Este jueves el Parlamento de Nicaragua, que es controlado totalmente por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), terminó de aprobar una serie de modificaciones a la constitución política del país, que amplían todavía más los poderes que tiene la pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Según comunicó en una nota de prensa la Asamblea Nacional, denominación oficial del órgano unicameral legislativo nicaragüense, con la reforma “establecemos que la Presidencia de la República, compuesta por un co-presidente y una co-presidenta, son Jefatura de Estado y de Gobierno por un período de seis años”.

En la misma comunicación, desde la entidad legislativa se expresó: “Ratificamos la Preeminencia de la nueva Constitución Política sobre las demás leyes, instrumentos internacionales, decretos, o reglamentos que alteren sus disposiciones”.

Además, dentro del paquete de reformas aprobado, se aumenta el control del Ejecutivo sobre los medios de comunicación y también se le da a la presidencia el poder de “coordinar” las funciones judiciales y legislativas, le permite ordenar al Ejército que intervenga en apoyo de la policía y autorizan a los agentes de seguridad a ocupar temporalmente cargos del Poder Ejecutivo cuando así se les ordene, de acuerdo con lo que informó la agencia Reuters.

Con el nuevo orden constitucional, tanto Ortega como Murillo, quienes ahora están formalmente igualados en sus funciones, pueden nombrar un número ilimitado de vicepresidentes, lo que generó especulaciones de que uno o más de los ocho hijos de la pareja que viven en el país podrían ser elegidos para el cargo. Varios de ellos ya ocupan puestos en el gobierno o ayudan a dirigir medios de comunicación estatales.

Ortega, de 79 años, quien está en el poder desde 2007, a partir de 2017 gobierna junto con su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, en medio de fuertes denuncias de fraudes electorales y de persecuciones a los opositores. En este contexto miles de personas marcharon al exilio, y se produjo el encarcelamiento y el retiro de la ciudadanía a centenares de nicaragüenses.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN, por sus siglas en inglés) denunció que las reformas aprobadas a la constitución política nicaragüense son una “sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades fundamentales” del país centroamericano, según informó la agencia Efe.

El GHREN fue creado en 2022 con el objetivo de investigar todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando se desataron una serie de protestas populares contra el gobierno de Ortega y Murillo.

Uno de los integrantes del GHREN, el abogado estadounidense Reed Brody, expresó en su cuenta de X que “las grotescas reformas constitucionales de Nicaragua son la sentencia de muerte para el Estado de derecho y las libertades básicas. Ortega y Murillo pueden suspender todos los derechos, convocar al ejército para acciones policiales y desplegar a la llamada 'policía voluntaria' como ejecutores”.

Brody agregó que las modificaciones aprobadas por los legisladores nicaragüenses “oficializan el cierre del espacio cívico y garantizan que los ciudadanos no tengan a dónde recurrir cuando sus derechos sean violados”.

En una entrevista que concedió hace pocos días a la cadena alemana Deutsche Welle, horas antes de que se aprobaran las reformas, Brody dijo que, “aparte de las monarquías absolutas, no he visto una constitución que concentre tanto poder en manos del Ejecutivo como la que ahora está siendo aprobada sin cuestionamientos por la Asamblea nicaragüense”.