La Justicia peruana ordenó que se anule el juicio oral contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otras más de 30 personas procesadas por supuesta financiación irregular de dos campañas electorales. La Fiscalía pedía 30 años y diez meses de prisión para Fujimori por su supuesta participación en una red de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la la justicia y falsa declaración.

En esta investigación, conocida como Caso Cócteles, se presume que la hija del exdictador Alberto Fujimori recibió fondos irregulares para las campañas electorales de 2011 y 2016, dos de las tres elecciones en las que se postuló a la presidencia. Se presume que esos fondos se relacionaban con aportes de la constructora brasileña Odebrecht.

De todos modos, el caso no se archiva por esta decisión, sino que vuelve a una etapa anterior al juicio oral, informó el diario peruano La República.

El tribunal tuvo en cuenta en su decisión una sentencia similar que había emitido en diciembre para otro de los investigados, José Chlimper, ex secretario general del partido de Fujimori, Fuerza Popular. “No se puede, en este caso, extirpar solamente para el señor Chlimper”, había reclamado la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

El tribunal, en su fallo sobre Chlimper, consideró que había vicios en el auto de enjuiciamiento, que ponían en riesgo el proceso. Señaló que no se le permitió conocer en el momento oportuno todos los cargos que se le imputaban, lo que le impidió ejercer de manera eficaz su derecho a la defensa, y dispuso que la Fiscalía emitiera una nueva acusación. El fiscal del caso, José Domingo Pérez, pidió que se revisara la decisión.

El juicio oral había comenzado en julio y abarcaba a 46 personas.

Las causas judiciales contra Fujimori, que la llevaron a prisión domiciliaria entre 2018 y 2019, y de nuevo durante unos meses de 2020, pueden afectar sus aspiraciones presidenciales. La dirigente se ha postulado tres veces a la presidencia –la última en 2021, cuando pasó a la segunda vuelta con Pedro Castillo– y se desconoce si piensa volver a ser candidata en 2026.

Otra acusación

El viernes 9 se informó públicamente de nuevas irregularidades que involucran a Fujimori. El periodista Carlos Viguria publicó un informe en Ideele Radio según el cual Fujimori utilizó recursos públicos para financiar el viaje que hizo en 2024, del 28 al 31 de mayo. Según citaron el medio peruano Ahora y el portal Infobae, Fujimori financió así el viaje que hizo a Estados Unidos en 2024, del 28 al 31 de mayo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) determinó que la dirigente de Fuerza Popular gastó 27.921,53 soles (más de 7.600 dólares) en ese viaje, que no cumplía con las condiciones para ser calificado como una actividad de capacitación que pudiera ser financiada por el Estado. Según las normas peruanas, sólo se pueden destinar fondos públicos a viajes de capacitación técnica para la participación política, y este caso no cumplía con ese requerimiento. Fujimori viajó acompañada por el excongresista Juan del Águila y el asesor Marko Pacheco.

De acuerdo con la publicación, la ONPE señaló que Fuerza Popular “presenta en su rendición de gastos una actividad por capacitación denominada ‘Capacitación, conferencias e intercambio académico en el estado de California, Estados Unidos’”, que “consistió en una serie de visitas protocolares, conversatorios y reuniones en diferentes condados de California”. Además, el viaje no había sido comunicado con la antelación de 15 días que se exige. Según esa oficina, todo esto podría implicar una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento del Financiamiento de los Partidos Políticos.

Las irregularidades de este viaje se suman a las de otro a Austria que hizo el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, en el que gastó 15.066 soles (casi 4.000 dólares) para participar en una convención de líderes católicos. El partido lo justificó como una actividad que forma parte de su “defensa de la familia y la promoción de ideas” políticas.

“El uso de fondos públicos debe ceñirse estrictamente a los fines permitidos por la ley. Cualquier desvío constituye una falta grave que debe ser sancionada”, señaló la ONPE.