En los últimos años Uruguay ha atravesado cambios sociales y culturales que han puesto sobre la mesa nuevos temas de discusión y visibilizado conflictos que la agenda política había dejado de lado hasta el momento. Uno de ellos es el de nuestro vínculo social con los demás animales y la gestión de políticas públicas que el Estado realiza y/o debe realizar en torno a él. Ya en 2014 los movimientos sociales hacían un fuerte trabajo político en el impulso de normativas que garanticen la protección de los animales no humanos en nuestro país. Como resultado de este, en 2009 fue aprobada la actual Ley 18.471, de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, que se mantuvo sin reglamentación hasta 2014. Sin embargo, en las pasadas elecciones nacionales el bienestar animal no constituía un aspecto relevante para la política partidaria y fueron nulas las expresiones públicas al respecto durante la campaña, en tanto que los programas de gobierno de las fuerzas políticas mayoritarias no dedicaron siquiera una línea a la consideración de la problemática.

Desde entonces, los movimientos sociales de defensa animal se han fortalecido, diversificado y aumentado significativamente en número y visibilidad, haciendo que la agenda política de los diferentes partidos no permaneciera ajena a sus reivindicaciones. En este período de aciertos y desaciertos el conflicto se instaló e interpeló toda gestión y legislación de impacto en la vida animal. En algunos caso de mayor notoriedad, la discusión giró en torno al traspaso de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en 2016. Una vez allí, cambió su nombre a Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) y su perspectiva de gestión giró en torno del manejo y control de animales, en lugar de su protección y bienestar, como establece el artículo 1º de la Ley 18.471 que le da origen. En otros, destacó la prohibición de carreras de galgos en 2018, realizada por decreto presidencial en consideración de la crueldad que estas implican, el mismo que fue acompañado por la presentación de un proyecto de ley de prohibición, en respuesta positiva a una fuerte campaña social en defensa de los galgos.

No es necesario retroceder mucho en el tiempo para notar el cambio de percepción sobre las reivindicaciones animalistas en el mundo político. En el último período se formó la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal en la Cámara de Diputados, que dio tratamiento a un importante número de proyectos de ley, presentados por legisladores del Partido Colorado, el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA). A nivel partidario la causa animalista cobró relevancia y se hizo escuchar desde varios lados: de la mano del legislador suplente Gastón Cossia y del diputado Martín Lema, del PN; con la conformación de la subcomisión de Bienestar Animal en el FA como parte de su área de asuntos sociales, integrada por todos los sectores del partido; y, finalmente, con la fundación del Partido Verde Animalista, que pretende recoger la mirada social sobre ecología y protección animal.

Actualmente, varios programas de gobierno han incorporado, desde diferentes perspectivas, líneas de acción sobre políticas públicas de bienestar animal. Sin embargo, de cara al balotaje algunas modificaciones y declaraciones resultan preocupantes. El FA presentó su programa único de gobierno en febrero de 2019, previo a las elecciones internas, bajo la consigna de que su hoja de ruta es una sola, independiente de quién fuera el precandidato electo, y un compromiso a desarrollar bajo la impronta propia de aquel que se consagrara presidenciable. En lo relativo al bienestar animal, dicho programa recoge discusiones y trabajo de un gran número de militantes en la subcomisión de Bienestar Animal, entre los que se encuentran activistas animalistas, y coloca el tema en términos de protección y cuidado de los demás animales. Entre sus líneas de acción sorprende gratamente la presencia de propuestas como la “Prohibición de toda actividad humana con animales que genere maltrato, incite a la violencia y promueva ludopatías” (FA, Bases programáticas, p. 157), la necesidad de tipificar el maltrato animal como delito, o la incorporación de los equinos en las líneas de animales de compañía y no de producción.

Cabe recordar que en 2017 la nueva reglamentación de la Ley 18.471 excluye totalmente los artículos referidos a equinos, dejando las actividades que involucran a estos animales en un vacío de gestión, contemplados en la ley pero sin responsable para su cumplimiento. En este sentido, el programa oficial de la actual fuerza de gobierno parece visualizar el error. Algo similar sucede con respecto a la institucionalidad, en lo que se asume que “se requiere un rediseño institucional que, atendiendo la integralidad de su abordaje, priorice la intersectorialidad, articule a los distintos actores involucrados y coordine eficientemente los recursos del Estado” (FA, Bases programáticas, p. 156). Así, abre una puerta a la desaparición de la actual Cotryba, cuya gestión dista mucho de ser positiva, y genera la posibilidad de una institucionalidad con mayor alcance, que oriente su acción desde una perspectiva ética y hacia el fomento de un vínculo positivo entre humanos y demás animales.

Del dicho al hecho se abre un abismo que se profundizó recientemente con las palabras del candidato por el FA, Daniel Martínez, cuando en instancias del último debate presidencial afirmó no sentirse mandatado por el programa de su partido y tener libertad de acción, a pesar de compartir gran parte de lo allí planteado. A muchos ha decepcionado la ausencia, en este programa, de un Instituto de Bienestar Animal que, fuera de la órbita del MGAP, pueda gestionar la Ley de Tenencia Responsable y Bienestar Animal con un presupuesto apropiado.

Sin embargo, es algo a lo que se acercó el programa de gobierno del PN hacia las elecciones de octubre. Allí destaca el enfoque desde el cual es concebido el tema animal en tanto hace explícito el hecho de que “La seguridad y el bienestar que importan no son sólo los de los seres humanos, sino también los de aquellos seres con quienes compartimos el planeta [...] La insensibilidad o la indiferencia hacia el maltrato o el dolor pueden convertirse en una cultura” (PN, Programa de gobierno 2020-2025, p. 106).

Una mirada absolutamente novedosa y gratificante del PN, en el que ha predominado por mucho tiempo una concepción de los animales como productos, que da cuenta del impacto de los cambios sociales en la política partidaria. A pesar de ello, no sorprende la ausencia de referencias a la prohibición de uso de animales en espectáculos, ya que la defensa de tradiciones como jineteadas, raids y carreras de caballos continúa teniendo gran peso en filas del PN. Como contraparte, se puede leer en su programa la intención de avanzar hacia la erradicación de la tracción a sangre: “Montaremos un plan de sustitución progresiva de caballos utilizados para tirar de carros en centros urbanos” (PN, Programa de gobierno 2020-2025, p.109).

Finalmente, su área de Bienestar Animal se sustenta “sobre dos ejes programáticos: la creación del Instituto de Bienestar Animal y la reformulación de la Comisión de Zoonosis” (PN, Programa de gobierno 2020-2025, p. 107). En vista de ello, fue grande la sorpresa cuando, de cara al próximo balotaje, el PN hizo pública una nueva reformulación de su programa de gobierno en la que desaparece la figura de un Instituto Nacional de Bienestar Animal que proteja en su salud y bienestar a los demás animales y promueva un vínculo desde la ética y la convivencia. En su lugar , puede leerse un único énfasis en temas medioambientales que recuerdan a su programa 2014, con el plus de retomar la mirada productiva sobre los demás animales y mantener, en su único párrafo sobre el tema, la creación de “un Programa Nacional de Bienestar Animal en Sistemas Productivos” (Acuerdo multipartidario, p. 46).

Se mantiene también la creación de un Sistema Nacional de Salud para animales de compañía, que ya se desarrollaba en el programa anterior; sin embargo, resultan aspectos realmente preocupantes de estas modificaciones. Este nuevo documento surge de la conformación de una coalición entre el PN, el PC, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, y responde a la negociación entre los enfoques de cada uno de ellos. El apartado de bienestar animal en términos de protección y cuidado presente en el programa hacia octubre de 2019 y celebrado por el movimiento animalista desaparece del acuerdo programático de cara al balotaje de noviembre, dando paso a términos ya conocidos, como el de “control de poblaciones (caninos y felinos)” (Acuerdo multipartidario, p. 46). Aunque esta modificación puede responder a múltiples causas, algunas declaraciones públicas como las realizadas por el candidato presidencial del PC, Ernesto Talvi, vuelven a poner en alerta a la sociedad civil sobre la gestión de la población canina en el medio rural. Ya en 2016 Tabaré Aguerre, en ese entonces ministro de Ganadería del actual gobierno, había llamado la atención sobre la necesidad de una nueva perrera, y el fantasma del rifle sanitario para estos perros nunca desapareció. Actualmente la propuesta vuelve a estar sobre la mesa en las recientes expresiones de Talvi y del candidato presidencial del Partido Ecologista Radical Intransigente, el diputado electo César Vega.

Frente a discursos y posturas tan cambiantes de un lado y del otro, el único piso parcialmente firme sobre el que los ciudadanos, como agentes políticos, podemos fundar nuestras elecciones, son las promesas en forma de programa de gobierno.

Hoy el panorama es ampliamente más alentador que en años anteriores, pero, independientemente del partido que asuma el nuevo gobierno, lejos de haber logrado garantías en el respeto a los demás animales, a partir del 1º de marzo de 2020 la sociedad ha de adquirir mayores responsabilidades, exigir el cumplimiento de las promesas y defender cada paso dado en nombre de los derechos de todos. Lo animal también es político.

Rita Rodríguez es directora de la ONG Trato Ético Animal.