El despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Los Ángeles está extendiendo de manera inusitada los límites legales del uso de las fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes nacionales, según expresaron expertos en derecho constitucional.

Mientras prosiguen las manifestaciones callejeras contra las razias que lanzó la administración republicana en varias zonas de Los Ángeles predominantemente habitadas por latinos, para detener a migrantes indocumentados, Trump, por ahora, les asignó a las tropas una misión limitada: proteger a los agentes federales de inmigración y los edificios.

Para justificar el despliegue, Trump citó una disposición de la ley federal que le permite usar la Guardia Nacional para sofocar los problemas internos, informó el portal estadounidense Politico.

Pero la justificación declarada por Trump, según los juristas, parece tener una base muy débil para una medida tan drástica e inusual en el territorio estadounidense. El verdadero propósito, según manifestaron expertos legales, podría aumentar la presión sobre los estados demócratas que se vienen resistiendo a la agenda de deportación de Trump.

“Parece ser en gran medida un pretexto, o al menos estar motivado más por la política que por las necesidades del terreno”, dijo Chris Mirasolo, profesor de derecho de seguridad nacional en la Universidad de Houston, citado por Politico.

En este contexto, el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el despliegue de “ilegal” y anunció que presentaría una demanda contra el presidente. “Se trata de tendencias autoritarias. Se trata de mando y control. Se trata de poder. Se trata de ego”, declaró Newsom, una figura con mucha proyección dentro del Partido Demócrata, el domingo en declaraciones a la cadena MSNBC.

Los juristas entienden que lo que está en juego es la autoridad del presidente para desplegar las fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes nacionales, algo que está prohibido por una ley federal que data de 1878.

Sin embargo, existen circunstancias excepcionales en las que el presidente puede utilizar tropas en el país. La excepción más destacada es la Ley de Insurrección, que autoriza al mandatario a desplegar las fuerzas armadas para reprimir insurrecciones, violencia doméstica o conspiraciones que socaven los derechos constitucionales o las leyes federales.

Al final del primer mandato de Trump, algunos de sus partidarios más fervientes esperaban que su líder invocara la Ley de Insurrección para ignorar a las autoridades electorales estatales y, en esencia, anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, aunque nunca lo hizo. Durante la campaña electoral del año pasado, Trump afirmó que invocaría la ley para sofocar el malestar social en caso de ser reelecto.

Pero hasta el momento, Trump no invocó la Ley de Insurrección. En cambio, en una orden ejecutiva emitida el sábado, citó una disposición legal diferente: una sección concisa del código federal que permite al presidente utilizar la Guardia Nacional, pero ninguna otra fuerza militar, para reprimir el “peligro de rebelión” o para “ejecutar” leyes federales cuando las “fuerzas regulares” no puedan hacerlo. Cabe destacar que su orden no declaró directamente los disturbios en Los Ángeles como una “rebelión”, aunque sugirió que iban en esa dirección.

Pero las autoridades de California y los críticos de Trump afirman que las fuerzas del orden locales estaban gestionando eficazmente las protestas en Los Ángeles. Y a pesar del supuesto papel defensivo de la Guardia Nacional para proteger la propiedad y el personal federal, algunos expertos consideran el despliegue una provocación.

Si las tropas se ven envueltas en enfrentamientos violentos, Trump podría usar los enfrentamientos como justificación para invocar la Ley de Insurrección, lo que allanaría el camino para que las fuerzas militares en servicio activo tomen medidas más agresivas para reprimir a los manifestantes y participar en la aplicación de la ley.

Sobre este punto se expresó este lunes la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien en su cuenta de X expresó: “El gobernador de California, Newsom, no solicitó el despliegue de la Guardia Nacional en su estado tras las manifestaciones pacíficas. Trump la envió de todos modos. Es la primera vez en 60 años que un presidente toma esa decisión. El objetivo de Trump no es proteger a los californianos. Su objetivo es causar caos, porque el caos le conviene”.