “Si el Clan del Golfo está detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como dijo”, manifestó Petro.

Además del paro minero que se mantiene desde el 2 de marzo, hubo episodios violentos como la quema de dos ambulancias, la vandalización de negocios y el intento de ocupar una comisaría, informó el periódico colombiano El Espectador. Para el presidente, hechos como la quema de las ambulancias son violaciones al derecho internacional humanitario. Consideró que esa acción, así como el destrozo de la infraestructura de agua potable, “más que un ataque al gobierno es un ataque contra la población” de la región.

Petro agregó que “ninguna organización puede acercarse a una negociación con la Justicia si en su cabeza busca defender a ultranza las economías ilegales, como la minería ilegal o el narcotráfico”.

También la senadora Isabel Zuleta, del gobernante Pacto Histórico, denunció: “Amenazaron con quemar la alcaldía de Cáceres y la Casa de Justicia. Para quienes con facilidad promueven la violencia debo insistir: siempre afectará en mayor proporción al más débil, la población civil”.

Petro había anunciado en diciembre un cese del fuego con el Ejército de Liberación Nacional, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el grupo paramilitar Sierra Nevada. De acuerdo con Efe, el Clan del Golfo manifestó la semana pasada que sería representado por abogados para impulsar “acercamientos” al gobierno y encaminarse a una posible negociación. Para el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el Clan del Golfo instrumentaliza las protestas de los mineros para presionar en esas negociaciones y buscar “mejores prerrogativas en el marco de la paz total”.

Por otra parte, el gobierno de Colombia anunció este lunes que instalará una mesa de negociación con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. “Comienza un segundo proceso de paz”, anunció Petro en Twitter. El Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco, nunca firmó el acuerdo de paz. Todavía está pendiente negociar con facciones de las FARC que sí participaron en ese acuerdo, pero luego retomaron las armas.