Con varios actos oficiales, Brasil recordó este miércoles el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando una multitud bolsonarista asaltó las sedes de los tres poderes del Estado. Reclamaban el derrocamiento del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que días antes había iniciado un nuevo mandato.

“Hoy es un día para decir fuerte y claro: todavía estamos aquí. Para decir que estamos vivos y que la democracia está viva, al contrario de lo que planeaban los golpistas de 2022... de 2023. Estamos aquí para decir: dictadura nunca más, democracia siempre”, dijo Lula en un acto en el Palacio de Planalto, la sede de la Presidencia. Aludía no sólo al asalto de 2023, sino a los planes de 2022 de impedir que asumiera la presidencia e incluso de asesinarlo.

La Policía Federal presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 39 personas, entre ellas exministros y militares de alto rango, por un plan para permanecer en el poder en el que se consideró la posibilidad de asesinar a Lula, al actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al presidente del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Este miércoles, durante el acto oficial, Lula dijo que los tres se salvaron de esos planes para matarlos elaborados por “un grupo de irresponsables, un grupo de locos, que pensaban que no era necesario dejar la Presidencia después de las elecciones y que sería fácil tomar el poder”.

Según señalaron el portal Metrópoles y la revista Carta Capital, en su discurso, con la frase “todavía estamos aquí”, Lula hizo referencia al libro de Marcelo Rubens Paiva, en el que se basó además la película Todavía estoy aquí, de Walter Salles. Allí Paiva cuenta la historia de su padre, el exdiputado Rubens Paiva, torturado y desaparecido por la dictadura brasileña.

Después de hacer esa referencia, Lula confirmó que se creará un premio que llevará el nombre de Eunice Paiva, viuda de Rubens y abogada defensora de los derechos humanos, cuya militancia también relatan el libro y la película. Con ese premio se buscará homenajear a la militante y reconocer los aportes de personas que se hayan destacado por su trabajo en “la preservación, restauración o consolidación” de la democracia en el país.

“Muchos de nosotros estaríamos exiliados o presos, como sucedió en el pasado”, si se hubiera dado un golpe de Estado en 2022 o 2023, señaló Lula, durante su discurso. En referencia a los responsables de lo ocurrido el 8 de enero de 2023, afirmó: “Todos pagarán por los delitos que cometieron. Todos. Y todos tendrán amplio derecho a la defensa y a la presunción de inocencia”.

Hasta el momento, el Supremo Tribunal Federal abrió investigaciones contra 1.552 personas y condenó a 371 por intento golpista y otros delitos. Otros 61 involucrados están prófugos, algunos de ellos en Argentina. Muchos otros, más de 500, que cometieron delitos menos graves, llegaron a acuerdos que consisten en reconocer los hechos, prestar servicios comunitarios, pagar multas y participar en cursos de formación sobre democracia, informó la agencia Efe.

El lunes, un juez militar, Alexandre Augusto Quintas, envió al Supremo Tribunal Federal un proceso contra cuatro coroneles del ejército. Consideró que no se trataba de un caso para la justicia militar, sino que se vinculaba con las investigaciones sobre intentos de golpe de Estado que lleva adelante la principal corte de Brasil. Los cuatro coroneles están acusados de redactar una carta con la que buscaron presionar al comando del ejército, a fines de 2022, para que impidiera que Lula, por entonces presidente electo, asumiera el cargo.

Durante los actos oficiales de este miércoles, en el Palacio de Planalto, Lula recibió 21 obras de arte y objetos históricos que se encontraban en ese edificio hace dos años y que fueron dañados por los atacantes. Entre esas piezas se incluye desde un reloj suizo de 1808 hasta un mural, “As Mulatas”, del pintor modernista Emiliano Di Calvacanti.

Si bien el presidente encabezó la ceremonia, quien dio un discurso fue su esposa Rosângela da Silva, que se encargó de coordinar los trabajos de restauración de las piezas. Dijo que el 8 de enero tiene que “servir para comprender que la democracia debe ser defendida cada día” frente al “odio que aún estimula y promueve el autoritarismo”.

También habló el presidente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, Leandro Grass, quien recordó que “el arte también fue atacado en la que fue la mayor tragedia para la democracia desde la dictadura militar”. Informó además que otras 200 obras dañadas aquel 8 de enero ya fueron recuperadas. Algunas correspondían a la sede de la Presidencia y otras a las del Congreso y el Supremo Tribunal Federal, que también organizó sus propios actos este miércoles.