Desde Brasil, en diálogo con la diaria Radio, la periodista Carla Jiménez actualizó la información judicial del caso del expresidente Jair Bolsonaro, condenado el pasado jueves a 27 años y tres meses de prisión por liderar una trama golpista.

Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, “no resistió la tentación de tratar de mantenerse en el poder por medio de un golpe”, con las características de las autocracias actuales, sostuvo Jiménez, quien consideró que el hecho está siendo tratado como una “condena histórica en un país en el que ya hubo 15 intentos de golpes –la mayoría bien sucedidos–, y en el que la República empezó con un golpe militar”.

En una columna de opinión publicada este lunes en The New York Times, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó orgullo por la “decisión histórica” del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil por esta decisión histórica, que “salvaguarda nuestras instituciones y el Estado de derecho democrático”, consideró. Lula afirmó que la condena de Bolsonaro “no se trató de una ‘caza de brujas’”. Por el contrario, “fue el resultado de un proceso llevado a cabo de acuerdo con la Constitución brasileña de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar”, y “tras meses de investigaciones que descubrieron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un juez del Supremo Tribunal”.

Lula da Silva también apuntó que el gobierno estadounidense utiliza los aranceles y la Ley Magnitsky –contra los autores de graves abusos contra los derechos humanos en todo el mundo–, con la que fue sancionado el ministro del STF, Alexandre de Moraes, para buscar la impunidad de Bolsonaro. “Cuando Estados Unidos da la espalda a una relación de más de 200 años, como la que mantiene con Brasil, todos perdemos. No existen diferencias ideológicas que deban impedir que dos gobiernos trabajen juntos en áreas en las que tienen objetivos comunes”, sostuvo el presidente brasileño, quien le expresó a su par estadounidense que está abierto “a negociar cualquier cosa que pueda reportar beneficios mutuos”.

La aplicación de la Ley Magnitsky a Moraes fue “desproporcionada”, señaló Jiménez, dado que “los nombres a los que han alcanzado esta ley en el mundo son [personas que han cometido] crímenes contra la humanidad, no [se ha aplicado] contra un ministro de la Suprema Corte que está apenas juzgando crímenes de un expresidente”. Sin embargo, la dimensión de las sanciones al juez, así como la suspensión de visa para otros ministros de la corte, son pequeñas frente a la dimensión de un juicio sobre un intento de golpe de Estado, dijo la periodista.

Jiménez señaló que, al involucrarse el hijo del expresidente, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, con la imposición de aranceles de Donald Trump a Brasil, y declarar que “Trump estaba haciendo todo eso para proteger a su padre”, hubo una reacción “de apoyar a Lula a que no bajara las defensas ante Trump”. “Cuando se ve que un diputado, que recibe sueldo de dinero público, estaba haciendo algo que es una traición a la patria, o sea, poner la liberación de su padre por delante de la economía”, la población brasileña lo entendió como una contradicción al discurso nacionalista del bolsonarismo. Con ese apoyo popular, Lula se mantuvo en la defensa de su país ante los aranceles, explicó Jiménez, para quien “la economía no puede tener nada que ver con un juicio político que estaba sucediendo en este país”.

Con respecto a la independencia del STF y a los señalamientos del bolsonarismo a Moraes y el resto de los ministros, Jiménez sostuvo que los ministros del STF no fueron indicados por Lula, de hecho, “muchos de los que hoy en día están condenando a Bolsonaro condenaron a Lula y lo llevaron a la cárcel”. Por eso, “no hay cómo tratar esto como si fuera un juicio político que Lula implementó”, dijo la periodista. Sin embargo, señaló que, a nivel mundial, “las poblaciones no aplauden a sus tribunales, porque obviamente, en algún momento, van a enfrentar condenas de personas o de casos en que la gente no”.

“Nadie debe ser 100% feliz con su Suprema Corte, porque hay juicios que son extremadamente justos y obvios, y otros en los que la población no las entiende o no las sigue a menudo en las leyes”, explicó Jiménez.

“La gran pregunta que empieza esta semana”, dijo la periodista, se relaciona con las posibilidades de que Bolsonaro acceda, por intermedio del Congreso, a una amnistía “amplia, general e irrestricta”, como pide el bolsonarismo. “En principio, pensábamos que sí, pero ya el presidente del Senado ha dicho que no va a entrar”, dijo Jiménez, quien no cree que “vaya a prosperar de la manera que vaya a liberar a Bolsonaro y los generales”.