Este miércoles la diaria Radio recibió a Marcela Ríos, quien se desempeñó como ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile entre marzo de 2022 y enero de 2023. Barrios es directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una organización intergubernamental que se dedica a acompañar procesos electorales y estudiar la democracia con tres décadas de vida, sede global en Estocolmo y 35 estados miembro, incluido Uruguay.

Sobre la región, dijo que “30 años después estamos en un momento de constricción y de retrocesos democráticos”. Según Ríos, el informe anual que elaboró IDEA Internacional sobre el estado de la democracia en el mundo demostró “nueve años consecutivos con retrocesos” y constató un aumento de regímenes autocráticos, aunque el camino de “quiebre” implica que cada vez se dan “menos golpes de Estado a la usanza de los años 60 y 70”, y el deterioro democrático se produce “a menudo con apoyo popular, a través de las elecciones, manteniendo una cáscara de democracia electoral, pero socavando los cimientos de la democracia representativa”.

Señaló como ejemplos de lo anterior los regímenes de Nicaragua y Venezuela, pero también reparó en la rapidez con la que ocurrió en El Salvador o en Estados Unidos: “En El Salvador no tomó 15 años o dos décadas como el proceso venezolano, sino dos años. Si miramos Estados Unidos, una de las democracias originarias que inspiró en gran medida la constitución de democracias en las Américas, ha tenido un deterioro en ocho meses. No ha dejado de ser una democracia electoral pero en prácticamente todas las dimensiones que evaluamos está teniendo retrocesos muy significativos”, señaló.

Dijo que las democracias están en tensión por una diversidad de factores. Por un lado, una “crisis de adaptación de un ideario y modelo institucional” que se pensó en el siglo XIX, se empezó a implementar en el XX, pero en el XXI “hay un choque entre las expectativas y la premura de los ciudadanos por recibir respuestas a sus demandas y los tiempos de la democracia, que no es necesariamente el régimen más ágil”. Señaló que también hay un deterioro de la confianza que tienen las personas en esta, aunque, concretamente sobre Uruguay, dijo que todavía “se mantiene un fuerte apoyo de los ciudadanos al régimen democrático”.

“Lo que vemos a nivel de América Latina efectivamente es eso: hay una sensación por parte de los ciudadanos de que las democracias no resuelven los problemas -no se disminuye la desigualdad, no logramos enfrentar el deterioro de la salud y la educación, no enfrentamos la crisis de inseguridad- y, por otro lado, los escándalos de corrupción que vemos en toda la región también han tenido un costo altísimo en la confianza de las personas en las instituciones”, resumió en la misma línea.

El triunfo de Kast en Chile

El ultraderechista José Antonio Kast fue electo presidente en Chile y, para un politólogo, es la primera vez que el país elige “a un partidario de Pinochet”.

Además de reparar en el fenómeno de alternancia política en el que está sumido el país trasandino, para Ríos el deterioro democrático también se vincula con su victoria electoral: “Hay un desapego y una desconexión con la política muy fuerte. Recordemos que durante el proceso constituyente pasamos al voto obligatorio y eso ha sido un terremoto político”. Señaló que esa población que ingresó al padrón “es un sector con poca conexión con la política, que no se informa a través de medios tradicionales y tiende a ser muy volátil en sus preferencias”, además de que “ha tendido a apoyar siempre la impugnación”.

A pesar de lo anterior, apuntó que simultáneamente “hay un éxito global y nacional de la ultraderecha en promover y conectar con la rabia y los miedos” al hablar “sólo de dos cosas durante la campaña: seguridad y migración”. “Desde la izquierda y el progresismo ha habido mucha dificultad de conectar con esos sentimientos de la ciudadanía. Hay que aceptar que esta fue una derrota brutal, contundente, masiva y que tiene tanto que ver con los déficits de unos como con los aciertos de los ganadores”, acotó. En ese eje, dijo que haber perdido el plebiscito para cambiar la Constitución que remite a la dictadura de Augusto Pinochet “ha sido uno de los golpes más duros para el progresismo en nuestro país”.

Seguridad pública, regímenes de excepción y derechos humanos

Sobre la seguridad pública, Ríos opinó que impacta en toda la región y es “un fenómeno latinoamericano”. Sobre Uruguay, dijo que “en términos de forma parece muy importante que una política de seguridad se construya de manera participativa y pregunte la opinión de las personas”, dado que uno de los problemas en el ámbito es “que los actores políticos no quieren escuchar al mundo científico, académico ni ver evidencia”. También evaluó que en el país hay “una disposición a integrar a distintos sectores en esta discusión y a buscar alternativas que no sean sólo punitivas” y que, a pesar de la “polarización”, hay “mucho más espacio que en Chile y prácticamente toda la región para tener conversaciones entre oposición y gobierno de políticas de Estado”.

Planteó que en Chile los homicidios “quizá no son tantos” pero mueven la aguja “por la espectacularidad”, con “un tipo de violencia que está vinculada al crimen organizado y no existía”: “En Chile hay una anomalía y es que teniendo tasas de criminalidad mucho más bajas que el promedio de América Latina en todo tipo de cosas, la sensación de miedo y de inseguridad de la ciudadanía es como si todo el país estuviera en el peor momento del narco de Medellín, en Río de Janeiro o en Afganistán”, consignó, una “desproporción” que reproducen “las élites políticas de todos los sectores” y “los medios de comunicación”.

De cara a nuevas propuestas para la gestión de la seguridad pública, reparó en que “estamos viviendo en toda América Latina un asalto a los derechos humanos producto de la agenda de seguridad de mano dura”. Uno de los impactos de la expansión de la criminalidad, además de “la violencia y el debilitamiento de las instituciones” por la “cooptación” de funcionarios, es que “la demanda de las personas sobre seguridad hace que estén disponibles a apoyar agendas que en última instancia nos plantean que hay que elegir entre seguridad o democracia, seguridad o libertades y derechos”.

“La militarización de la seguridad y los estados de excepción que se están utilizando en muchos países y proponiendo para Chile efectivamente restringen libertades y generan condiciones para vulnerar derechos, pero también, en muchos países con la excusa de la seguridad, estas medidas terminan siendo utilizadas para perseguir a los disidentes”, reafirmó, además de que en la sociedad se instala la idea de que “si defiendes los derechos humanos como principio rector humanitario, estás defendiendo a los delincuentes”.