Dique Mauá, Museo del Tiempo, ciencia y sociedad

En pocos días pasamos de las idas y vueltas del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, de que sólo era una idea y no un proyecto, al chantaje de Juan Carlos López Mena de que si no le venden los terrenos públicos no gastará tiempo en hacer otro proyecto. Queda así planteada una falsa disyuntiva: reinan las ratas en ese predio público o se aprovecha la propuesta del mediático empresario. Quien, al decir de su arquitecto asesor, aportará “una oportunidad única para que Montevideo pueda, por medio de una iniciativa privada, reinventar una nueva ciudad porque ese lugar, a tres cuadras de la plaza Independencia y de la Ciudad Vieja, necesita inversiones, actividad y turismo”.¹

De ese modo, los que tenemos reparos al proyecto nos transformamos en retrógrados, impedidores del progreso ciudadano y de una inversión que dará mucha mano de obra y que incluso puede “triplicar o cuadriplicar el número de turistas” que llegan al país. A ninguno de los periodistas invitados a la conferencia de prensa hecha en Buenos Aires se le ocurrió preguntar si los uruguayos queremos tener 12 o 16 millones de turistas anuales. Se podría subsanar esa falta y consultar ahora a las autoridades del ministerio respectivo y saber si está planteado como un escenario posible y deseable a mediano plazo. Se me ocurre que no y, si estoy en lo cierto, podríamos ir concluyendo que la propuesta del empresario no se enmarca dentro de una prospectiva de desarrollo turístico sustentable. Entonces, si se trata de tirar bolazos para justificar inversiones, el Estado no debiera ser cómplice.

En la práctica, la dicotomía entre ratas o puerto de Buquebus (y freeshop, hotel, shopping, casino, etcétera) levantada por autoridades nacionales y empresario, ha obliterado la posibilidad de pensar en lo que probablemente gran parte de los ciudadanos acordemos: a ese espacio público hay que darle un uso que, consistente con definiciones patrimoniales y de utilización de la franja costera, como reclama la Sociedad de Arquitectos, posibilite además una apropiación satisfactoria por parte de la comunidad, como propone el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Vecino montevideana.

Al cajón

Contrariamente a lo que se ha sostenido, hay antecedentes cercanos para poner en valor esos terrenos. Estando aún bajo concesión de Petrobras en 2007, se había solicitado como contrapartida la construcción de un centro cultural. Cuando la empresa se retiró del negocio del gas, los terrenos volvieron a manos del Estado así como el proyecto de museo que se había elaborado. Se creó una comisión de articulación interinstitucional con la participación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), del Ministerio de Industria, Energía y Minería (los terrenos pasaron a su poder), la Intendencia de Montevideo, la Universidad de la República y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que funcionó a partir de 2011. Se obtuvo cooperación española y con base en su trabajo anterior, y apoyo de un técnico de renombre internacional (que había liderado el Museo Nacional de Arte de Cataluña, premiado como el mejor de Europa en 2006), el estudio Giordano-Lorente adecuó la propuesta arquitectónicamente dando lugar al proyecto de Museo del Tiempo. El alcance y los detalles de la propuesta pueden conocerse en www.museodeltiempo.org.uy. Se comprueba allí también que en diciembre de 2014 estaba en marcha una convocatoria para avanzar en su financiación con el procedimiento de participación público-privada (PPP). El costo estimado era de 14 millones de dólares.

Si bien es una cifra importante, corresponde dimensionarla en relación a ciertas definiciones políticas efectuadas en esa época. Me refiero al compromiso firmado en 2014 por Tabaré Vázquez junto a los otros presidenciables sobre un “incremento gradual del presupuesto anual de Ciencia y Tecnología en el quinquenio, por ejemplo de un 0,1% del PBI, hasta alcanzar un 1% al final del próximo periodo”. Eso significaba ir aumentando anualmente la cifra base de 234 millones de dólares, ejecutados ese año, en unos 50, 60 millones por año. Si bien era correcto buscar su cofinanciación, no resultaba descabellado ni descontextualizado plantearse su construcción en dos o tres años.

Otra cosa es si se está de acuerdo o no con la propuesta. Eso es muy válido, pero en todo caso habría que fundamentarlo, y en forma sincera y seria. La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, enterró el proyecto de modo brusco apenas asumió la cartera en 2015: “Se va a hacer si se consigue financiamiento, no se va a hacer con presupuesto y tampoco hay apuro. No está dentro de las prioridades para nada”, sentenció al respecto. Desconocía así que el “popularizar los avances científicos tecnológicos y favorecer la apropiación social del conocimiento” –uno de los fines de un museo de ciencias– formaba parte de una de las tres grandes prioridades del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, casualmente, estaba colgado en la página web de su ministerio. Poco tiempo después, López Mena iniciaba su periplo para obtener su propio puerto en ese sitio.

Edgardo Rubianes fue presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.