“La causa en nuestra contra nunca tuvo fundamento”, manifestó Miguel Crispi, que fue jefe de asesores de la Presidencia chilena y subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo durante el gobierno de Gabriel Boric. “Fue una operación política”, agregó en una declaración pública difundida en su cuenta de X.
El caso judicial al que se refería, conocido como Convenios, investigó supuestas asignaciones irregulares de fondos públicos en la ciudad de Antofagasta, en particular desde el Ministerio de Vivienda, a organizaciones de la sociedad civil y fundaciones que debían gestionarlos.
La Fiscalía Regional de Antofagasta decidió cerrar el segmento de la investigación que se enfocaba en determinar qué papel jugaron en esa supuesta trama Crispi, Javiera Martínez, la entonces directora de Presupuestos, y Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social y ex secretario general de la Presidencia.
Jackson fue uno de los principales blancos de los ataques opositores y decidió renunciar a su cargo de ministro, en 2023, para que su “presencia en el gabinete” no fuera usada “como una excusa para no avanzar en los acuerdos que Chile” requería. El Partido Republicano, del actual presidente chileno, José Antonio Kast, había reclamado su dimisión y se negaba a participar en una mesa de diálogo convocada por el gobierno para sacar adelante las reformas tributaria y previsional si él la integraba.
El dirigente era una de las figuras más cercanas a Boric. Fue uno de los fundadores del Frente Amplio chileno y un referente de la generación que llegó a ese gobierno después de liderar las luchas estudiantiles de 2011.
Crispi manifestó en su comunicado público que la causa judicial que los involucró, que partió de una denuncia presentada por dos diputados del ahora gobernante Partido Republicano, “estaba destinada” a vincularlos “con procesos de investigación sobre eventuales hechos de corrupción”.
Los diputados de ultraderecha pidieron que se investigara si los tres jerarcas habían facilitado que los recursos públicos llegaran a organizaciones de manera irregular, si fueron omisos en su obligación de denunciar ilícitos o en aplicar controles al traspaso de fondos estatales.
Para Crispi, quienes sufrieron “este ataque sistemático” son “parte de un proyecto político, y por eso” fueron denunciados. “Lo que se buscó, atacándonos a nosotros, fue herir al gobierno del presidente Gabriel Boric y al Frente Amplio. Ese es el trasfondo que no puede perderse de vista”, dijo.
“El objetivo no era esclarecer hechos ni la búsqueda de la verdad, sino dañar políticamente. La decisión de la Fiscalía derrumba esa operación y deja en evidencia su verdadera naturaleza”, agregó. “La resolución es categórica: no existían antecedentes para formalizar cargo alguno”, concluyó.
El dirigente señaló que esta denuncia tuvo un costo para la Justicia, que debió destinar recursos a investigarla, y también tuvo un costo para los acusados. “Significó años bajo sospecha pública, con nuestras familias y nuestras trayectorias expuestas, sobre la base de acusaciones que hoy el propio Ministerio Público declara sin fundamento”, dijo. El dirigente se preguntó “hasta dónde está dispuesta a llegar cierta forma de hacer política, y a cuántas personas está dispuesta a dañar en el camino”.
El fiscal Cristian Aguilar manifestó al Juzgado de Garantías de Antofagasta que “se ha cerrado esta investigación” el 7 de julio. Por lo tanto, solicitó que se fijara una audiencia para “comunicar la decisión de no perseverar por no haber reunido antecedentes suficientes para formalizar la investigación respeto” de los tres dirigentes, informó el diario El Mercurio. La Justicia fijó esa audiencia para el 21 de agosto. Las investigaciones sobre los tres exjerarcas se desarrollaron en paralelo con otras investigaciones vinculadas con el caso Convenios.
“Como dirigente político, y por el rol que me tocó cumplir, no puedo dejar pasar este momento sin una reflexión. La integridad de los poderes del Estado y, muy especialmente, la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial no puede quedar a merced de operaciones políticas”, afirmó Crispi.