Por estos días, Guinea vive un momento político decisivo. A finales de setiembre, el país africano celebró un referéndum constitucional impulsado por la junta militar que gobierna desde 2021. El proceso, presentado como un paso hacia el restablecimiento del orden democrático, terminó envuelto en acusaciones de fraude, denuncias de represión y dudas sobre las verdaderas intenciones del poder militar.
El referéndum tuvo lugar el 21 de setiembre, con el objetivo de aprobar una nueva Constitución que sustituiría la vigente desde 2020. Según los resultados oficiales, cerca del 89% de los votantes se pronunció a favor del nuevo texto, con una participación del 86% del electorado registrado.
A primera vista, los números podrían parecer una demostración de respaldo popular. Sin embargo, diversos sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han puesto en duda la legitimidad del proceso.
El trasfondo: una transición que no termina
Guinea atraviesa desde hace cuatro años un proceso político incierto. En setiembre de 2021, un grupo de militares encabezado por el coronel Mamady Doumbouya derrocó al entonces presidente Alpha Condé, quien había modificado la Constitución para mantenerse en el poder. Doumbouya prometió entonces una “transición ordenada” hacia un gobierno civil y el restablecimiento de la institucionalidad.
No obstante, con el paso del tiempo, esa promesa se ha ido diluyendo. La junta militar ha prorrogado los plazos de la transición, restringiendo el accionar de partidos políticos y manteniendo un control casi absoluto sobre medios de comunicación.
El referéndum constitucional, que debía marcar el inicio del retorno al orden democrático, terminó siendo interpretado por muchos como un mecanismo para consolidar el poder militar bajo una nueva fachada legal.
Qué dice la nueva Constitución
El texto aprobado introduce cambios significativos. Amplía el mandato presidencial de cinco a siete años, renovable una sola vez, y crea un Senado que acompaña a la Asamblea Nacional.
Pero el punto más polémico es que elimina la restricción que impedía a los miembros de la junta participar en futuras elecciones. De esta forma, el propio Doumbouya podría postularse a la presidencia en los comicios previstos para diciembre de 2025.
En un país marcado por golpes y promesas incumplidas, Guinea sigue buscando una salida entre la necesidad de estabilidad y el riesgo de un nuevo ciclo autoritario.
Para sus defensores, la reforma busca “modernizar las instituciones” y establecer una base sólida para un nuevo ciclo político. Para sus críticos, en cambio, se trata de una maniobra que busca perpetuar el control militar sobre el Estado, a través de un proceso electoral sin garantías reales de competencia.
Denuncias y controversias
En las semanas posteriores al referéndum, las denuncias de irregularidades se multiplicaron. Varios partidos opositores y organizaciones civiles reportaron la existencia de papeletas previamente marcadas a favor del Sí, la anulación masiva de votos y presiones locales para garantizar la participación en un sentido favorable al gobierno. También se cuestiona la fiabilidad de los datos oficiales de participación, considerados inverosímiles en muchas regiones.
En algunos distritos, observadores independientes aseguran haber visto centros de votación casi vacíos, mientras que el conteo final hablaba de una concurrencia cercana al 90%.
La Dirección General de Elecciones, encargada de organizar el referéndum, está integrada en su mayoría por funcionarios designados por la propia junta, lo que alimenta la sospecha de falta de imparcialidad. A esto se suma el control de la prensa: varios medios críticos fueron suspendidos temporalmente o enfrentan restricciones para operar.
La comunidad internacional ha reaccionado con cautela. La Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental han expresado preocupación por las denuncias de fraude y por la falta de observadores electorales independientes. Organizaciones como Human Rights Watch o Article 19 advirtieron que el proceso podría agravar el deterioro democrático en Guinea si no se garantiza un marco electoral equitativo.
A nivel interno, las protestas han sido contenidas por las fuerzas de seguridad. En Conakry, la capital, se registraron manifestaciones dispersas y detenciones de dirigentes opositores.
El gobierno militar insiste en que el referéndum fue “libre y transparente” y acusa a la oposición de intentar “desestabilizar el proceso de transición”.
¿Hacia dónde va Guinea?
El calendario político marca el 28 de diciembre como la fecha de las primeras elecciones presidenciales desde el golpe de Estado. Si el nuevo texto constitucional entra plenamente en vigencia, Doumbouya podría ser candidato, lo que abriría la puerta a un escenario en el que los militares, formalmente, se legitimen mediante el voto popular.
El desafío para Guinea no es sólo poder organizar las elecciones, sino también recuperar la confianza de su ciudadanía y de la región. El referéndum, lejos de cerrar la etapa de transición, parece haber abierto una nueva disputa sobre la naturaleza del poder y la legitimidad democrática.
En un país marcado por golpes, promesas incumplidas y reformas constitucionales hechas a medida de los gobiernos, la desconfianza es profunda. Guinea sigue buscando una salida entre la necesidad de estabilidad y el riesgo de un nuevo ciclo autoritario.
El referéndum de setiembre, más que un punto de llegada, se perfila como otro capítulo en una larga transición que, por ahora, parece no tener fin.
Joaquín Andrade Irisity es estudiante de Historia en el Instituto de Profesores Artigas.