Después de las elecciones de 2022, en las que Luiz Inácio Lula da Silva fue electo presidente de Brasil, un grupo integrado por varios militares planeó matar al líder del Partido de los Trabajadores, a su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y al juez del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral Alexandre de Moraes.
El plan se desarrolló y presentó en la casa de Walter Braga Netto, que fue ministro de Defensa del expresidente Jair Bolsonaro y también su compañero de fórmula en 2022. El 12 de noviembre de ese año, pocos días después de la segunda vuelta del 30 de octubre, la trama golpista fue discutida en la casa de Braga Netto.
La investigación de la Policía concluyó que los involucrados contaban con información de inteligencia sobre las rutinas de los dirigentes a los que querían asesinar.
Al elaborar este plan, en un documento que llamaron “Puñal verde y amarillo”, evaluaron diversos mecanismos para matarlos, desde envenenamiento hasta el uso de explosivos.
“Fueron consideradas diversas condiciones de ejecución del ministro Alexandre de Moraes, incluso con uso de artefacto explosivo y por envenenamiento en un evento oficial público. Hay una mención de los riesgos de la acción, se dice que los daños colaterales serían muy altos, que la posibilidad de 'captura' sería alta y que la posibilidad de 'baja' [de que muriera el atacante] sería alta”, dice la investigación de la Policía Federal, citada por el portal Metrópoles. Los golpistas también consideraron la posibilidad de envenenamiento para asesinar a Lula y Alckmin.
La llamada “Operación Contragolpe” lanzada por la Policía Federal este martes, y autorizada por el Supremo Tribunal Federal, llevó a la detención de cuatro militares y un policía que fueron puestos en prisión preventiva.
Uno de esos militares es el general de reserva Mário Fernandes, exsecretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Bolsonaro y actual asesor del diputado Eduardo Pazuello, que fue ministro de Salud de Bolsonaro. Los demás son el teniente coronel Helio Ferreira Lima, los mayores Rodrigo Bezerra Azevedo y Rafael Martins de Oliveira y el policía federal Wladimir Matos Soares.
Excepto Fernandes, los otros tres militares integraban un grupo de élite del ejército llamado “kids pretos”, que se especializaba en operaciones de guerrilla y guerra irregular.
De acuerdo con la revista Carta Capital, el documento elaborado en la casa de Braga Netto fue llevado después al Palacio de Alvorada, la residencia presidencial que por entonces ocupaba Bolsonaro. En el texto se establecía que el objetivo principal era, según describió la Policía Federal, “impedir la asunción del gobierno legítimamente electo en las elecciones de 2022 y restringir el libre ejercicio del poder judicial”. Los planes contemplaban su ejecución para el 15 de diciembre de ese año.
Los investigadores concluyeron también que parte de la trama fue la creación de un “Gabinete Institucional de Gestión de Crisis”, que se presume que sería liderado por el general Augusto Heleno, extitular del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia durante el gobierno de Bolsonaro.
Esa organización, según la revista brasileña, se encargaría de “gestionar conflictos institucionales” generados por las acciones golpistas.
La Operación Contragolpe incluye también tres pedidos de captura y 15 medidas cautelares, y contempla objetivos en los estados de Río de Janeiro, Goiás, Amazonas y el Distrito Federal.
Los cinco involucrados que ya fueron detenidos son investigados por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización para delinquir.
Esta investigación involucra también al exasesor de Bolsonaro Mauro Cid, que había sido acusado de falsificar documentos, en este caso un carné de vacunación contra la covid-19, y que se había acogido a los beneficios de la delación premiada: colaboraba con la Justicia a cambio de mejorar su situación procesal, informó CNN Brasil.
En el marco de esta investigación sobre planes de magnicidio y golpe de Estado, Cid fue citado y podría perder sus beneficios por no haber informado al respecto. Los investigadores concluyen que Cid estaba al tanto de esta trama, y que conversó al respecto con otro asesor del expresidente, Marcelo Câmara.
De acuerdo con Carta Capital, no está claro si Bolsonaro llegó a tomar contacto con el documento que se llevó al Palacio de Alvorada, pero los investigadores creen que conocía los planes y trabajó directamente en la elaboración de un decreto que apuntaba a mantenerlo en el poder a pesar de haber perdido las elecciones.