Este sábado, el Plenario Nacional adoptará una resolución sobre los fallos emitidos por el Tribunal de Conducta Política (TCP). La condición dual de coalición y movimiento de la máxima autoridad permanente del Frente Amplio (FA) constituye una garantía del ejercicio democrático, en el que participan en un mismo debate delegados de base y sus principales dirigentes. Sin embargo, para ello será razonable que sus referentes eviten confrontar entre sí públicamente. Estos comportamientos, lejos de contribuir a la defensa de la unidad de la fuerza política –considerada desde siempre su herramienta más valiosa–, generan descrédito en la opinión pública y preocupación entre los frenteamplistas.
El TCP encuadra su actuación de acuerdo a las competencias que le fija el artículo 123 de los Estatutos del FA, incluidas las modificaciones aprobadas por el Plenario Nacional en diciembre de 2011. El Compromiso Político, suscrito por unanimidad en el Plenario del 9 de febrero de 1972, constituye su matriz rectora. Fue actualizado por resolución Nº 13/04 del Plenario Nacional de fecha 17 de diciembre de 1988 y ratificado en su totalidad por el Órgano Provisorio de Conducción Política con fecha 4 de mayo de 1994.
Estas disposiciones se complementan con los documentos “Lineamientos éticos funcionales para la Acción Política”, “La transparencia en la función Pública” y los “Lineamientos de Conducta para la función Pública”. El control disciplinario y estatutario, que compete al Plenario Nacional, se apoya en las resoluciones adoptadas el 4 de diciembre de 1993 y en disposiciones del 2 de marzo de 1996.
Con vara rasa
El juicio ético se ajusta a los principios de la deontología y, en el caso de que no sea aceptado voluntariamente, no puede ser ejercido en forma obligatoria. El derecho, cualidad central de la vinculación del comportamiento de las personas con determinadas reglas y valores, por el contrario, abarca un campo más restringido. Es el mínimo de ética imprescindible para garantizar la convivencia en sociedad, pero, a diferencia de la ética, ese mínimo puede imponerse mediante la coacción. El pronunciamiento jurídico, cuya decisión judicial absolutoria exime al encausado de responsabilidad jurídica, no lo exonera necesariamente de la responsabilidad moral.
A lo largo de la vida institucional del país, antes y después de la dictadura civil militar, hubo funcionarios públicos de distintos gobiernos que transgredieron los estándares normativos del sistema legal para favorecer intereses particulares. Denunciados los hechos, los antecedentes de sus actuaciones pasaron a la Justicia y culminaron en procesamientos con y sin prisión. En todas y cada una de las filas políticas, sin excepción, hay y habrá, inapelablemente, quienes no estén a la altura de sus responsabilidades. Sus conductas son inherentes a la condición humana y, por lo tanto, siempre constituirán una amenazante espada de Damocles para la construcción colectiva. Esta actuación de quienes ocupan una función con poder de mando en la estructura estatal se encuadra en el modo de tomar decisiones que dañan el recurso más importante del propio sistema de gobierno: su legitimidad y transparencia.
La administración pública es una actividad o función indispensable en un estado de derecho. La constatación de estos procedimientos administrativos irregulares deja en evidencia que no es correcto adoptar soluciones que coliden con los principios esenciales de cada sistema. Estos componentes comprenden a las instituciones políticas y de gobierno, incluido su relacionamiento con la administración pública y los fines de interés público. En definitiva, el elemento institucional, el organizativo y el funcional conforman el soporte básico de la administración pública organizada en un régimen democrático.
En setiembre de 2003, ante la pregunta ¿el FA se ha ido vaciando de contenidos éticos, ha ido perdiendo grandeza y ganando soberbia?, el general Liber Seregni respondió: “Sí. La gran y tremenda diferencia que tuvo la izquierda, genéricamente considerada, y que tuvo el FA siempre, fue un fuerte contenido ético. Aquella frase célebre que dice que el olor del queso del gobierno despierta apetencias que la gente no sabe. ¿Por qué? De una forma u otra, en todo grupo, incluso en cada uno de los sectores que integran el FA, la tendencia es a pensar en cuál es la porción de territorio que le corresponde para alambrarlo, e irlo alambrando desde ahora; es una realidad”.
En la interna del FA hay diferencias, discrepancias y distintas formas de participación. No debe sorprender, en una estructura que comparten coalición de partidos y movimiento en las bases, con un gobierno de alianzas heterogéneo ideológicamente y muchas veces con visiones opuestas. Los frentes políticos no son movimientos orgánicamente puros. Sus protagonistas son mujeres y hombres y se gestan en luchas internas, de ambiciones y enfrentamientos.
“Me tienen que dar algún cargo porque nunca robé”
La exigencia de responsabilidad política de la oposición al actual gobierno no es válida cuando la hojarasca en el ojo ajeno es denunciada por quien no la ve en el propio. En estos casos, la escrupulosa y engolada exigencia de responsabilidad es, asimismo, un atentado a la ética por quienes se presentan ante la opinión pública como sus más fervorosos defensores. Es propio del oportunismo táctico permanente. Ministros, parlamentarios y ediles, procesados en los gobiernos del doctor Julio María Sanguinetti conforman una larga lista de infractores que fueron a prisión. En ese contexto trascendió que un ex senador forista del Partido Colorado, cuando sus votos no le alcanzaron para continuar ejerciendo como legislador, señaló: “A mí me tienen que dar algún cargo porque nunca robé” (sic). En la presidencia del doctor Luis Alberto Lacalle, altos dirigentes del Partido Nacional denunciaron actos de corrupción de varios de los colaboradores más cercanos al gobierno blanco. Algunos de sus integrantes fueron procesados con prisión por la Justicia.
Tiempo de decisión
El Plenario Nacional del FA tiene la palabra. Sus decisiones, obvio es señalarlo, marcarán discrepancias y dejarán, probablemente, un sabor agraz entre sus militantes y adherentes. Sin embargo, es muy factible –y así debería ser por mandato histórico– que la expulsión del FA del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, cuente con el voto unánime de los frenteamplistas. Toda conducta es mensurable éticamente.
Miguel Aguirre Bayley es escritor.