El miércoles, miles de colombianos se manifestaron para mostrar su apoyo a las reformas sociales propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La alcaldía de Bogotá afirmó que aproximadamente 32.000 personas se reunieron en la capital, incluyendo sindicalistas, trabajadores y estudiantes, para participar en la manifestación que Petro denominó “La marcha por la vida”. Además, en la movilización, de acuerdo a lo que informó la agencia Efe, se hicieron presentes 14.000 manifestantes pertenecientes a comunidades indígenas.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, prometió que estas comunidades, que debieron realizar largos desplazamientos para llegar hasta Bogotá, recibirían algún apoyo con respecto al transporte y otras expensas “con una previsión de la Corte Constitucional”, que ordena que el Ejecutivo ayude con la organización de los eventos en los que participan.

Petro, por su parte, fomentó a los colombianos de participar en las manifestaciones en un video que publicó el martes. Declaró: “Este 27 de septiembre nos unimos en un carnaval del color. Somos alegría y esperanza, somos la fuerza que transforma a Colombia. Movilizarnos y defender el mandato popular es fundamental para construir el país que soñamos.”

Las reformas tratan de asuntos de salud, reformas laborales, pensiones, educación y agricultura. Los manifestantes esperan que las marchas aceleren el trámite de las reformas, que han sufrido retrasos en el Senado y en la Cámara de Representantes debido a la postura de la oposición.

En una entrevista con El País de Madrid, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reconoció que la manifestación en sí misma no es suficiente para apresurar las reformas, pero destacó también la importancia de una voz colectiva “que el Congreso debe tener en cuenta”. Según ella, las marchas les mandan un mensaje a los parlamentarios que no pueden ignorar. Si bien la marcha más grande fue la de Bogotá, medios colombianos informaron que también hubo manifestaciones en Barranquilla, Medellín y Cali.

Las fuerzas de oposición cuestionaron al gobierno por organizar las marchas solo un mes antes de las elecciones regionales del 29 de octubre y acusaron a Petro de intentar influenciar a la población por temor de sufrir derrotas en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

María Guarnizo, presidente del sindicato nacional de trabajadores del sector financiero y administradores de pensiones, rechazó las acusaciones: “Hoy no marchamos para hacerle campaña a Gustavo Bolívar [candidato a alcalde de Bogotá], marchamos en apoyo al gobierno de Petro y, en especial, en apoyo a la reforma pensional”. Por su parte, Guillermo Cabrales, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, le explicó a EFE que no marchaban por Petro, sino para respaldar las reformas que serán beneficiosas para los indígenas.

La Procuraduría General de la Nación está investigando si funcionarios del Ministerio del Interior les ofrecieron internet y otros beneficios a manifestantes por participar en las marchas. Según el diario El País, se estableció la investigación después de que se publicaran audios en los que supuestos líderes de municipios de Cundinamarca, región cuya capital es Bogotá, garantizaban conectividad en las veredas, alimentos y otras recompensas, a cambio de asistir las manifestaciones.

El ministro Velasco fue enfático al afirmar que su cartera no está asociada con los audios: “De verdad que me molesta que alguien esté utilizando ese mecanismo, porque ahora van a tratar de desvirtuar una movilización grande de los ciudadanos”.