Educación: entre la generalidad opositora y las propuestas concretas

Hace unos días, la reciente coalición electoral liderada por el herrerismo nacionalista y que aglutina a fuerzas dispares y hasta contrapuestas (entre ellos, los autodenominados batllistas colorados, oficiales militares con seguidores neonazis, ex integrantes de la socialdemocracia, etcétera) dio a conocer un documento titulado “Compromiso por el país”. La combinación de esos elementos tan dispares se tradujo en un texto lleno de vacíos. Grandes titulares que poco nos dicen sobre las acciones que pretenden llevar adelante. Incluso, un primer documento, más preciso en algunos puntos, pasó a ser un borrador porque explicitaba algunas acciones difíciles de articular entre tanta incompatibilidad. El único gran acuerdo que muestra la coalición electoral de oposición es su deseo de “sacar” al Frente Amplio del gobierno.

En el capítulo sobre educación se plantea transformar la educación, ya que “el país enfrenta una emergencia educativa”. Sí podemos decir que hay enormes desafíos y que la reducción de las brechas se ha hecho a un ritmo bajo, pero apelar a la crisis parece más un golpe de efecto, o bien la educación siempre estuvo en crisis. El presupuesto más alto de la historia destinado a educación (lo que muestra en una voluntad política de fortalecer un área olvidada en los gobiernos de coalición colorada y blanca), la mayor cantidad de personas estudiando en la historia del país, una enorme expansión de la cobertura en primera infancia, la descentralización de la oferta educativa... No sigo. Emergencia, seguro que no; profundizar transformaciones en curso, de acuerdo. Sin embargo, las propuestas no tienen nada de transformadoras. Podrían resumirse las iniciativas presentadas en tres grandes grupos: las creadas y desarrolladas durante los últimos 15 años y que han mostrado resultados muy positivos; aquellas que, dadas su vaguedad y falta de contenido, son imposibles de analizar; y una tercera categoría en la que se atenta contra la autonomía del sistema educativo y del rol docente.

Veamos algunos ejemplos.[^1] Cuando comenzamos a leer el documento, la primera propuesta que aparece es “Ampliar la cobertura, profesionalizar y fortalecer la atención a la primera infancia...”. Uno se pregunta si esta gente está viviendo en Uruguay, que es una referencia en políticas de primera infancia para América Latina y al nivel de los países desarrollados. En 15 años de gobierno del Frente Amplio (FA) se ha alcanzado el objetivo de universalizar la asistencia de niñas y niños de cuatro y cinco años. Estamos avanzando a un muy buen ritmo en el nivel de tres años, en el que se ha pasado de una cobertura de 46% en 2006 a 75% en la actualidad. Además, se acorta la brecha entre sectores económicos, se mejora la calidad de la propuesta por medio del impulso a la formación en servicio de los docentes y se amplía la oferta profesional con la creación de tres carreras específicas (Asistente Técnico de Primera Infancia, Maestro de Primera Infancia y Educador en Primera Infancia). Hoy existen 195 jardines públicos distribuidos por todo el país, y en los últimos años se han creado más de 200 CAIF [Centros de Atención a la Infancia y la Familia] que atienden a niños y niñas desde sus primeros meses de vida. Desde 2014 funciona el Marco Curricular de Atención y Educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a los seis años.

Algo similar se plantea con la extensión del tiempo pedagógico. Desde 2005 no han parado de multiplicarse los jardines (con el impacto en la cobertura mencionado), las escuelas de tiempo completo (de 104 escuelas en 2005 a 220 en 2018, y 49 de tiempo extendido)[^2] y desde 2012 la creación de liceos de tiempo completo y extendido. Y ya está presupuestada la construcción de más centros en esta modalidad.

Otro punto que se pretende reforzar es la Universidad Tecnológica (Utec), nos dicen, “apostando a la creación de nuevas carreras tecnológicas”. Bienvenida la preocupación, pero la Utec fue una creación del FA (con el apoyo de la mayoría del Partido Colorado y algunas facciones blancas, pero con la oposición herrerista) que sigue ampliando su oferta en cada rincón del país y aumentando la matrícula año a año, descentralizando las propuestas académicas en relación con la producción de cada región.

También nos proponen “profundizar la alianza estratégica entre tecnología y educación”. Hay que avisarles que el Plan Ceibal fue iniciativa del primer gobierno del FA. Lejos de los “idiotas informáticos”, la utopía de llegar con una computadora a cada niña, niño y joven de nuestro sistema educativo es una realidad consolidada que ha transformado los procesos de aprendizaje, reduciendo las brechas digitales producto de las desigualdades económicas, en un movimiento que ha demostrado una enorme capacidad transformadora. Otras “innovaciones” pasan por “impulsar” el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), cuando se trata de una institución evaluadora independiente que existe gracias a la Ley de Educación redactada por el FA. O “integrar a las familias al proceso educativo”, circunstancia ya prevista a partir de los Consejos de Participación, que incluyen a las familias, actores de la comunidad y docentes. Algo similar ocurre con la modificación del Estatuto Docente, valorando la formación y la evaluación, además de la antigüedad. Este sistema de pasaje de grado ya funciona en la órbita del Consejo de Educación Inicial y Primaria y fue aprobado por el Consejo de Formación en Educación, defendiendo los concursos por oposición y méritos. Las herramientas ya existen, no aparecen las novedades.

Sobre la mención a una necesaria “Reforma curricular que abarque la educación desde los tres años hasta los 18 años, y que se fundamente en la formación por competencias”, me gustaría hacer dos apreciaciones. Primero, sobre la falsa dicotomía entre contenidos y competencias que se recoge de la propuesta de Eduy21, decir que la adquisición de conocimiento siempre está ligada a la incorporación de herramientas. Lo peligroso de esto es el discurso que esconde el vaciamiento de contenidos. Además, el actual Marco Curricular de Referencia Nacional establece el perfil de egreso con los aprendizajes básicos que se deben adquirir para terminar la educación obligatoria, con los escalones previos en tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria.

Lo mismo ocurre con la propuesta de ir hacia una “educación inclusiva”. Nos proponen generar una educación inclusiva cuando se viene haciendo con diferentes políticas desde hace 15 años, profundizándose, por ejemplo, con la creación de la Dirección Sectorial de Integración Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), instalada en mayo de 2015. O fortalecer las Asambleas Técnico Docentes (ATD) “como ámbitos de reflexión y propuesta educativa”. Esa afirmación es una descripción de la realidad. Las ATD funcionan como ámbito de reflexión y propuesta educativa.

En cuanto a las propuestas de “formación dual”, que no es aclarado en su funcionamiento, decimos que son experiencias ya existentes en nuestro sistema educativo; tal es el caso del plan de Formación Profesional Básica del Consejo de Educación Técnico-Profesional de la Universidad del Trabajo. La misma situación ocurre cuando impulsan la “formación técnico-profesional” destinada a “jóvenes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan”.

“Instalación de centros modelo [...] en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP”. Aquí tenemos un punto poco claro planteado por la coalición electoral. Para el próximo quinquenio ya están presupuestados 200 nuevos centros en todo el país atendiendo carencias edilicias en las localidades en donde más se necesitan. Lo que resulta muy poco claro es la referencia a la “nueva modalidad” que se menciona. ¿Tendrá que ver con los ‘liceos modelo’ planteados por Ernesto Talvi? ¿La “nueva modalidad” incluirá la participación privada al estilo del liceo Impulso, en el que se condicionan el ingreso y la permanencia en la institución?

En cuanto a la formación docente de carácter universitario planteada por la oposición, es una propuesta que el FA ha llevado al Parlamento en tres ocasiones y no se ha aprobado por la negativa de muchos de los que suscriben esta propuesta de la coalición electoral.

A nivel de la gobernanza pretenden transferir la conducción del sistema educativo al Ministerio de Educación y Cultura. Esta medida, planteada en el Libro abierto de Eduy21, menoscaba la autonomía del sistema educativo quitando atribuciones a la ANEP, a la Universidad de la República (Udelar) y a la Utec, restringiendo la libertad de acción y trasladando la dirección política directamente al Poder Ejecutivo. Junto a esto se habla de mantener los consejeros electos por los docentes en el Consejo Directivo Central, pero sin aclarar cuál será su rol. Recordemos que en el borrador presentado con anterioridad se establecía la participación de los consejeros, con voz pero sin voto.

Entre todas estas propuestas, para nada transformadoras ni innovadoras, surgen dos que generan alarma. Una de ellas establece el “fortalecimiento de los centros educativos”, de la que en ningún momento se aclaran los alcances. Ante esta falta de aclaraciones, el programa del Partido Nacional indica que una de las modalidades para dotar de mayor autonomía a los centros será otorgar a los directores la potestad de seleccionar a los docentes. Creemos que esta medida conlleva una práctica de clientelismo muy perniciosa para el sistema educativo.

El otro punto que genera un llamado de atención dice: “Asegurar la efectiva vigencia del principio de laicidad en la educación pública”. Ante esta afirmación debemos aclarar que el principio de laicidad está garantizado en nuestra Constitución como uno de los elementos estructurantes de nuestro sistema educativo. Existen las sanciones administrativas para aquellos que incumplan la normativa. Cuidado con confundir laicidad con mordaza intelectual, sobre todo cuando el programa de Luis Lacalle Pou afirma que se debe reformular el concepto de libertad de cátedra.

Vamos por más

A las medidas puestas en práctica en estos 15 años de gobierno del FA les sumamos diez medidas concretas para desarrollar en el próximo quinquenio. La primera consiste en seguir andando el camino recorrido para consolidar la universalización de la cobertura en tres años, meta que está muy próxima a cumplirse. Igual objetivo, pero adecuado a otra realidad, es la pretensión de universalizar la educación media básica en los siguientes cinco años y la educación media superior en un plazo de diez años. Para esto se prevé una reforma del bachillerato que contemple un mayor grado de navegabilidad y la acreditación de saberes, profundizando los planes para la culminación de estudios de jóvenes y adultos, que tan buenos resultados han mostrado en estos años.

Otra de las fortalezas que muestra nuestro sistema educativo es la extensión del tiempo pedagógico. Seguimos apostando a esta modalidad, expandiendo la cantidad de centros que ofrecen un horario extendido. Vamos a multiplicar los jardines, escuelas y liceos con mayor tiempo presencial, sumando más Centros Educativos Asociados y profundizando el Programa de Maestros Comunitarios.

Esto será acompañado por la extensión del Plan Ceibal a toda la enseñanza secundaria, incorporando a los últimos años de la educación obligatoria. Impulsaremos cinco polos lingüísticos regionales consolidando la universalización de la enseñanza del inglés, con el objetivo de que los egresados de educación media lo hagan, al menos, con un nivel intermedio. En el marco de las políticas de convivencia y seguridad daremos especial importancia a la educación en contextos de encierro, apuntando a dotar de una formación específica a los docentes para esta tarea y haciendo hincapié en la reinserción de las personas privadas de libertad. Debemos, de una vez por todas, dar carácter universitario a la carrera docente con su correlato de una formación en docencia, investigación y extensión. Al mismo tiempo, vamos a fortalecer la formación de posgrados y a generar una reorganización escalafonaria que reconozca las trayectorias. Esto debe ir de la mano de un nuevo perfil del cargo docente que incluya las horas de docencia indirecta para investigar, trabajar en coordinación con los pares y acompañar a los estudiantes.

Es necesario seguir avanzando en la descentralización de la Udelar y la Utec. El aumento de la demanda actual nos compromete a continuar la labor iniciada, generando una mayor oferta de cupos y carreras en todo el interior de la República, pero también en Montevideo, en donde las tasas de egreso de la educación media superior han comenzado a presionar.

Esos dineros que “malgastamos” y “despilfarramos” en educación han sido la base del proceso que nos permite brindar el Plan Ceibal, el aumento de la cobertura, el crecimiento en la culminación de los ciclos educativos, la extensión del tiempo pedagógico, los planes para la finalización de cursos para adultos y desvinculados del sistema, la creación de la Utec, la descentralización de la Udelar... Para la oposición esto se llama “emergencia educativa”. Para nosotros y para cada uno de los beneficiarios de estas concreciones se llama mejora en la calidad de vida, oportunidades de futuro. Esa es una de las principales diferencias entre los dos modelos que están en juego el domingo. La sensibilidad a la hora de desarrollar las políticas sociales hace la gran diferencia. El domingo vamos con Daniel Martínez por un nuevo gobierno del FA, para seguir construyendo entre todos y todas ese país más justo que soñamos.