Como cada año, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida llevará adelante una movilización para alertar sobre la situación de los recursos hídricos en el país. En esta oportunidad se marchará hoy desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hasta la Torre Ejecutiva desde las 18.00.
Este ha sido un año particular para el estado de nuestras aguas: todas las costas del Río de la Plata y del océano Atlántico fueron testigos de la marea verde de las cianobacterias. Los cinco departamentos costeros vieron comprometida una de sus principales actividades económicas, el turismo. Al mismo tiempo, a gran parte de la población, a los sectores populares, se les privó de la posibilidad de recreación, de trabajar en sectores como la pesca artesanal y de acceder a agua potable sin tener que pagar filtros o agua embotellada.
Territorios degradados producen agua degradada. Por eso decimos que es necesario tener territorios sanos, para que toda la población, en igualdad de condiciones y sin depender de su situación socioeconómica, tenga garantizado el derecho humano al agua.
Para ello es necesario revertir una serie de procesos que han puesto en estado crítico a la mayoría de las cuencas del país. El desarrollo incontrolado de actividades productivas (como el cultivo de soja y maíz transgénicos o los monocultivos de árboles) ha liberado en el ambiente, de manera descontrolada, una gran cantidad de agrotóxicos y fertilizantes cuya acumulación desde inicios de la década pasada comienza a mostrar sus efectos. Según estudios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en la mayoría de las cuencas principales del país los niveles de nutrientes (fósforo y nitrógeno) están por encima de los valores apropiados. Esto vuelve a los ecosistemas, que son muy vulnerables ante cualquier cambio en el entorno. Al inicio de este año, la cantidad de precipitaciones registradas y las altas temperaturas hicieron visibles para los habitantes de la costa un problema con el que se convive en todo el país desde hace mucho tiempo: la contaminación por cianobacterias.
Para este problema no existen soluciones mágicas: se necesitan cambios en los sistemas productivos, y controles ambientales estrictos que hagan respetar el marco legal vigente en relación con las distancias de estos cultivos respecto de las fuentes de agua y de las poblaciones humanas, así como acerca de las cantidades, tipos y sistemas de aplicación de fertilizantes y herbicidas sintéticos que se utilizan.
La contaminación de las aguas relacionada con este sistema productivo, en particular esta que se produce de modo difuso y se acumula en el ambiente, es el resultado de actividades económicas que utilizan un bien común para beneficio privado. Hay unas pocas personas que a lo largo de este período se han enriquecido con la utilización de estos sistemas productivos, y ahora toda la sociedad está pagando las consecuencias de un tratamiento absolutamente irracional de los bienes naturales. Se trata de la máxima neoliberal “socializar los costos y privatizar las ganancias” aplicada al ambiente, con la particularidad de que esa socialización no compromete sólo a las generaciones presentes sino, sobre todo, a las futuras.
Por estos motivos recolectamos firmas para interponer un referéndum contra la Ley de Riego. El impulso militante desplegado demuestra el interés, la preocupación y el compromiso de miles de uruguayas y uruguayos para mantener viva la lucha por el agua que se viene desarrollando desde 2004.
Vemos con preocupación que la primera obra de riego habilitada en el marco de la Ley de Riego benefició a un fondo administrado por Gustavo Licandro. Licandro, quien fue subsecretario de Economía y Finanzas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), hace pocos días cobró notoriedad pública al afirmar que se deberían suspender los Consejos de Salarios. El predio que va a regar tiene más de 700 hectáreas que se destinarán a la agricultura (soja), y la superficie de inundación será de más de 130 hectáreas, según la resolución que habilita el emprendimiento. Seguimos esperando a los pequeños productores que iban a ser beneficiarios de esta ley según quienes la redactaron y defendieron. Mientras tanto, vemos cómo los sectores más conservadores del país siguen siendo los más beneficiados con este modelo productivo que sostienen los gobiernos progresistas.
Precisamente, recién en 2019, 15 años después de que se votó la reforma constitucional que incluyó el derecho humano al agua en la Constitución de la República, cayó la concesión privada que aún quedaba vigente (la de la empresa Aguas de la Costa, en el departamento de Maldonado), lo que implicaba, a nuestro entender, una clara violación del mandato popular inscrito en la Carta Magna. De todas maneras, planteamos nuestras reservas a la reestatización del servicio, ya que la concesión no pasó a ser administrada por OSE. Esto afecta la capacidad de gestión del ente estatal de agua y saneamiento, al derivar estos recursos a una unidad de gestión descentralizada que concentra todos los recursos de Maldonado.
Pero está claro que la gran amenaza para la calidad de las aguas y los territorios que tenemos por delante es la posible instalación de una tercera megaplanta de celulosa en el país, el proyecto de UPM 2. El impacto en el agua del río Negro es directo e indiscutible por la cantidad de agua que demandará el proyecto y porque se trata de un río que cuenta con tres embalses creados para la generación hidroeléctrica. Hasta ahora ninguna de las autoridades ha explicado qué medidas concretas se adoptarán para evitar el aumento de la contaminación, que en el río Negro ya alcanza niveles preocupantes. Por otro lado, no se puede desconocer que la instalación de una tercera fábrica de este tipo y magnitud sella el destino productivo del país y consolida el modelo forestal-celulósico por décadas. Estos elementos ameritan que se abra un debate amplio y democrático sobre los caminos para el desarrollo del país y que se discuta si es correcto que el Estado uruguayo subsidie esta megainversión o si se debería apostar a promover un cambio en las dinámicas productivas que conducen a la contaminación ambiental y a la injusticia social.
Vemos con preocupación que la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida no haya sido convocada a la reunión del Comité de Cuenca del Río Negro, teniendo en cuenta que antes de la primera reunión de este año reclamamos a las autoridades que se hiciera una convocatoria a ese ámbito precisamente para discutir los impactos de la eventual concreción de UPM 2. No creemos que evitar la discusión en estos espacios sea el mejor camino.
Por estos motivos, creemos que, como nunca antes, se requiere la movilización popular para defender el agua y la vida. Por ello marchamos hoy.
Carlos Santos, Carmen Sosa, Laura Outeda e Inés Enríquez Sarano son integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
Seguí leyendo sobre el tema: El fósforo: un contaminante permanente del agua en Uruguay