Durante una reunión en Egipto, el movimiento islamista palestino Hamas pactó con otras facciones de la Franja de Gaza, como la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, ceder el control de ese territorio a una “comisión palestina temporal compuesta por tecnócratas independientes”.

En un comunicado, las facciones que firmaron el acuerdo afirman que esa comisión “gestionará los asuntos cotidianos y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas”.

No aclara qué papel jugará en todo esto la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de Cisjordania, presidida por Mahmud Abbas. Sin embargo, según citó Europa Press, las facciones que llegaron a este acuerdo se proponen acercarse a la ANP, iniciar conversaciones para unificar sus posturas en diversos asuntos y “reactivar” la Organización para la Liberación de Palestina como institución que representa los intereses del pueblo palestino.

A la comisión de tecnócratas, se sumaría, según este acuerdo, una “comisión internacional” que supervisará la reconstrucción de la Franja de Gaza, incluyendo los recursos necesarios para llevarla adelante. Según el comunicado, este comité deberá actuar “priorizando la unidad del sistema político palestino y la independencia en la toma de decisiones a nivel nacional”.

Queda pendiente conocer cómo encaja este acuerdo en el plan para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que este viernes nombró a su embajador en Yemen, Steven Fagin, como jefe del área civil de un centro de coordinación para la Franja de Gaza. Ese centro sería el encargado de supervisar la puesta en marcha del plan al que accedieron Israel y Hamas, que llevó a un cese del fuego, pero en el que todavía quedan muchos elementos por definir.

La parte militar del centro será supervisada por el comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos, Brad Cooper, que deberá vigilar y garantizar que no haya violaciones al cese del fuego y que se respeten los demás puntos pactados. En una segunda fase, que todavía se debe discutir, el plan prevé la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció este viernes, de visita en Israel, que el proceso para completar los puntos contemplados en el plan tendrá “altibajos” y “giros inesperados”, pero llamó a ser optimistas.

También marcó algunas de las definiciones del gobierno de Trump. Para empezar, insistió en que “Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro gobierno de Gaza”. Sobre un eventual papel de la ANP, dijo que todavía no se tomó una determinación. “Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla [la zona a la que se retiró el ejército israelí, marcada en amarillo en un mapa que presentó Trump] todavía hay un grupo terrorista armado”, dijo. “Si Hamas no se desarma, eso constituirá una violación del alto el fuego”, agregó.

Rubio, además, afirmó que la fuerza de seguridad internacional que se establecería en Gaza, según el plan de Trump, deberá estar integrada por países con los que Israel se sienta cómodo. Además se alineó con la postura de Israel de excluir a la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados palestinos (UNRWA, en inglés) de las tareas de reparto de ayuda humanitaria y asistencia a la población. Dijo que no jugará “ningún papel” y la acusó de ser “subsidiaria de Hamas”.

Esas acusaciones contra la UNRWA, que habían sido planteadas por el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fueron desestimadas el miércoles por la Corte Internacional de Justicia. El tribunal manifestó que Israel no aportó pruebas de que empleados de esa organización sean miembros de Hamas, y llamó el gobierno israelí a que acepte y facilite la labor de esa agencia de la ONU. Pero ni Israel ni Estados Unidos parecen dispuestos a aplicar ese prounciamiento. Rubio dijo que sí hay disposición a trabajar con otras dependencias de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos.

A su vez, Israel, pese a no haber podido probarlo, reiteró que la UNRWA está “infiltrada de terroristas”. Así lo manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar: “No aceptaremos cooperar con la UNRWA ni con las organizaciones cuyos empleados participaron en la masacre del 7 de octubre”.

La UNRWA ha sido combatida por el gobierno israelí porque su existencia implica el reconocimiento de la condición de refugiado palestino, de que hay personas originarias de Palestina que fueron desplazadas del lugar donde vivían cuando se creó el Estado de Israel, y que se encuentran en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria, algunas desde hace décadas, pero su situación no está resuelta.

También está pendiente de atención la crisis que vive la población de Gaza, y hay quienes tratan de evitar que esas personas reciban el alimento, el agua y otros insumos que necesitan. Este viernes, extremistas de derecha israelíes bloquearon el paso fronterizo de Kerem Shalon para impedir que ingrese ayuda humanitaria, en particular, alimento, para una población que enfrenta una crisis nutricional que ha causado decenas de muertes. Según informó la agencia Efe, los manifestantes, con banderas israelíes, bloquearon el paso a los camiones que transportaban productos nutritivos y otros insumos, y hubo dos detenidos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó este viernes que si no se aceleran las evacuaciones de personas de la Franja de Gaza que requieren asistencia médica que allí no pueden recibir, tomará diez años atender a todos los que hoy necesitan tratamiento. Rik Peeperkorn, representantes de la OMS en los territorios palestinos ocupados, informó en conferencia de prensa que si las enfermedades no se atienden ahora, empeorarán y “mucha gente morirá de manera innecesaria, incluidos muchos niños y mujeres”.

Dijo que la OMS puede aumentar las evacuaciones pero necesita que se abran más cruces fronterizos que Israel mantiene cerrados. Según sus datos, desde octubre de 2023 evacuó a 7.782 pacientes a más de 20 países, pero todavía quedan 15.000 que necesitan tratamiento en el exterior, de los cuales 4.000 son niños. La OMS informó que en los últimos dos años casi 700 personas murieron mientras esperaban ser evacuadas.