Este lunes, en la ciudad suiza de Ginebra, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe en el que advirtió sobre el aumento de la aplicación de la pena de muerte durante 2025.
Si bien la tendencia mundial general continúa avanzando hacia la abolición universal de la pena, el aumento se debe principalmente a un incremento significativo de las ejecuciones en un reducido número de países que la siguen aplicando.
“Mi oficina observó un aumento alarmante en el uso de la pena capital en 2025, especialmente por delitos que no cumplen con el umbral de 'delitos más graves' requerido por el derecho internacional; la ejecución continua de personas condenadas por delitos cometidos en la infancia, así como el persistente secretismo en torno a las ejecuciones”, expresó durante la presentación del informe el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
Según se explica en el informe, publicado en el portal oficial de la ONU, el aumento mundial se debe particularmente al creciente número de ejecuciones por delitos relacionados con drogas que no implican homicidio intencional. “Esto no solamente es incompatible con el derecho internacional, sino también ineficaz para disuadir la delincuencia”, afirmó Türk.
En Irán se reportó la aplicación de la pena de muerte de al menos 1.500 personas el año pasado, de las cuales casi la mitad estaban relacionadas con delitos de drogas. “La escala y el ritmo de las ejecuciones sugieren un uso sistemático de la pena capital como herramienta de intimidación del Estado, con un impacto desproporcionado sobre las minorías étnicas y los migrantes”, dijo Turk.
En Arabia Saudita, se informó que al menos 356 personas fueron ejecutadas en 2025, superando el récord anterior establecido en 2024. Casi el 80% de ellas fueron condenadas a morir por delitos relacionados con drogas. De acuerdo con los datos del informe, en Estados Unidos se realizaron 47 ejecuciones en 2025, la cifra más alta en 16 años.
El uso de la ejecución por asfixia con gas, introducido por primera vez en Estados Unidos en 2024, se extendió, lo que generó serias preocupaciones sobre eventuales casos de tortura o castigos crueles.
En Afganistán, luego del retorno al poder de los talibanes en 2021, las autoridades vienen celebrando ejecuciones públicas, que son violatorias del derecho internacional. Dos de los países donde se aplica la pena de muerte son China y Corea del Norte, aunque el firme celo que guardan las autoridades locales sobre el tema impide tener datos fehacientes sobre el alcance de la medida.
El único país de Europa en el que se aplica la pena de muerte es Bielorrusia, donde el alcance de los delitos que pueden ser castigados con la ejecución se amplió recientemente en virtud de la legislación sobre seguridad nacional y terrorismo.
Mientras tanto, en Israel actualmente está en estudio del Parlamento el uso de la pena de muerte mediante la introducción de disposiciones de pena capital obligatoria, que sería aplicada únicamente a ciudadanos palestinos. Las ejecuciones llevadas a cabo por la organización islamista Hamas en la Franja de Gaza también constituyen flagrantes violaciones de los derechos humanos, indicó el informe.
También se especificaron avances en varios países del mundo durante el año pasado tendientes a ir reduciendo la aplicación de la pena de muerte: tanto en Vietnam como en Pakistán se redujo el número de delitos que eventualmente pueden ser castigados con pena de muerte, en tanto que el Parlamento de Kenia comenzó a analizar la posibilidad de dejar de aplicar la pena capital.
“La pena de muerte no es una herramienta eficaz para controlar la delincuencia y puede conducir a la ejecución de personas inocentes”, declaró Turk, y agregó que la pena de muerte también suele aplicarse de forma arbitraria y discriminatoria, violando los principios fundamentales de igualdad ante la ley.