Al igual que en la anterior campaña electoral, la seguridad pública vuelve a ser motivo de debate. Hace cuatro años la discusión estuvo centrada en la propuesta que buscaba –por medio de una reforma constitucional– bajar la edad de imputabilidad para los menores infractores. Si bien la consulta fue rechazada por la ciudadanía, los sucesos sirvieron para identificar una modalidad utilizada por la derecha para intentar impulsar reformas sin la necesidad de proponerlo a través de una ley. Como izquierda siempre reivindicamos la participación popular como mecanismo para reformar la Constitución y lograr avances beneficiosos para la población. Lo hemos apoyado en el pasado y lo seguiremos haciendo cuando sea necesario. El mandato popular es un aspecto fundamental para el Frente Amplio (FA), tan importante como la defensa de la Constitución y de la organización del Estado, de acuerdo a sus competencias y cometidos.

En tiempos en los que la seguridad pública vuelve a estar presente en la escena política, nos vemos obligados a reflexionar también sobre la organización del Estado. A esta discusión nos ha llevado la propuesta del senador Jorge Larrañaga que pretende, por medio de una reforma constitucional, modificar los cometidos naturales de las Fuerzas Armadas, destinándolas a funciones de seguridad interna. Se trata de una campaña que además de haber sido definida como un eslogan electoral por parte de su propio impulsor, termina desconociendo las bases mismas de la organización del Estado. Todos sabemos para qué existen las Fuerzas Armadas, cuáles son sus cometidos y funciones en cuanto a la preservación de los más altos intereses nacionales, la defensa de la integridad territorial ante posibles amenazas externas, entre otras. Destinarlas al combate del delito sería, además de inapropiado, peligroso para nuestra democracia.

En un artículo anterior nos referimos a este asunto, cuando decíamos que esta experiencia ya había fracasado en países como México o Colombia, donde no lograron reducir la delincuencia y, por el contrario, terminaron multiplicándose la violencia y los homicidios. México ha recibido serias advertencias y recomendaciones por parte de organizaciones de derechos humanos para delimitar las competencias efectivas de las Fuerzas Armadas. Las razones para esto surgen de las bases fundamentales que determinan su razón de ser. Las Fuerzas Armadas se rigen por la lógica de la guerra. Los militares utilizan la fuerza sin una delimitación clara y, en consecuencia, resultan inapropiados para combatir otro tipo de conflictos, como los internos relacionados con la violencia y la delincuencia.

A esto debemos sumarle que la Policía necesariamente actúa con una lógica muy distinta. En este sentido, tiene como misión la prevención, disuasión y represión de conductas delictivas, guiadas siempre por el respeto a las garantías individuales. En el caso de la Policía, el conflicto es de distinta naturaleza y requiere necesariamente una gradualidad en la actuación, la cual resulta fundamental para evitar daños innecesarios. Sin embargo, a pesar de esto, muchos países terminaron cayendo en la tentación de utilizar a las Fuerzas Armadas para este tipo de funciones. El resultado ha sido no sólo el recrudecimiento de la violencia, sino la aceptación de mecanismos sistemáticos de violación de los derechos humanos, donde todo vale a la hora de combatir la delincuencia.

Por esto entendemos que la propuesta del senador Larrañaga resulta peligrosa y amenazante para nuestra democracia. En ese afán demagógico de querer sumar unos votos, se abre una puerta que probablemente se vuelva difícil de cerrar. ¿Qué hacer en este contexto? ¿Cuál debería ser la política a desarrollar en materia de seguridad pública? Estas dos preguntas deberían acercarnos a las soluciones de un problema que no ocultamos y que asumimos como tal. En este sentido, desde el Ministerio del Interior se han implementado intervenciones interinstitucionales, con la finalidad de combatir el problema desde un enfoque multidimensional.

Con esta política se han logrado desarticular varios grupos criminales que tenían violentados a determinados sectores de la población. Las principales víctimas de estos grupos eran los propios vecinos, que muchas veces eran desalojados de sus hogares, que terminaban siendo utilizados como bocas de venta de droga. Bajo esta lógica mafiosa se puso en jaque la convivencia en varias zonas de Montevideo. Sin embargo, por medio de ese enfoque multidimensional, el Estado supo generar acciones conjuntas entre la Polícía, la Fiscalía, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la UTE, entre otros. De esta manera fue posible atacar no sólo los problemas de violencia sino también mejorar la infraestructura básica del barrio, brindándoles a los vecinos mejores condiciones de vida.

Estas políticas nacidas en la implementación de la Estrategia por la Vida y la Convivencia durante el gobierno de Mujica servirán para ir rompiendo el cerco delictivo que pretende apoderarse de ciertos barrios. Tenemos la certeza del camino recorrido y del que deberemos recorrer para seguir reduciendo los estándares de violencia y delincuencia que tanto daño generan. Por lo pronto, intentaremos combatir el simplismo punitivo, denunciando esa política demagógica que intenta obtener un rédito electoral, sin tomar en consideración los riesgos y la peligrosidad de la propuesta.

Charles Carrera, senador del Espacio 609