Empresas mineras de Noruega y Francia son responsables de la mitad de los desastres ambientales en municipio de la Amazonia

Los árboles del borde de la carretera están cubiertos de un polvo rojo. Son residuos de bauxita, un mineral utilizado en la producción de aluminio. Es la primera señal de que Barcarena está cerca. La carretera del municipio de Pará que conduce a la capital, Belém, a más de 100 kilómetros, pasa entre dos gigantescas balsas de residuos de la empresa minera noruega Norsk Hydro. A medida que avanzamos, las hojas polvorientas empiezan a dar paso a un vaivén de camiones cargados de granos, minerales y ganado. A orillas del río Pará, enormes barcos se agolpan en los puertos, y las chimeneas de las plantas industriales contaminan el paisaje.

Hace poco más de cuatro décadas, Barcarena era una pequeña ciudad de unos 20.000 habitantes que vivían de sus campos, de la selva y de los peces del río, aún limpio. Antaño fue una gran productora de piña en la región amazónica y sus playas de arena clara eran visita obligada para los viajeros que se dirigían a la capital. Hoy en día, la población se ha multiplicado por seis. Además de Hydro, la empresa matriz de Alunorte, el mayor productor mundial de alúmina fuera de China, la ciudad alberga la mayor planta del mundo de procesamiento de caolín, una arcilla, propiedad de la empresa minera francesa Imerys. En el polo industrial de la ciudad hay otras 92 empresas.

El agua, el aire y el suelo se han alterado brutalmente. Y la ciudad ha conseguido una nueva estadística: desde 2000 allí se produce, en promedio, una catástrofe ambiental al año. Desde derrames de sustancias como petróleo, carbón, soda cáustica, ácidos, caolín y aguas residuales hasta incendios en almacenes químicos, naufragios que acabaron con miles de bueyes ahogados e incluso la formación de una nube de hollín que cubrió un barrio de la ciudad.

Los habitantes conviven ahora con picazones, disfunciones gastrointestinales, daños en el desarrollo infantil, párkinson y cáncer. Aunque no hay estudios que prueben la correlación directa de las enfermedades con los desastres ambientales o con la presencia de las empresas en la ciudad, los datos señalan que los niveles de metales pesados en el cuerpo de parte de la población de Barcarena son muy superiores a los registrados en personas de otras ciudades.

A pesar de estos resultados, las pruebas suscitaron poca reacción por parte del poder público. Después de cada catástrofe, las multinacionales y las empresas nacionales son multadas por delitos ambientales, pero siguen funcionando. No se adoptan políticas sanitarias para responder a los problemas.

“No vivimos: sobrevivimos en este lugar”, dice Elias de Castro Rodrigues, de 39 años. “Picazón, problemas de garganta, de estómago, todo el mundo se queja de lo mismo. Algunos días el viento es fuerte y se siente el peso del aire. Viene un olor a soda cáustica, como si estuviéramos abriendo un saco de cemento”, dice. Hoy Elias trabaja en un frigorífico, tras haber sido desahuciado dos veces de las comunidades donde vivía junto a la playa: la primera a finales de los 80, cuando tuvo que abandonar la casa donde nació, y la segunda en 2003. Siempre a causa de la expansión industrial de la ciudad.

Según el Comité Nacional para la Defensa de los Territorios frente a la Minería, un grupo formado por movimientos sociales y académicos, se han producido 29 desastres ambientales en el municipio desde el año 2000. La Comisaría de Medio Ambiente de Pará afirma haber abierto 24 investigaciones sobre 22 accidentes ocurridos entre 2003 y 2018, algunos relacionados con la minería, otros con actividades portuarias. El informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Asamblea Legislativa del estado de Pará, que en 2018 investigó los daños ambientales en la región, enumera 25 accidentes entre 2000 y 2016. Y la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado informó que emitió 185 multas ambientales entre 2018 y 2023 a empresas de Barcarena.

De los casi 30 accidentes ambientales registrados en el municipio, al menos la mitad están relacionados con las dos multinacionales que operan en la región. Siete fueron causados por Alunorte (que estuvo controlada por la brasileña Vale hasta 2010, cuando vendió el control a la noruega Norsk Hydro) y nueve, por la francesa Imerys.

En 2018, un derrame en torno a una de las presas de residuos mineros de Hydro Alunorte contaminó los cursos de agua de la región con residuos de la refinación de bauxita. La noche del 17 de febrero empezaron a circular entre los habitantes de la ciudad fotos de ríos y arroyos teñidos de rojo, que se enviaron a las autoridades. Las imágenes eran aterradoras. Con las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, parte de la ciudad parecía sumergida en barro rojo.

Días después, un informe pericial del Instituto Evandro Chagas confirmó la presencia de residuos de bauxita en el derrame. También presentó imágenes de lo que sería una tubería clandestina que drenaba los efluentes de Hydro hacia una zona de manantiales del río Murucupi, que baña la ciudad antes de desembocar en el río Pará. El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables multó a la empresa con 20 millones de reales (unos cuatro millones de dólares) y la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado, con 33,4 millones de reales (6,7 millones de dólares). Una de sus balsas de residuos, donde supuestamente se desbordaron los residuos, fue embargada. El grupo Norsk Hydro, del que participa el gobierno noruego y que en 2022 registró un beneficio neto de 24.150 millones de coronas (2.300 millones de dólares), sigue negando su responsabilidad y afirma que sólo se produjo un desbordamiento del agua del río, causado por el exceso de lluvias.

Tres años más tarde, una noche de diciembre de 2021, una fuerte explosión seguida de un resplandor anunciaba un nuevo desastre ambiental. Un incendio en las instalaciones de la empresa minera francesa Imerys liberó una nube de humo que cubrió los alrededores. Las llamas aterrorizaron a los habitantes de las comunidades vecinas, que no sabían si huir o quedarse en casa e intentar despejar el humo. “No podíamos ni respirar, empezó a darnos dolor de cabeza. No sabíamos qué hacer ni adónde ir. Encendimos el ventilador para intentar sacar el humo de la casa. Era asfixiante”, contó una residente en una audiencia judicial celebrada el pasado 10 de octubre. Embarazada de dos meses la noche del incendio, afirma haber sufrido picores durante semanas y cuenta que su bebé nació prematuro, de siete meses. Tras el episodio, los habitantes informaron de picores y tos durante días, así como problemas cutáneos.

La audiencia judicial a la que Sumaúma tuvo acceso forma parte de una de las más de 30 demandas interpuestas por Juliana Oliveira, abogada de la Defensoría Pública del estado de Pará, en busca de una indemnización por daños físicos y a la salud mental de cada uno de los afectados. El Ministerio Público de Pará también está demandando a la empresa minera francesa en una acción civil. Según las investigaciones preliminares de los dos órganos, los daños se debieron a deficiencias en el almacenamiento y a la manipulación de un producto químico llamado ditionito de sodio o hidrosulfito de sodio, utilizado para eliminar las impurezas del caolín. “Este producto genera una intoxicación endógena; es decir, envenenamiento. El incendio se declaró hacia las siete de la tarde y la gente no sabía qué hacer. Pasaron una noche de terror”, cuenta la abogada.

Antes, los derrames de caolín en los ríos y arroyos de la ciudad eran frecuentes. Entre 2004 y 2016 hubo al menos seis, lo que llevó al Ministerio Público Federal y al Ministerio Público de Pará a presentar una demanda en 2014 pidiendo el cierre de una de las balsas de residuos de Imerys. En su momento, el Ministerio Público Federal declaró que la había presentado por la negativa de la empresa minera a “asumir la responsabilidad de los derrames” y que los informes periciales del organismo y del Instituto Evandro Chagas indicaban que los daños al medioambiente eran mayores que los admitidos por la empresa francesa.

Este proceso se convirtió en un Acuerdo de Ajuste de Conducta que, según el Ministerio Público de Pará, ya se ha cumplido. Por otro lado, el Ministerio Público Federal afirma que “se está cumpliendo”.

Uno de los puntos del acuerdo obligaba a Imerys a realizar un estudio para analizar la “calidad de las aguas de los arroyos Curuperé y Dendê y de las aguas subterráneas en las proximidades de las balsas de residuos, con el fin de identificar y cuantificar los posibles impactos resultantes de los derrames de caolín, así como señalar las posibles medidas correctoras que cabría adoptar, si fuera necesario”.

Imerys afirmó que había realizado el estudio “y se había llegado a la conclusión de que no había contaminación”. Sin embargo, el informe no dice que los ríos analizados no estén contaminados. De los 360 análisis llevados a cabo en distintos puntos de Barcarena, 94 mostraban niveles superiores al valor de referencia de distintos metales pesados, como manganeso, aluminio y hierro. En sus consideraciones finales, el informe afirma que “fue posible deducir que la aparición de compuestos por encima de las normas legales puede no estar relacionada con los derrames de residuos de caolín de Imerys que se produjeron en el pasado”. El informe señala dos razones para esta afirmación: una es que se han identificado condiciones similares en el río Guajará-Beija, en la vecina Abaetetuba, y la otra “porque hay estudios que apuntan que la identificación de estos compuestos puede estar asociada a las características geogénicas [físicas] de la zona”.

Simone Pereira, doctora en química y profesora de la Universidad Federal de Pará, analizó el estudio a petición de Sumaúma. Su conclusión es categórica. “Es posible que la presencia anómala de elementos como el plomo, el aluminio, el hierro y el manganeso esté en parte asociada a la aparición natural, pero tampoco puede decirse que su origen no esté vinculado a la actividad humana. No se puede afirmar nada sin un estudio más profundo de la composición de los residuos y efluentes de los procesos industriales del lugar”. Pereira señala que estudió los ríos de la región en 2007 y comprobó que la contaminación de las aguas de Barcarena tras los derrames acaba llegando a la cuenca del río Pará y sus alrededores, incluidos los cuerpos hídricos de Abaetetuba, debido al movimiento de las mareas. Además, afirma que “es habitual la presencia de hierro y aluminio en los ríos de la Amazonia en concentraciones que incumplen la legislación, pero no en los niveles encontrados en las zonas afectadas por los derrames de las industrias de Barcarena”. La investigadora también cuestiona por qué no analizaron el bario, un elemento tóxico que está directamente asociado al caolín y que normalmente se encuentra en concentraciones muy elevadas en el efluente de Imerys. Aunque el bario no es cancerígeno, es un contaminante importante para el medioambiente, según Pereira.

Sin pruebas, el mero hecho de inferir cualquier relación entre contaminación y enfermedad también puede poner en el punto de mira a quienes cuentan su historia. En 2019, por ejemplo, Hydro presentó una demanda contra el investigador Marcelo de Oliveira Lima, vinculado al Instituto Evandro Chagas, acusándolo de injurias, calumnias y difamación. Lima coordinó el equipo que evaluó los daños ambientales y los riesgos para la salud derivados del derrame de efluentes en la catástrofe de 2018. La empresa minera perdió en los tribunales: en su decisión el juez determinó que el funcionario sólo había cumplido con su deber “de informar a la población sobre los sucesos de Barcarena”.

Los datos que ha recopilado Sumaúma a partir de Datasus, el sistema de información epidemiológica del Ministerio de Salud, indican que entre 2000 y 2022, las últimas cifras disponibles, el número de muertes por cáncer en Barcarena creció un 636%, un porcentaje muy superior al aumento de la población, que fue del 100%. En el mismo período de 22 años, Brasil, por ejemplo, registró un aumento del 102% en el número de muertes por la enfermedad (la población creció un 20%); Pará, un 225% (con un aumento de la población del 31%) y la capital, Belém, un 52% (con un crecimiento de la población del 2%).

Ubirani Otero, del Área Técnica de Medio Ambiente, Trabajo y Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer, considera que hay que tener cuidado a la hora de hacer una asociación directa entre la contaminación y los casos de cáncer, ya que la enfermedad es multifactorial. También subraya la necesidad de que haya estudios y estadísticas más detallados, que tengan en cuenta el envejecimiento de la población y las cuestiones de género, por ejemplo. Pero también enfatiza que “la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer [de la Organización Mundial de la Salud (OMS)] ya ha clasificado los metales pesados, prácticamente todos, como cancerígenos o potencialmente cancerígenos” y envió a Sumaúma cuatro estudios científicos sobre el tema.

Uno de ellos, que publicaron en junio de 2021 investigadores de universidades de Feira de Santana, en el estado de Bahía, repasa la literatura académica y afirma que suele existir un vínculo entre la contaminación por metales pesados y los procesos cancerígenos. “Incluso en concentraciones bajas, la exposición exacerbada a metales pesados promueve la inflamación crónica, que desencadena el estrés oxidativo y, posteriormente, el proceso de carcinogénesis”, dice el texto. “Entre los principales metales implicados en el proceso de carcinogénesis están el cobre, el mercurio, el cobalto, el níquel, el cadmio, el cromo, el arsénico, la plata y el plomo”, relata el trabajo científico.

Algunos de estos metales pesados son precisamente los que se han encontrado en cantidades superiores a las recomendadas, tanto en el agua de Barcarena como en el pelo de los habitantes de la ciudad. Para la profesora Simone Pereira, de la Universidad Federal de Pará, que realizó las pruebas en 2014 y 2015, lo que se ve en el municipio es una “calamidad”. Los análisis del agua potable –la que bebe la gente— mostraron que más del 90% de las muestras tenían niveles de plomo superiores al máximo permitido por la legislación del Ministerio de Salud, que es de diez microgramos por litro. Otros elementos tóxicos también superaban los límites máximos, según el estudio de la calidad del agua para el consumo de los habitantes del municipio de Barcarena. “El plomo es cancerígeno, provoca una enfermedad llamada saturnismo, un envenenamiento que provoca daños en el sistema nervioso central y puede llevar a la muerte”, afirma la investigadora, que también coordina el Laboratorio de Química Analítica y Ambiental.

Las pruebas se realizaron en el cabello de 90 personas residentes en 11 comunidades de la región. Los niveles de contaminación en Barcarena son decenas de veces superiores a los de 11 ciudades de Brasil, Bolivia, Canadá, China, Italia, Filipinas, España y Taiwán, según un estudio publicado en noviembre de 2022. Las concentraciones de manganeso fueron un 3.039% superiores a la media; las de níquel, un 831%; las de plomo, un 766%; y las de zinc, un 160%. Según la publicación, todos estos metales proceden probablemente de las actividades del polo industrial de Barcarena.

Los metales se consideran tóxicos en diversos grados. El cromo está asociado a la presión alta, infecciones cutáneas, problemas respiratorios y hepatitis. El manganeso es neurotóxico y provoca déficits neuroconductuales y síntomas parecidos a los del párkinson. El níquel puede provocar cáncer de pulmón, laringe y nariz. El plomo está reconocido por la OMS como uno de los metales más tóxicos para la salud humana y, en pequeñas cantidades, puede causar efectos neurotóxicos en los niños, dañar la memoria e incluso provocar el coma. Por último, el zinc, un elemento necesario para el funcionamiento del cuerpo humano, cuando está presente en exceso puede provocar enfermedades cardíacas, anemia, problemas gastrointestinales, cólicos, náuseas, vómitos y daños en el páncreas.

La científica explica que las pruebas más precisas para medir los riesgos para la salud pública serían los análisis de sangre. En 2018, a petición de la municipalidad de Barcarena, el Laboratorio Central del estado de Pará llegó a realizar dichas pruebas. Sin embargo, según los vecinos a los que ha escuchado Sumaúma, los resultados no se entregaron o, cuando lo hicieron, estaban tachados e ilegibles.

La Secretaría de Salud del estado de Pará, responsable por el laboratorio, declaró a Sumaúma que los resultados se habían entregado a la municipalidad de Barcarena y a la Secretaría Municipal de Salud, que se encargan de enviarlos.

Sumaúma entró en contacto en tres ocasiones con la municipalidad, por correo electrónico y por teléfono, pero esta no respondió si había recibido los resultados y, en caso afirmativo, por qué no se habían entregado a los habitantes.

Hydro Alunorte afirmó a SUMAÚMA que «después de las fuertes lluvias de febrero de 2018, los organismos públicos realizaron más de 90 inspecciones y todas confirmaron que las balsas o depósitos de residuos sólidos de Alunorte no se desbordaron» y que «no hay indicios de daños ambientales o daños a las personas de las comunidades locales circundantes» causados por el incidente.

Imerys, por medio de un comunicado, señaló que «se han producido algunos incidentes en los últimos años» y que la empresa ha reforzado las estructuras de las balsas de residuos y los conductos. La empresa minera francesa también declaró que «es importante recordar que el caolín es un mineral inerte y no peligroso».

Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente en Sumaúma.