La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un pronunciamiento en respuesta a una consulta planteada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022 sobre las políticas y acciones que aplica Israel en territorios palestinos.
La CIJ concluyó que los asentamientos israelíes en tierras palestinas “violan el derecho internacional” y pidió la “evacuación de todos los colonos”. También consideró necesario el “desmantelamiento” del muro erigido por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, y la devolución de tierras ocupadas en 1967 a sus habitantes originales.
El tribunal señaló además que la “presencia continua” de Israel en los territorios palestinos, incluida la Franja de Gaza, es “ilegal” y debe terminar “lo más rápido posible”.
También concluyó que Israel debe “revocar todas las leyes y medidas que crean o mantengan la situación ilegal, incluidas aquellas que discriminan al pueblo palestino en los territorios palestinos ocupados, así como todas las medidas destinadas a modificar la composición demográfica de cualquier parte del territorio”, según citó Efe.
Este pronunciamiento de la CIJ no es vinculante. La Asamblea General le había solicitado que emitiera su parecer sobre los efectos de las políticas israelíes hacia el pueblo y el territorio palestino, y qué consecuencias legales tienen para la ONU y los estados que la integran. La CIJ elaboró su respuesta tomando en cuenta la legislación internacional y los sucesivos pronunciamientos de la propia ONU, además de consultas con numerosos países y organismos.
El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, leyó el viernes las distintas conclusiones del tribunal, adoptadas por una gran mayoría de los 15 jueces que intervinieron, después de señalar que la Corte tiene competencia para pronunciarse al respecto, algo que Israel cuestionaba.
Para la CIJ, Israel debe “proporcionar una reparación completa por los daños causados por sus actos internacionalmente ilícitos a todas las personas físicas o jurídicas afectadas” por estas políticas. Esto incluye no sólo revertirlas, con la retirada de los asentamientos, sino también la “restitución, compensación y/o satisfacción” de los afectados. Implica “devolver la tierra y otras propiedades inmuebles” y también “toda la propiedad cultural y los activos tomados de los palestinos y las instituciones palestinas, incluidos los archivos y documentos” incautados desde 1967.
En cuanto a los demás países que integran la ONU, la CIJ señaló que todos “tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados y de no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por la presencia continua del Estado de Israel” en Palestina.
Además, los distintos ámbitos de la ONU, entre ellos el Consejo de Seguridad, “deben considerar las modalidades precisas y las acciones adicionales necesarias para poner fin lo más rápido posible a la presencia ilegal del Estado de Israel en los territorios palestinos ocupados”.
Israel, “en virtud de su condición de potencia ocupante” debe cumplir con una serie de deberes sobre ese territorio ocupado, señaló el tribunal. Pero aclaró que “la ocupación es una situación temporal para responder a una necesidad militar, y no puede transferir el título de soberanía a la potencia ocupante”.
Olayan Olayan que nació en 1941 en el pueblo de Battir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, señala un puesto de avanzada de colonos israelíes que se está construyendo, el 8 de julio.
Foto: Zain Jaafar, AFP
Israel niega la colonización
En respuesta a este pronunciamiento de la CIJ, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en un comunicado que “el pueblo judío no es conquistador en su propia tierra”. Insistió en que “ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica, del mismo modo que no se puede cuestionar la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra tierra”.
En la misma línea, el presidente israelí, Isaac Herzog, y el canciller Israel Katz hablaron de una “conexión histórica” y de un “derecho histórico” del pueblo judío con ese territorio.
De acuerdo con Efe, uno de los ministros más extremistas del actual gobierno, el de Finanzas, Bezalel Smotrich, publicó en sus redes sociales: “La respuesta a La Haya: soberanía” y citó un texto bíblico para decir: “He aquí un pueblo que mora aparte y que no será reconocido entre las naciones”.
En cambio, organizaciones israelíes que trabajan por los derechos humanos, como B’Tselem y Peace Now, dieron la bienvenida al pronunciamiento de la CIJ y abogaron por poner “fin a la ocupación”.
También lo hizo el presidente palestino, Mahmud Abbas. “La opinión de la CIJ renueva la esperanza de nuestro pueblo de un futuro libre de colonialismo, en el camino hacia lograr su derecho absoluto e innegociable a la autodeterminación y la liberación”, dijo, y pidió “a la comunidad internacional que obligue a Israel, la potencia ocupante, a poner fin a la ocupación y su proyecto colonial de forma total e inmediata, sin restricciones ni condiciones”.
Abbas señaló que el fallo se conoce en un momento en que “el pueblo palestino de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este está expuesto a una agresión y genocidio generalizados”.
Según los números del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, desde octubre murieron allí 38.848 personas, 89.459 sufrieron heridas, y los cuerpos de otras miles quedaron sepultados bajo los escombros que dejaron los bombardeos.
El pronunciamiento de la CIJ, además, llega después de que el Parlamento israelí votara el jueves en contra del establecimiento de un Estado palestino. Esta resolución tuvo el apoyo de 68 legisladores y sólo nueve votos en contra. Otros legisladores se retiraron de sala.
Uno de los promotores de la iniciativa, Guideon Saar, que lidera el partido Nueva Esperanza, una escisión del Likud, dijo que con esta resolución se buscaba “expresar la oposición general entre el pueblo israelí a un Estado palestino, que pondría en peligro la seguridad y el futuro de Israel”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su “decepción” con esta resolución, que “nos lleva más lejos de la solución de los dos estados”, defendida por la ONU.
También el responsable de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, lamentó esta resolución que se opone “al establecimiento de un Estado palestino, incluso si es parte de un acuerdo negociado con Israel”. Borrell señaló que “hay un firme consenso en la comunidad internacional sobre que la única solución sostenible que generará paz y seguridad en Oriente Próximo es la solución de dos estados”.