Si bien el oficialismo obtuvo una importante votación en octubre, que lo colocó como primera fuerza política del país, hubo un discurso liberal-conservador –con rasgos autoritarios y populistas– cuyo éxito electoral se ve reflejado en la conformación del nuevo Parlamento: más conservador, con representaciones corporativas y aun machista. Me interesa señalar cuatro aspectos constituyentes de ese discurso: la inseguridad; el miedo a los pobres; la necesidad de supuestas garantías democráticas; y la derechización de la oferta electoral.

En materia de inseguridad, el alto respaldo de los uruguayos a la reforma Vivir sin Miedo indica, entre otras cosas, que para muchos amerita flexibilizar derechos como el de la inviolabilidad del hogar. La eficacia de años de campaña mediática, sumada a errores de gestión y de comunicación cometidos por el gobierno, propiciaron un discurso efectista para debilitarlo y fortalecer a la oposición, cuyas propuestas han sido, al menos, demagógicas, facilistas y regresivas. ¿Quién va a ponerle el cascabel al gato? Y sobre todo, ¿cómo va a hacerlo?

En segundo lugar, la construcción de un supuesto enemigo interno, cuyas condiciones materiales parecerían voluntarias y su falta de valores amenaza nuestra seguridad, también ha dado sus frutos. La idea de un Estado controlador que ahoga, en términos impositivos, tanto a las empresas que dan trabajo como a la población, principalmente a la nueva clase media, para mantener a los “pichis” fue calando en el sentir de muchos uruguayos, que ven en los pobres la mayor amenaza. Perversamente, de esta dicotomía entre pobres y “gente de bien” se beneficiaron electoralmente los sectores más conservadores y reaccionarios. Sectores que entre sus principales preocupaciones no tienen la de construir una sociedad más integrada en términos sociales y económicos.

La alternancia de los partidos en el ejercicio de gobierno como garantía de calidad democrática fue otra de las líneas discursivas que propició el supuesto “cambio”. En esta coyuntura eso es, al menos, discutible. En primer lugar, el actual gobierno ha sido electo democráticamente en tres oportunidades. En segundo lugar, el sistema uruguayo exige una alternancia de dirigentes al no habilitar la reelección presidencial inmediata. Y en tercer lugar, quienes sostienen este discurso provienen de partidos políticos que gobernaron Uruguay desde 1830 a 2005.

Todo este discurso se condensó en la aparición de un nuevo partido de corte cívico-militar. La buena votación que obtuvo, reflejada en su importante representación parlamentaria, lo legitima como partido que se constituye como la expresión más a la derecha. Como si esto, tan terrenal, no fuera suficiente, desde la conducción del propio partido se ha sostenido que su caudillo, su líder, ha sido enviado por el mismísimo dios.

Resulta incomprensible cómo una coalición que pretende constituirse como opción seria de gobierno no presenta claramente su programa. Esto perjudica a la democracia.

Lo que está en juego

A lo largo de todos los gobiernos de izquierda, con aciertos y con errores, las políticas públicas han tenido como eje transversal la perspectiva de derechos. Desde las iniciativas consagradas como leyes en la denominada agenda de derechos, las relacionadas con el mundo de trabajo y la cultura, y otras más estructurales, como la reforma de la salud y la propia reforma tributaria, han tenido como principal objetivo el de generar condiciones de equidad para las grandes mayorías nacionales. Cabe mencionar también la inversión en educación. Todos estos aspectos no encuentran garantía de mantenimiento y profundización en la oposición. Entre otras cosas, porque no se ha dado a conocer cabalmente la propuesta programática de un eventual gobierno multicolor, ni los contenidos de su propuesta de ley de urgencia. Resulta incomprensible cómo una coalición que pretende constituirse como opción seria de gobierno no presenta claramente su programa. Esto perjudica a la democracia.

¿Alguien puede creer que una oposición obsesionada con sacar al actual partido de gobierno y sin propuestas va a defender los derechos de las grandes mayorías? ¿Van a ser protegidos los derechos de los pobres, los trabajadores, los jubilados, los estudiantes, los enfermos crónicos, los niños? ¿O van a serlo los de los privilegiados de siempre?

Si bien en términos económicos la situación es mejor que hace 15 años, las nuevas políticas parecen no haber calado lo suficiente en una población que se encuentra descontenta, con aparente desmemoria y con nuevos reclamos. No tiene sentido culpar a la gente o a los políticos. Por diversas razones, legítimas muchas de ellas, la gran grieta es entre la gente y la política; muchos la ven como algo lejano, abstracto. Sin embargo, todo esto es política. En un país dividido entre quienes reconocemos y defendemos los derechos adquiridos y quienes están dispuestos a ceder esos derechos en nombre del cambio y por un supuesto bien mayor, nos enfrentamos al enorme desafío de comprender lo que está en juego y tenemos la oportunidad de no hipotecar todo.

Confío en que lograremos hacerlo y no dejaremos avanzar a este Frankenstein.

Federico Sequeira es docente e investigador en políticas culturales en el Centro Universitario de la Región Este (Udelar).