Más allá de las elecciones que se realizaron este domingo en Chaco y de las definiciones previas al cierre de listas con vistas a las elecciones primarias de agosto, buena parte de la atención mediática argentina está puesta por estas horas en la provincia de Jujuy, ubicada en el noroeste del país, fronteriza con Bolivia y Chile.

Si bien el clima en Jujuy ya había comenzado a calentarse por protestas de docentes que reclamaban desde hace al menos dos semanas por aumentos salariales, el detonante de las masivas protestas fue una reforma a la Constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales, líder a nivel nacional de la Unión Cívica Radical y precandidato presidencial del sector que actualmente forma parte de la coalición derechista Juntos por el Cambio.

En concreto, la reforma que fue aprobada en la madrugada del sábado por la Convención Constituyente con los votos favorables del radicalismo y de la mayor parte de los representantes del peronismo local –los convencionales de los sectores de izquierda habían renunciado a sus cargos– implica una limitación del derecho a la protesta, que entre otras cosas prohíbe el corte de calles y también de rutas.

La aprobación de la reforma generó protestas masivas en la capital provincial, San Salvador de Jujuy, impulsadas por organizaciones sindicales y sociales, pero sobre todo en comunidades ubicadas en la puna, habitadas casi en su totalidad por comunidades indígenas, como Purmamarca, Abra Pampa, Humahuaca, Palpalá, San Pedro y La Quiaca. Allí los manifestantes cortaron rutas, a lo que sobrevino una durísima represión policial, que provocó heridas de diversa entidad a numerosas personas. Además, decenas de personas fueron detenidas en los operativos que llevó adelante la Policía jujeña, mientras la situación por su gravedad trascendía ampliamente las fronteras de la provincia norteña.

Fue por esto que el domingo viajó hacia Jujuy el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, según informó la agencia Télam. Otro representante del gobierno central, como el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expresó su rechazo a los hechos de violencia en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, consignado por Ámbito Financiero. “Repudiamos la represión brutal del gobierno de Gerardo Morales a quienes se manifiestan pacíficamente. Miles de personas que reclaman en las calles y rutas son molidos a palos y detenidos por las fuerzas de seguridad de la provincia”, expresó el funcionario kirchnerista, quien agregó: “Ni Jujuy ni Argentina deben soportar este tipo de decisiones que cercenan derechos constitucionales básicos”.

Los dichos de Katopodis fueron replicados en duros términos por el gobernador Morales, quien también se expresó sobre el tema en Twitter. “¿Esto es una marcha pacífica? ¿A usted le parece que cortar rutas es un derecho? Mire los derechos que afecta, repase el artículo 194 del Código Penal, ministro. Terminemos con la farsa de generar violencia para tapar la cantidad de pobres que nos dejan, esa es la peor represión sobre el pueblo”, dijo Morales, acompañando el texto con videos de los cortes de rutas en el interior jujeño.

Morales, quien es el gobernador de la provincia desde 2015, también responsabilizó al gobierno de incentivar las protestas y recordó las acciones llevadas adelante en Jujuy por la dirigente social e indígena Milagro Sala, líder de la Organización Barrial Tupác Amaru, quien actualmente se encuentra encarcelada, condenada por corrupción. “Bancada por el gobierno nacional, como ustedes están bancando más de 50.000 planes en Jujuy, incentivando la violencia desde el propio Gobierno Nacional. Ayer había abogados de derechos humanos de Nación incentivando cortes de rutas en Jujuy”, expresó Morales respecto a Sala primero y a la responsabilidad del Ejecutivo que preside Alberto Fernández después.

Otra visión del tema se dio desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reconocida entidad promotora de los derechos humanos. En una entrevista con la TV Pública argentina, el sociólogo Manuel Tufró, quien es el director del área de Justicia del CELS, expresó: “En Jujuy el gobierno quiere concentrar poder para controlar que no haya conflictos y avanzar con proyectos extractivistas, pero no a través de consensos sino de una legislación represiva”.