Más de 100 nutricionistas se reunieron el 12 de noviembre para compartir los avances en materia de alimentación y nutrición con aportes de todo el país. Analizaron las propuestas del Plan Nacional de Alimentación presentado por Daniel Martínez y aprobaron una declaración de apoyo a dicho plan. Este colectivo autoconvocado en pocos días se sumó a los demás trabajadores de la salud que se movilizan en apoyo a Martínez.

El 16 de octubre, la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República convocó a los partidos a exponer sus propuestas, enviando a cada uno el documento sobre el Derecho a la Alimentación acordado en el Diálogo Social de 2016. Miguel Fernández Galeano por el Frente Amplio (FA) y Valentina Rapella por el sector Ciudadanos del Partido Colorado aceptaron el desafío. Hubo omisión absoluta del Partido Nacional y también del programa de los coaligados.

El FA presentó un diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional, y un Plan Nacional de Alimentación. La primera constatación es que los uruguayos tenemos mayor acceso económico a los alimentos, por aumento de los ingresos de los hogares y descenso de la pobreza y la indigencia. Eso no es menor en un continente en el que el hambre y la pobreza vuelven a crecer.

El sobrepeso y obesidad son una pandemia, así como el incremento de las enfermedades asociadas, como cáncer, cardiovasculares, cerebrovasculares y diabetes, que causan 60% de las muertes en Uruguay. El sobrepeso y la obesidad alcanzan a 64% de los adultos y también se ven en niños y adolescentes. Los casos de hipertensión también aumentan, debido al elevado consumo de sodio. Existen problemas de malnutrición por déficit en niños: anemia nutricional y baja talla respecto de la edad. Uruguay y toda América Latina han tenido un aumento exponencial del consumo de productos con exceso de sodio, grasas y azúcares, relacionado con los cambios en los estilos de vida y con agresivas campañas comerciales y publicitarias.

Frente a esta situación se ha realizado un conjunto de acciones de política pública. El colectivo de nutricionistas destaca 35 avances, entre ellos la promoción de la lactancia materna, la Ley 19.140 de alimentación saludable en centros educativos, la Guía Alimentaria, el Diálogo Social sobre Alimentación, el etiquetado por excesos en sodio, grasas y azúcares (Decreto 272/018), las leyes sobre compras públicas a la agricultura familiar y la pesca artesanal (19.292) y de promoción de la agroecología (19.696).

Martínez plantea dar un nuevo impulso a una política de Estado en alimentación, desde la producción a la comercialización y el consumo. Es uno de los principales objetivos sanitarios del país. Los principales compromisos del plan son:

  1. Poner énfasis en la embarazada, la lactancia materna, la alimentación en la primera infancia y la infancia, dentro de una estrategia para todo el ciclo de vida, porque sabemos que cada etapa condiciona las siguientes.
  2. Jerarquizar el rotulado de productos con exceso de sal, azúcar y grasas como estrategia para promover un cambio cultural en los consumos. Se estimulará el consumo de alimentos saludables, como frutas y verduras de estación, asegurando su accesibilidad y promoviendo la comida casera.
  3. Regular la publicidad de alimentos orientada a la infancia y adolescencia y a la población en su conjunto, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS). Se actuará para evitar publicidad engañosa que induzca a conductas no saludables.
  4. Consolidar un Sistema de Gestión de Alimentos que garantice la inocuidad de los productos, entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, asegurando un registro único de productos, un sistema de vigilancia bromatológica que pueda actuar rápidamente en casos de enfermedades transmitidas por alimentos y un control riguroso y transparente de residuos de plaguicidas. Se promoverá la trazabilidad de los alimentos desde el campo a la mesa, brindando seguridades a la población consumidora y la exportación.
  5. Impulsar la producción familiar de alimentos en lo agropecuario y en la pesca artesanal. Apoyo al desarrollo de huertas urbanas, escolares y comunitarias.
  6. Los modelos de producción de alimentos deben garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales y evitar la contaminación ambiental. Avanzaremos con el Plan Nacional de Agroecología. Las políticas alimentarias se articularán con las referidas al cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible.
  7. La industrialización de alimentos es importante hacia la seguridad y soberanía alimentaria, por eso debe reformular los productos reduciendo los excesos de sodio, grasas y azúcares, apoyándose en la investigación científica.
  8. Tomar medidas económicas que favorezcan conductas alimentarias saludables, desestimulando el consumo de productos con exceso de grasas, azúcar y sodio, y promoviendo el consumo de frutas y verduras.
  9. Promover la disponibilidad y accesibilidad a alimentos necesarios para personas con patologías como la celiaquía y la diabetes, para hacer efectivo su derecho a la alimentación adecuada.
  10. Establecer un sistema nacional de rotulación obligatoria de los alimentos genéticamente modificados, como el vigente en 60 países y varios departamentos del país, para que la población ejerza su derecho a estar informada.
  11. Reconocer los emprendimientos que promuevan una alimentación saludable, apoyando la gastronomía uruguaya, rescatando saberes y sabores, incentivando su disponibilidad para la población.
  12. Construir un entramado de participación social en la materia, con redes territoriales que permitan desarrollar las fortalezas locales. Encuentros con la comunidad organizada y congresos de alimentación para evaluar la marcha del plan.
  13. Avanzar en un Programa Nacional de Residuos de Alimentos que permita reducir las pérdidas y desperdicios a lo largo de toda la cadena productiva. Reducir, rediseñar, reutilizar y reciclar son claves para una planificación más eficiente.
  14. Crear un Sistema Nacional de Alimentación que articule las instituciones nacionales, departamentales y municipales, así como los actores sociales involucrados mediante la aprobación de la Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional.

Este plan es la profundización de 15 años de trabajos, decretos y leyes. Las estrategias deben ser monitoreadas y evaluadas, conociendo su impacto y definiendo su proyección futura.

El lema “Alimento sano, seguro y soberano” es utilizado por organizaciones sociales de América Latina. Las nutricionistas con Martínez lo han integrado porque son principios básicos que nos comprometen.

Sano: que tenga los nutrientes necesarios para mantener la salud y que esté libre de nutrientes que causen enfermedades a las personas.

Seguro: que todas las personas puedan acceder a cantidad y diversidad de alimentos con criterios de equidad, sin sustancias biológicas o químicas que impliquen riesgos para la salud o el ambiente.

Soberano: que vincule a los consumidores con los productores dando respuesta a las necesidades de las personas.

El plan cuenta con el apoyo del colectivo de nutricionistas, lo que es una garantía de mejores resultados. Este colectivo considera: “Trabajar para que toda la población acceda a alimentos sanos, seguros y soberanos es luchar por la justicia social, por la convivencia, por el desarrollo sostenible, por la igualdad, por la vida, por una sociedad humanizada que garantice la cobertura de necesidades básicas de todas las personas, reconociendo a la alimentación como un derecho humano fundamental que integra el conjunto de Derechos Humanos”.1

Zenia Toribio y Elisa Bandeira son licenciadas en Nutrición, Pablo Anzalone es licenciado en Ciencias de la Educación.


  1. Extraído de la Declaratoria de las Nutricionistas con Martínez. Disponible en ladiaria.com.uy/UZe