El oficialismo argentino cuenta con aprobar en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles una nueva ley de glaciares que tiene el apoyo de la industria minera y las provincias vinculadas a esa actividad.
Pero la iniciativa es resistida por diversas organizaciones por el impacto que puede generar en el medioambiente, en particular en cuanto a la protección del agua. Los glaciares constituyen una de las principales reservas de agua dulce de Argentina y alimentan las cuencas de ríos que abastecen a la poblaciones.
Este proyecto, que modifica la ley actual (de 2010), llamada oficialmente Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, ya tiene la aprobación del Senado, donde reunió 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
Este miércoles, 129 diputados dieron el cuórum para tratar el proyecto de ley y se preveía que además del apoyo del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, contara con el de sus aliados de la Unión Cívica Radical y el PRO, así como el de partidos provinciales. Incluso, según la prensa argentina, diputados de la oposición peronista podrían acompañar la iniciativa. Esa división en el peronismo ya tuvo un antecedente en la votación de este proyecto en el Senado.
El debate comenzó a las 15.00 y se preveía que se extendiera por unas ocho o diez horas, según informó elDiarioAR.com.
El gobierno de Javier Milei afirma que con esta ley se busca “ordenar el marco normativo vigente”, evitar “arbitrariedades” y promover el federalismo al dejar decisiones en manos de las provincias involucradas. Sin embargo, las organizaciones sociales que militan contra esta norma advierten que no respeta el Acuerdo de Escazú, al cual adhirió el país, y que implica un fuerte retroceso en la protección del agua. De esta forma, argumentan, causa una regresión en materia de reconocimiento de derechos, pese a que la Constitución dice que en esa materia la legislación debe ser progresiva.
Según informó Chequeado, la ley vigente define como glaciar a aquellas masas de hielo que son estables o que flujen de manera lenta, y establece como ambiente periglacial a las áreas de montaña en las que hay zonas congeladas que actúan como reguladoras del recurso hídrico o constituyen reservas de agua dulce. A partir de esas definiciones, la norma protege esas áreas frente a la exploración y explotación minera o de hidrocarburos que pueda afectar el funcionamiento natural de esos sistemas o contaminarlos.
También crea un Inventario Nacional de Glaciares, que se debe actualizar en períodos de cinco años o menos. Esto queda a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que depende del Conicet. Según el último inventario, en Argentina hay 16.968 glaciares que abarcan 8.484 kilómetros cuadrados.
El proyecto del actual gobierno mantiene la protección solo para aquellos glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante en el ciclo de recarga de las cuencas hidrográficas.
Además, dispone que son las provincias las que deben determinar cuáles son los glaciares protegidos en su territorio. Esto difiere de la ley actual, que dice que estas zonas son bienes públicos y reservas estratégicas del país que deben preservarse para el beneficio actual y futuro de la población argentina.
Científicos del Conicet y de la Universidad Nacional de Cuyo que estudiaron los glaciares plantearon a los diputados en enero en una carta que las modificaciones propuestas a la ley de glaciares estaban hechas a medida de las empresas mineras que quieren avanzar en la explotación de estas zonas, informó el periódico.
“Esta riqueza en reservas hídricas constituye un patrimonio de toda la Argentina que debe regirse y manejarse mediante criterios de conservación uniformes en todo el territorio nacional”, afirma la carta. “Está demostrado que el deterioro del ambiente y de sus funciones ecosistémicas acarrea una gran cantidad de impactos negativos, genera mayores desigualdades económicas y disminuye la calidad de vida de las personas”, agrega.
Las presiones para cambiar la ley de glaciares viene de años atrás, por parte de empresas mineras. También las provincias que podrían albergar esa actividad en zona de glaciares le dan su respaldo a la iniciativa (San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza).
El martes, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunció al secretario de Minería, Luis Lucero, ante la justicia penal por sospechas de conflicto de intereses. Argumentó que intervino en la modificación de la ley de glaciares, pese a que tenía vínculos con proyectos mineros y trabajó en un estudio jurídico en el que asesoraba a empresas mineras internacionales.