El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas entre su país y México tras revelar que la ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino, recibe asilo en “la residencia de la embajada mexicana en Lima”.

El episodio se sumó a la crisis política que vive el país tras la reciente destitución de Dina Boluarte a través del Congreso por “permanente incapacidad moral” como antecedente más inmediato.

“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, expresó el funcionario en una conferencia de prensa.

Aclaró, sin embargo, que la decisión “no significa romper relaciones consulares” y que los peruanos en suelo mexicano “continuarán bajo la protección de los cónsules”. Precisó que las relaciones diplomáticas se vinculan a “que haya personal que conduzca la relación política, económica, comercial y de turismo” entre los países, mientras que las consulares refieren “a la protección de los nacionales de un país en otro”.

Agregó que, durante el fallido golpe de Estado que ensayó Pedro Castillo en 2022, México pretendió “construir una realidad paralela frente a los acontecimientos” y difundió “una versión tendenciosa e ideologizada” de los hechos.

Planteó que “intentaron convertir a los autores del intento de golpe en víctimas” y dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo expresiones “inaceptables y falsas” en la línea de que “Pedro Castillo es un perseguido político”, al igual que “su cómplice”.

“Es falso. Se trata de dos personas que están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y no sujetas a persecución política”, acotó. Sobre cómo se procederá en el ámbito jurídico, comentó que “en primer lugar el gobierno peruano tiene que recibir una comunicación formal de México” –lo que “aún no ha ocurrido”–, y luego “aplicar las normas que correspondan según los convenios internacionales de los que somos parte”. El canciller descartó la posibilidad de una intervención en la embajada.

El gobierno de México respondió el anuncio a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores. Manifestó que “lamenta y rechaza la decisión unilateral” como respuesta a “un acto legítimo y apegado a derecho internacional”. En la misiva el Estado mexicano también señaló que el otorgamiento de asilo a Chávez se enmarcó en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 –o Convención de Caracas–, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Conforme a la Convención de Caracas, el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante”, señaló el comunicado, además de agregar que la ex primera ministra “mencionó que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”.

“México seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas. Asimismo, siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias”, finalizó el mensaje.

Chávez se desempeñó brevemente como jefa del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo en 2022. Según la agencia de noticias Reuters, la exfuncionaria enfrenta “cargos penales por su presunta participación en el intento de disolución del Congreso”, el 7 de diciembre de ese año.

Si bien estuvo encarcelada desde junio de 2023, fue liberada por un juez en setiembre de este año, con el juicio en curso.