El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declaró este martes ante los ministros que integran la Primera Cámara del Supremo Tribunal Federal (STF), quienes lo están juzgando por el presunto intento de golpe de Estado de 2022, que, de acuerdo a las investigaciones, quería perpetrar junto con un amplio grupo de colaboradores antes de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones celebradas en octubre de ese año.

Acompañado de sus abogados, con tono tranquilo y sin mostrarse desafiante, tal como había anunciado la semana pasada, Bolsonaro respondió a las preguntas que le plantearon los jueces del STF, como así también el fiscal general de la República, Paulo Gonet. En todo momento el político y excapitán del Ejército, de 70 años, negó de manera enfática la idea de haber querido liderar un golpe de Estado.

Bolsonaro, quien actualmente está inhabilitado para presentarse a cualquier elección hasta 2030 por una decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral por abuso de poder y por haber planteado dudas sobre el sistema de urnas electrónicas que se emplea en el país, también negó lo que había declarado un día antes su exayudante Mauro Cid, quien dijo que el entonces presidente había “editado” el borrador de la declaración del presunto quiebre institucional.

El expresidente afirmó haber actuado siempre “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”. “Rechazo cualquier posibilidad de un intento de golpe de Estado. No hablé de este asunto con él [Filipe Martins, uno de sus asesores, quien se dice que es el autor del borrador]”, dijo.

De acuerdo a lo que consignó el portal UOL, Bolsonaro agregó: “Un golpe de Estado es algo abominable. Sería fácil iniciar un golpe. Las consecuencias son simplemente impredecibles y perjudiciales para todos. Brasil no debería pasar por una experiencia así. Y la posibilidad de un golpe ni siquiera se consideró durante mi gobierno”.

Para negar que hubiera considerado la idea de un quiebre institucional, Bolsonaro recordó que, después de las elecciones del 30 de octubre de 2022, declaró a la prensa que la población lo extrañaría.

Según el expresidente, esta declaración fue una clara señal de que dejaría el poder. “Sólo se extraña a alguien cuando se va”, afirmó ante los jueces, y agregó que tanto él como toda su administración colaboraron con la transición al gobierno de Lula, calificando el proceso como “pacífico”.

Cuando se le preguntó al acusado si se había reunido con los tres comandantes de las Fuerzas Armadas para discutir acciones golpistas, Bolsonaro admitió que hubo una reunión, pero afirmó que en ella la única disposición constitucional que se discutió fue el eventual decreto de una garantía de orden público, precisamente porque había indicios de que los camioneros partidarios suyos causarían disturbios en varios lugares del país. En su declaración, que duró aproximadamente dos horas, Bolsonaro también dijo que “se le pone la piel de gallina” cuando dicen que el 8 de enero de 2023 fue un intento de golpe de Estado, día en el que miles de seguidores suyos asolaron la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, provocando todo tipo de destrozos en las sedes del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Bolsonaro calificó a quienes llevaron adelante dichas acciones delictivas como “locos” y “pobres desgraciados”, consignó Globo. “Repudiamos todo eso. Con el debido respeto, doctor Paulo Gonet, no es cierto que colaboré con el 8 de enero. No hice nada allí que fomentara ese caos que rechazamos”, dijo el expresidente.

En otro momento del interrogatorio, Bolsonaro expresó, sin que se lo preguntaran, la razón por la que no había querido entregar la banda presidencial a Lula cuando asumió la presidencia, el 1° de enero de 2023.

En su defensa, el excapitán dijo que no quería someterse “a la mayor silbatina de la historia de Brasil”. “Estará de acuerdo conmigo”, argumentó el expresidente dirigiéndose al ministro Moraes.

Ahora, luego de las declaraciones de Bolsonaro y de los principales acusados en el caso, el STF fijará un plazo para que la defensa y la Fiscalía General de la República soliciten medidas adicionales, como la recolección de nuevas pruebas.

A continuación, según informó la revista Carta Capital, Moraes citará a la fiscalía y a la defensa para que presenten sus alegatos finales. El plazo para los acusados será de 15 días a partir de la declaración de la defensa de Cid, dado que este llegó a un acuerdo de delación premiada que implicó a otros.

Al finalizar la investigación penal, Moraes elaborará un informe, en el que defenderá la condena o absolución de los acusados. Después de que el relator abra el caso a juicio, el presidente de la Primera Sala del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin, fijará la fecha de la votación.