Dina Boluarte, la presidenta peruana, se presentó en la mañana de este martes en la sede de la Fiscalía, en Lima, pero luego de permanecer cerca de tres horas en el edificio, se supo que la mandataria se negó a responder preguntas.

La jefa de Estado, al igual que tres ministros y dos exministros, fue acusada por la Fiscalía en enero de los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por las 49 personas que fueron asesinadas por las fuerzas represivas durante las protestas que siguieron a la asunción de Boluarte, quien llegó al cargo tras la destitución de Pedro Castillo, actualmente encarcelado.

La mayor parte de las muertes de manifestantes a manos de las fuerzas represivas se registraron en los departamentos andinos de Ayacucho y Puno, pero también hubo personas asesinadas en Apurímac, Junín, La Libertad, Cusco y Arequipa.

A fines del mes pasado, luego de recibir la citación a declarar, Boluarte había dicho que comparecería ante el Ministerio Público. En un oficio enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la presidenta sostuvo que su intención era contribuir a “esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”. “Confirmo mi participación en la fecha indicada”, agregó la mandataria, de acuerdo a lo que informaron medios locales. Además, Boluarte comunicó que había decidido no utilizar la prerrogativa de que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno y que acudiría “presencialmente a la Fiscalía de la Nación”.

El martes antes de las 9.00 y en medio de un fuerte operativo policial, la presidenta llegó a la Fiscalía, donde un grupo de personas se había reunido para manifestarse en su contra. Además, cuando la mandataria estaba arribando a la sede del Ministerio Público, se produjo un altercado cuando efectivos policiales intimidaron a algunos fotógrafos, impidiéndoles realizar su tarea.

Minutos más tarde, la presidenta optó por no responder las preguntas planteadas por la Fiscalía, ni tampoco las que le formuló el abogado de las víctimas, Carlos Rivera.

En su cuenta de Twitter, Rivera escribió que Boluarte, antes de llamarse a silencio, no reconoció ninguna responsabilidad en los hechos que se le imputan, ni tampoco manifestó haber dado ninguna directiva a las Fuerzas Armadas y la Policía que actuaron en los operativos, de acuerdo a lo que consignó el diario limeño La República.

El portal peruano Epicentro, en base a fuentes cercanas a la investigación, informó que cuando llegó el turno de las preguntas de los abogados de las víctimas y de la Procuraduría, la defensa de la jefa de Estado encabezada por el abogado Joseph Campos, optó por no responder, argumentando que buscaban la mayor “objetividad” en la investigación fiscal.

Campos pidió, adicionalmente, que se tenga en cuenta que la Corte Suprema aún no se expidió sobre la apelación presentada por el fiscal supremo adjunto Marco Huamán, quien en el mes de marzo se opuso a la decisión que tomó el juez supremo Juan Carlos Checkley de autorizar a los abogados de las víctimas de las masacres de Ayacucho y Puno a interrogar a la mandataria.