Con cinco votos a favor y dos en contra, el Tribunal Superior Electoral de Brasil declaró este viernes al expresidente Jair Bolsonaro culpable de abuso de poder, y falló a favor de despojarlo de sus derechos políticos por ocho años. De este modo, dispone que Bolsonaro no será elegible en las próximas elecciones, las de 2026.

Los jueces analizaron una demanda del Partido Democrático Laborista para inhabilitar a Bolsonaro por abuso de poder y uso fraudulento de medios públicos. El demandante consideró que el expresidente incurrió en esas prácticas cuando el 18 de julio de 2022 organizó una reunión en el Palacio de Planalto con decenas de diplomáticos y embajadores extranjeros. A esos funcionarios les habló, sin pruebas, de supuestas deficiencias del sistema electoral de Brasil, en particular en las urnas electrónicas, que el país utiliza desde 1996. Ese encuentro en la sede del Ejecutivo fue difundido por la televisión pública y las redes sociales oficiales.

Los cinco integrantes del tribunal que votaron a favor de suspender los derechos de Bolsonaro lo acusan de utilizar el cargo para afectar el ambiente electoral con “informaciones falsas” y “mentiras”. La magistrada Carmen Lúcia Antunes, consideró que el discurso del entonces presidente tuvo contenido electoral por tener como objetivo su autopromoción y la descalificación de su adversario en la contienda presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, citó la revista Carta Capital. La jueza argumentó también que Bolsonaro ignoró la función de la cancillería, institución a la que le corresponde organizar las actividades con representantes de otros países.

Antunes señaló que en el encuentro, el entonces presidente hizo un “monólogo” sin responder preguntas, por lo cual no hubo diálogo sino una “exposición”, que además reiteraba alegaciones que ya habían sido refutadas por el Tribunal Superior Electoral. Agregó que si bien Bolsonaro tenía la potestad de hacer críticas, “lo que no puede hacer un servidor público, en el espacio público, con el equipamiento público, con difusión por los medios públicos y por las redes sociales oficiales, es hacer acusaciones contra ministros del Supremo, como si no afectara a la propia institución”.

A su vez, otro ministro del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, dijo que “basta leer la transcripción de la reunión para ver que no se llevó a cabo ninguna de las funciones relacionadas con la conducción de la política exterior”. Agregó: “El desvío de finalidad fue patente”. Según citó Agência Brasil, para De Moraes, Bolsonaro utilizó el poder público que tenía entonces para atacar al Poder Judicial y sus miembros y divulgar noticias falsas y desinformación con el objetivo de desacreditar el sistema de votación.

Benedito Gonçalves, otro de los magistrados, concluyó que Bolsonaro “adoptó una estrategia político-electoral asentada en una grave desinformación respecto de las urnas electrónicas y de la actuación de este tribunal”, y que utilizó su “posición de jefe de Estado para degradar el ambiente electoral”, informó el portal Metrópoles.

Antes de que se conociera el fallo, Bolsonaro afirmó que en caso de que fuera inhabilitado recurriría ante el Supremo Tribunal Federal para intentar revertir la decisión. “Conversaré con mis abogados y habrá un recurso ante el Supremo Tribunal Federal”, dijo. Si la decisión del Tribunal Superior Electoral se mantiene firme, Bolsonaro no podrá postularse a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública por un plazo de ocho años, que comienza a contarse a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron las elecciones.