A veces con una reflexión, tiempo mediante, nos tenemos que detener a pensar en los sucesos que la vorágine cotidiana –prácticamente– nos impone. Otras veces, tiempo mediante, las razones son prisioneras de la validación de verdades que sucederán a futuro, más en tiempos en los que cada vez más hechos y no hechos –posverdades– se diluyen tanto que –prácticamente– se hacen indistinguibles.

El miércoles 20 de marzo, en dos comisiones en el marco del Consejo de Salarios de la salud privada, se firmó un acuerdo que sin dudas, tiempo mediante, va a redundar en mejores condiciones asistenciales para la población. Los contenidos de dichas comisiones eran: 1) la mejora de los tiempos de consulta en policlínicas de medicina general y en más de 20 especialidades médicas, que en su gran mayoría pasarán a atender de cinco a cuatro pacientes por hora, con lo que se ganará tiempo para mejorar –como condición necesaria– la calidad de la atención; y 2) la recategorización de los actos de cirugía general que, luego de más de 50 años –aunque con algún ajuste intermedio en 1992–, se lograron actualizar bajo estrictos criterios técnicos.

A dicho Consejo de Salarios concurren como organizaciones representativas de los trabajadores la Federación Uruguaya de la Salud y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que, acuerdo político mediante, participa actualmente acompañado por la Federación Médica del Interior (Femi). A su vez, en las comisiones nombradas previamente, y en aras de fomentar la participación, el SMU invitó a participar a un representante de las sociedades científicas médicas y a un delegado de la Sociedad de Cirugía del Uruguay (SCU, integrante del Sindicato Anestésico Quirúrgico), en lo concerniente a cada comisión, según correspondiera. Luego de más de 150 días de negociación, se llegó a un acuerdo que se detalla a continuación.

En la comisión de calidad asistencial, donde el objetivo central era mejorar los tiempos de la consulta en policlínicas para medicina general y especialidades médicas, se acordó implementar un cronograma que asegura que al año 2020 se verán cuatro pacientes por hora máximo en policlínica. Los beneficios de este acuerdo, tiempo mediante, serán por ejemplo que más tiempo en consulta implica más posibilidades de fortalecer la relación médico-paciente, ganar tiempo para que el profesional desarrolle empatía y pueda dar explicaciones más precisas sobre los síntomas, diagnósticos, paraclínicas y/o tratamientos de un paciente; más tiempo seguramente redunde en una mejor adherencia terapéutica de los pacientes, y sin dudas permite potenciar las habilidades clínicas de médicos y médicas por sobre la utilización de algunas paraclínicas o tratamientos, muchas veces fútiles. Contar con más tiempo para dialogar e intercambiar en la policlínica con su médico o médica es una condición necesaria, aunque seguramente no suficiente, para que mejoren la práctica médica, el vínculo y la calidad asistencial.

Otros elementos de importancia que se han saldado en esta comisión tienen que ver con mejoras en los sistemas de agenda médica, en los sistemas de citas de usuarios, en formularios de referencia y contrarreferencia entre médicos de referencia y médicos especialistas, en el fomento del control de los usuarios con médicos de referencia, en la ampliación del vademécum según necesidades específicas, en la definición y regulación de la repetición de medicamentos, etcétera. Por todo lo anteriormente mencionado es que me animo a afirmar que, tiempo mediante, este acuerdo redundará en mejor calidad de atención en las policlínicas.

En la comisión de recategorización de actos anestésico-quirúrgicos se comenzó por cirugía general. Desde el inicio en esta comisión participó, en representación de la SCU, su presidente. Se trabajó en base a criterios técnico-profesionales definidos por las partes que tenían como base la frecuencia, la complejidad y la duración del acto, así como también la duración del proceso asistencial (desde el diagnóstico, estudio, realización del procedimiento, control y alta). También hubo acuerdo en un principio de racionalidad económica en el que se intentaría, al final del proceso de recategorización e incorporación de nuevas técnicas, mantener los promedios históricos destinados a estos actos quirúrgicos. Tomando como base un documento presentado por la SCU del año 2013 actualizado por diferentes técnicos del sector empresarial, el Ministerio de Salud Pública, la SCU, la FEMI y el SMU que participaron, se acordó una propuesta de recategorización con solidez técnica. La propuesta actualiza categorías con más de 50 años de antigüedad y, tiempo mediante, aggiorna procedimientos en diferentes categorías, incorpora mayores niveles de complejidad –pasando de cuatro a seis niveles– e incorpora técnicas que, a pesar de existir hace más de 20 años, no tenían laudo. Esta propuesta –basada en la de la SCU– aumenta en niveles de complejidad más de 20 actos que pasan de categoría 4 a la 5 o 6, incorpora más de 24 procedimientos que no tenían laudo –como por ejemplo la laparoscopia, una técnica videoasistida– que se pagaban según reglas exclusivas de mercado, y a su vez cuenta con el aval técnico –con diferencias menores– de más de diez cirujanos generales, incluido el presidente de la SCU. A su vez, se incorpora para la técnica videoasistida un período que va de cuatro a seis años con incentivo económico, para que se realice la técnica en cirugías de mediana y alta complejidad. Bajo premisas de manutención de salarios, ya sea por derechos laborales adquiridos o porque la propuesta no baja ningún procedimiento de categoría sino que lauda o incrementa, no parece racional oponerse a esto, que fue firmado por el Poder Ejecutivo, las cámaras empresariales de Montevideo y del interior, y por el SMU, acompañado de la FEMI. Por todo lo anteriormente mencionado es que me animo a afirmar que, tiempo mediante, este acuerdo redundará en la mejor categorización y calidad de los incentivos de la cirugía general en todo el país.

Las organizaciones gremiales representativas en los ámbitos de negociación colectiva no sólo tienen responsabilidades para con todo el colectivo al que representan –en este caso a todos los médicos del país, por lo que los acuerdos a los que arriban deben velar por los derechos de sus representados, diluyendo asimetrías internas y sin que primen poderes internos mayores de “subcolectivos”, algo que podría mencionarse como equidad interna–, sino que deben saber que los derechos colectivos conquistados en las negociaciones tienen repercusiones sociales y se dan en un contexto económico y social determinado, por lo que no deben ser corporativos en el sentido de que prime un interés particular por sobre los intereses comunes de la sociedad.

Hechas estas menciones, parece lógico aseverar que con este acuerdo no sólo ganan los cirujanos generales, sino también más de 20 especialidades, como medicina interna, pediatría, medicina familiar, cardiología, nefrología, psiquiatría, neurología, etcétera, y también los médicos generales. Pero lo más importante es la sinergia entre este reclamo de mejores condiciones laborales y la mejora en la calidad de atención a la población: yace allí la mayor importancia de este acuerdo en ambas comisiones, una mejora asistencial que llegará en un futuro mediato, sin vorágines presentes, como un hecho, y lleva un poco de la reforma de la salud al consultorio, tiempo mediante.

Federico Preve Cocco fue director de la Unidad de Negociación, y posteriormente delegado del Comité Ejecutivo del SMU en la negociación.