Imaginen por un momento que la Estación Central General Artigas nos es devuelta a su uso como terminal de pasajeros. Que, aprovechando sus amplios espacios, su apropiada relación urbana, su imagen icónica de edificio público, nos es devuelta condensando pasado y futuro, convertida en una estación multimodal que incorpore al ómnibus de corta distancia y que funcione también (quizá en el nivel superior) como terminal de cruceros, conectándose con los muelles cercanos. Esto implicaría una apuesta por resarcir una cantidad de errores del pasado, con el edificio pero también con la ciudad y su puerto, e iría en dirección de la trunca recuperación del uso barrial que nos fue prometido. El consiguiente traslado de la Terminal Baltasar Brum (TBB) detendría la insólita precarización del suelo urbanizado que hoy sucede en su entorno. Pero además esta idea es compatible con el Proyecto Urbano de Detalle Acceso Norte, aprobado por la Junta Departamental de Montevideo, hoy vigente y lentamente en marcha.

Una idea como esta (aclaro que no la creo ni la mejor ni la única) simplemente es buena porque funciona en términos del deseo, de lo que los ciudadanos y habitantes de Montevideo esperamos y deseamos de nuestro ambiente, al que debemos proteger y mejorar. El problema es que, con lógica, nos es muy fácil comprender y defender aquello que constituye la parte natural del medio, pero nos resulta muy difícil de aplicar al medioambiente urbano –paradójicamente, el que más habitamos–. Y así como existe un paisaje natural, también existe el paisaje urbano, que es mucho más complejo y rico, porque implica el abordaje de la dimensión humana. Resulta muy llamativo lo breve que suele ser este capítulo en los informes ambientales que preceden los permisos de grandes obras, como las del puerto. Parece, nuevamente, que la ciudad o no cuenta o no sabemos comprenderla.

Esta idea del deseo está muy ligada a la del derecho a la ciudad, desde Henri Lefebvre a David Harvey; a la de ciudadanos como verdaderos agentes constructores de su ambiente, del empoderamiento de los habitantes de ese paisaje urbano y, sobre todo, de aquellos organizados que no disponen del poder económico para incidir en la planificación desde la inversión del capital. Esto, entre otras cosas, implica el respeto a los planes aprobados como pacto con la ciudadanía; no es poca cosa.

Ocurre algo similar con el caso del Proyecto de Detalle Cinta de Borde Bella Vista-Capurro (Decreto 33.066), que incluía la recuperación de los barrios mencionados y el enriquecimiento de su posición estratégica como balcón de la ciudad a la bahía y como conector del puerto fluvial con los accesos norte, este y oeste de la ciudad. Es decir, el proyecto integra soluciones de accesibilidad a la ciudad y reordenamiento del puerto con los deseos de los ciudadanos. Incluso llegaron los anuncios para las obras de la nueva terminal de Buquebus en la línea del plan.

Pero entonces están las bestias... Nuevamente el problema es que a la trabajosa lógica de acuerdo y participación ciudadana, con diversas consultas, reforzadas por el tercer nivel de gobierno, se superpone la lógica del capital y la inversión, el número mágico de las fuentes de trabajo que lo justifican todo (mientras lleguen a tiempo para las próximas elecciones). Y en esa lógica, donde la ciudad deteriorada no es más que un pentagrama vacío, el interés del capital justifica, por ejemplo, el viaducto al puerto o la ocupación y el derrumbe de las manzanas del entorno de la TBB. Lo curioso es que ambas lógicas han sido sostenidas por la misma izquierda en el gobierno y, tal parece, que la segunda va camino a destruir a la primera, aunque se diga lo contrario.

Ahora aparece nuevamente un cambio de rumbo (omitamos las ocultas razones), y la terminal de pasajeros se propone, a impulso privado, trasladar fuera de la protección de la bahía, hacia el dique Mauá, lo que inevitablemente traerá importantes alteraciones que no han sido suficientemente estudiadas, en un contexto protegido y protegible, amenazado por el capital a convertirse en otro lugar de desplazamiento. Nuestra ciudad, en los papeles y discursos, apuesta por retornar a la trama densa y policlasista, y no al capricho de la plutocracia. Esta nueva genialidad, además de los alarmantes problemas sobre la propiedad, por su singular ubicación al borde de la patrimonial Rambla Sur, requeriría un proyecto de alta calidad arquitectónica y ambiental, además de la aprobación ciudadana. Este reclamo no es nada nuevo ni estrafalario. Recordemos el tristemente abandonado proyecto para la ampliación del Banco República en la Ciudad Vieja, que recorrió un camino ejemplar de cómo obtener la mayor calidad arquitectónica, con un procedimiento validado, ajustado a la planificación y el acuerdo ciudadano, que apuesta por el ambiente urbano, la recuperación patrimonial de la trama urbana, de sus vestigios arquitectónicos y la revitalización del entorno. Esto a la administración central le pareció un lujo innecesario, pero ahora avanza con nefastas obras bastante más onerosas, sin ninguna validación más que la del capital privado, agresivas con el paisaje urbano y la consolidación barrial.

Con la aprobación de la iniciativa de enajenación del dique Mauá en el Senado, el Parlamento ha sido, al menos, poco sagaz al secundar a un Ejecutivo que está cumpliendo un triste papel en este asunto, al borrar con la calculadora lo que, con ladrillos e historia, ha persistido por años. Parecen muchos los que, o bien no están cumpliendo con su tarea, o bien miran para el costado. El Ministerio de Turismo debería preocuparse por proteger los valores de Montevideo como destino, enfatizando en su paisaje urbano. El de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debería velar por una planificación que apueste por el barrio como espacio de convivencia y desarrollo social. E incluso al de Economía y Finanzas debería alarmarle la liviandad de argumentos y estudios económicos que sostienen las propuestas que impulsa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A este último le corresponde pensar una estrategia de proyecto que incluya bastante más que el apagón logístico y el lucro del privado.

Finalmente, la Intendencia de Montevideo tiene dos tareas pendientes: una legal, que implica defender los planes aprobados (que en el departamento son ley), y otra moral, que implica cumplir con el compromiso ante la ciudadanía involucrada una vez que los planes se aprueban. Y este es un claro ejemplo del alejamiento de los dirigentes respecto de las bases y la militancia del que tanto se habla. Las omisiones en este asunto son tan graves que comprometen la confianza ciudadana ante cualquier aspiración a mayores responsabilidades políticas. Esperemos que tomen nota.

Javier Márquez es arquitecto.