Con la excepción de algunos lúcidos planteos, han sido nulas las expresiones públicas con respecto al concurso en efectividad para docentes del Consejo de Formación en Educación (CFE), cuyas bases fueron publicadas finalmente en octubre. Un concurso que representa, de acuerdo con el objetivo estratégico propuesto para el quinquenio por el CFE, uno de los primeros pasos en el camino de transición de la formación docente hacia una formación universitaria y que pretende crear las “bases académicas e institucionales acordes a una formación con nivel universitario”. Sin embargo, lo que podría haber sido una oportunidad, para la formación docente y para el sistema educativo en su totalidad, de crear condiciones reales de renovación así como de establecer reglas que garanticen la más alta calidad del cuerpo profesional que tiene a su cargo la tarea de formar educadores, se convirtió en una herramienta conservadora de lo vigente y absolutamente ilegítima.

De acuerdo con el artículo 2 de las bases aprobadas por el CFE, solamente podrán presentarse a concursar para lograr la efectividad aquellos docentes actualmente interinos o que hayan hecho una suplencia de al menos 60 horas en aquella materia en la que se inscriban. Este concurso busca efectivizar a muchos profesores que se han dedicado a la formación docente ocupando cargos interinos o suplencias y cuya calidad profesional estarán en condiciones de demostrar. Como en cualquier profesión, la experiencia ganada a lo largo de sus carreras debe ser valorada, aunque dicha experiencia muchas veces se base en prácticas que no son sometidas a algún tipo de evaluación ni por parte de los estudiantes, ni de pares, ni de inspectores o directores de departamentos. La ponderación en los méritos parece un elemento más que suficiente para que sea reconocida la trayectoria de aquellos con experiencia en formación docente. Sin embargo, en este caso lo cuestionable es que la experiencia constituye el criterio para discriminar quiénes pueden concursar y quiénes no. Como resultado, lo único que se obtendrá es una lista de prelación de quienes están en el sistema. Se trata de un concurso conservador y corporativista, producto de una negociación de la que poco se sabe, que, al ser cerrado, impide a muchos docentes de otros sistemas competir en igualdad de condiciones para garantizar una adecuada selección de los más preparados. De este modo se desdibujan los intereses comunes de la educación anteponiéndose los intereses de unos pocos.

Al hecho de impedir concursar a profesionales de la educación que, por estatuto, están habilitados para hacerlo se agrega otro aspecto preocupante. De acuerdo con los artículos 28 y 29 de estas bases, quienes hayan alcanzado 40% de los puntos (100 en un total de 250) quedarán habilitados a elegir interinatos y suplencias, y quienes hayan alcanzado entre 60 y 99 puntos “quedarán ordenados en una lista que la administración podrá utilizar en caso de necesidad del servicio para proveer horas en interinato o suplencia, mientras el concurso se encuentre vigente o no se realice nuevo llamado”. Escandalosamente se preserva en los cargos a los docentes peor calificados a la vez que se impide a otros concursar para conformar esas listas. En el caso del Instituto de Profesores Artigas (IPA), la situación tiene un agravante. En 2014 se hizo un llamado a concurso sólo por méritos a partir del cual se conformó una lista docente. A diferencia de lo que ocurrió en otros departamentos, en Montevideo, en particular en el IPA, dicha lista no se homologó. Por esta razón, docentes que alcanzaron los más altos puntajes quedaron imposibilitados de elegir horas debido a que elegían antes los de la lista correspondiente al llamado de 2009. Esto genera la absurda situación de que muchos de quienes integran la lista de 2014 se vean impedidos de presentarse al actual concurso, encontrándose incluso en condiciones de ser convocados a conformar los tribunales: no pueden presentarse al concurso pero sí pueden integrar el tribunal evaluador. Se violenta nuevamente lo que debería ser el principal objetivo de este concurso: generar un mecanismo de selección del personal docente que garantice el mayor grado de calidad. El acceso a los cargos docentes de forma abierta y pasando por procedimientos exigentes de evaluación es un elemento básico para garantizar la calidad del desempeño institucional. Más aun: el mecanismo de selección del personal docente es una de las principales políticas académicas de una institución universitaria y en este caso, por su papel en materia de formación docente, es una política educativa crucial en general. Por lo tanto, no se trata de una cuestión meramente administrativa, es también una cuestión de ética y política educativa.

La validez de las instituciones refiere a sus fines, principios, así como a sus orientaciones éticas y políticas, a su deber ser. En el marco de un Sistema Nacional de Educación Pública, las orientaciones de la institución dedicada a la formación de docentes son de decisiva importancia. Alcanzar un alto nivel de diálogo y cooperación con las demás instituciones de nivel terciario, constituirse en el pilar de la excelencia académica y profesional, así como asumir un alto compromiso ético y político en la construcción de un sistema educativo que refleje las más altas aspiraciones de una sociedad deberían ser parte de esas orientaciones. Lo que no se puede ver es cómo un concurso con estas características es compatible con tales orientaciones. No solamente porque le da la espalda a un amplio proceso de diálogo con otras instituciones clausurando la posibilidad de concursar a profesionales que aún no están insertos en formación docente, sino además porque deja ver en sus bases las peores prácticas de corporativismo que, en este caso de modo más evidente, resultan en una rebaja de la calidad académica. Es un concurso que carece de legitimidad.

Resulta preocupante que las autoridades que reclamaron un cambio radical de la educación no atiendan a tal situación y asistan impávidos a la realización de este concurso. La formación docente debería ser clave para esa tan mentada transformación. Y las elites económicas lo saben, por eso comienzan a formar a sus propios cuerpos docentes. Tal vez sean ciertas las intuiciones que muchos de quienes estamos en ámbitos educativos tenemos: la educación, pero particularmente la educación pública, no les importa.

Fernanda Diab es licenciada en Filosofía, magíster en Ciencias Humanas y asistente del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.