En las primeras manifestaciones públicas del presidente electo, Luis Lacalle Pou, tanto en el discurso pronunciado en los festejos en Kibón como en un extenso reportaje publicado por El País, surgen aspectos importantes a analizar para tener en cuenta el rumbo futuro que proyecta.

Son compartibles las referencias a la democracia y a su defensa, así como la valoración respecto de que los cuatro días que demoró la confirmación de los resultados son una prueba de su solidez. En la misma línea se expresó la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, y agregó la referencia al ejercicio de los derechos, en especial los de las mujeres.

Esto cobra importancia cuando están muy cerca episodios que implican nubarrones en el horizonte democrático, como el video de Guido Manini Ríos, el artículo difundido por el Centro Militar, el video con amenazas del ex militar Carlos Techera y, en otro plano, las posiciones de Cabildo Abierto en relación con la nueva agenda de derechos.

También es compartible el reconocimiento a las dos mitades que presenta el país y la necesidad de tender puentes, dialogar y buscar caminos de entendimiento en aras del interés nacional, la República y la democracia.

En forma contradictoria, el presidente electo atacó al Frente Amplio acusándolo de haber querido sembrar la incertidumbre acerca de su futuro gobierno. Sin embargo, la incertidumbre no se extingue, sino que se reafirma en las dos exposiciones que estamos considerando.

No se aclara en ningún momento el contenido de la ley de urgencia. No se sabe de dónde van a salir los 900 millones de ahorro. Persiste entonces el temor a un ajuste a la baja que afecte a los salarios y las políticas sociales.

Eso sí, no se plantean cambios que permitan solucionar el déficit de la Caja Militar. Los cambios quedan para la Ley Orgánica Militar, aunque no dice cuáles. Es fácil pensar en qué dirección irán teniendo en cuenta el peso y las condiciones de Manini. Queda claro que el video de Manini fue una jugada inconsulta, un hecho consumado que se puede repetir a futuro, arrojando dudas sobre la salud de la coalición de gobierno.

Lacalle Pou dice que la coalición no es un compromiso a cinco años, que puede durar dos o tres, y agrega más incertidumbre cuando recuerda que él integró una coalición que interpelaba a sus propios ministros, así que está preparado para aceptar la indisciplina e inestabilidad de la que ahora encabeza.

Respecto del dólar, parece rechazar una brusca devaluación y plantea acompasar la evolución de la región, y también es compartible que mantenga la acción estatal y no la libre flotación.

Respecto de la política salarial, plantea incorporar el tema de la productividad. Nadie va a objetar que si la productividad mejora todos ganen más, pero implícitamente queda la puerta abierta para que el empleador justifique achicar los salarios invocando la situación opuesta.

Por otra parte, el presidente electo cae en el voluntarismo declarativo cuando hace referencia al tema de la delincuencia: invocando la autoridad o llamando a los jefes de Policía el 2 de marzo a las 9.00 promete bajar las rapiñas.

La ultraderecha puede crear situaciones de riesgo para la democracia, pero otro riesgo sería también ser chantajeados nosotros con ese riesgo y ceder ante la derecha en la defensa de nuestro programa.

Con respecto a Venezuela, plantea abandonar el Mecanismo de Montevideo. No tiene en cuenta otra instancia que integra Uruguay: el Grupo de Contacto con países de la Unión Europea, Panamá y Costa Rica. Podemos ser muy críticos con la situación de las libertades en Venezuela y estar de acuerdo con que la crisis de legitimidad se resuelve con nuevas elecciones con todas las garantías democráticas, como propone justamente el Grupo de Contacto, y al mismo tiempo rechazar el intervencionismo y la guerra. Justamente, el abandono de esas dos instancias que promueven el diálogo y la negociación deja abierta la puerta para esos extremos.

Finalmente, Lacalle Pou plantea ayudar a los pobres. No tiene la eliminación de la pobreza en el horizonte ni sostiene que debe ser el Estado democrático, con sus políticas y un criterio de justicia, el que distribuya los bienes sociales para que todos tengan acceso a ellos. Es la visión individualista y meritocrática: cada uno es responsable de su camino, de éxitos o fracasos, y en todo caso hay que ayudarlos.

Como resumen, en el período que se abrirá en marzo habrá que combinar adecuadamente la defensa de la democracia con la defensa en lo económico y social de las mayorías nacionales y de los trabajadores.

La ultraderecha puede crear situaciones de riesgo para la democracia, pero otro riesgo sería también ser chantajeados nosotros con ese riesgo y ceder ante la derecha en la defensa de nuestro programa. Sobre esta articulación de la cuestión democrática y la cuestión social no hay recetas, y habrá que tener una gran capacidad política y tener en cuenta los contextos, las coyunturas y las correlaciones de fuerzas.

Tampoco hay que caer en el esquematismo de elegir entre ser alternativa o ser oposición, lo que a veces se presenta como la opción entre la radicalidad del enfrentamiento con la derecha y la unión mayor con el movimiento social, versus una actitud dialogante y de oposición constructiva. Habrá que ser oposición y alternativa, articular y defender al movimiento social, y tener propuestas y diálogo con todos los actores. Diálogo con la sociedad, diálogo con todo el espectro político, participación y movilización para aislar a la ultraderecha, para derrotar al proyecto neoliberal, para salvaguardar la democracia y los derechos de la sociedad, cuidando y potenciando las herramientas y la unidad del campo popular en lo político y social, son algunas de las tareas que tenemos por delante.

Manuel Laguarda es integrante del Comité Central del Partido Socialista.