¿Lecciones aprendidas? Campañas electorales, financiamiento de partidos y posverdad

En el mundo se celebran los avances de Uruguay en los últimos 14 años. Ni que hablar cuando comparás la realidad de tu país con la de los países de América Central: son evidentes nuestros avances en materia de derechos civiles, políticos, sociales, pero sobre todo en calidad democrática. Sin embargo, Uruguay, el laboratorio progresista, como le gusta llamarle a Omar Rincón, enfrenta desafíos inesperados que hacen tambalear las bases de lo que siempre admiramos: una partidocracia de consenso, como la llamaron Daniel Buquet y Daniel Chasquetti.¹

Uruguay no escapa a la aplicación de una receta que, con una combinación de varios ingredientes, ha surtido un poderoso efecto en varias democracias occidentales. Me refiero a la combinación de los siguientes ingredientes: 1) ausencia de normas claras de financiamiento electoral, 2) la falta de supervisión sobre el gasto en campañas electorales con el correspondiente acceso inequitativo a medios de comunicación, 3) la implantación de automatización maliciosa en redes sociales (bots), 4) la distribución de noticias falsas vía redes y su viralización, 5) la “posverdad” como un instrumento político, social y jurídico.

En campañas electorales recientes, como las de Brasil y Estados Unidos, la poderosa combinación de estos ingredientes ha conllevado el triunfo de candidatos que en su momento aparecían como outsiders, aunque no lo fuesen realmente, con un amplio despliegue de los cinco ingredientes mencionados.

La pregunta es: ¿sobre qué molde se prepara esta receta? ¿Existen ciertas culturas políticas más predispuestas a que esta receta tenga éxito? Concretamente, ¿esta receta cabe en el molde de la partidocracia uruguaya? Respecto del molde, los partidos políticos uruguayos siguen y seguirán siendo, dadas las reglas del juego del sistema electoral y el rol que tienen en nuestra cultura los protagonistas de la actividad política.

Sin embargo, hoy en Uruguay vemos la emergencia de candidatos que, siendo outsiders del sistema político, tienen la capacidad de transitar sus reglas y, eventualmente, poder ganar elecciones internas de un partido al que nunca pertenecieron y en el que nunca participaron políticamente. El problema es la combinación de los ingredientes y los efectos que esa receta puede generar sobre los avances que tanto nos reconocen internacionalmente.

Los resultados de las elecciones internas del domingo 30 probablemente distraerán la atención sobre lo que sucedió en esta primera fase de campaña. Es claro que, más allá de lo anecdótico, o no, que resulte ser un candidato en particular, hay temas de urgencia que el sistema político uruguayo tiene pendiente encarar.

Uruguay tiene pendiente la aprobación de una normativa integral sobre el financiamiento electoral que establezca transparencia y trazabilidad total de los recursos aportados a los partidos políticos. Un precandidato a la presidencia declaró que contribuyó en 2014 a la campaña de otros precandidatos que ahora son sus competidores, pero ese financiamiento no está debidamente registrado. ¿De qué manera el país con menor percepción de corrupción en América Latina se asegura un origen lícito del financiamiento de la política? ¿Qué imagen queremos proyectar al mundo si el día de mañana aparecen fondos ilícitos tras una campaña electoral? ¿Cómo aseguramos que recursos del gobierno departamental y municipal no terminen siendo parte de las campañas electorales? Si bien el Frente Amplio intentó aprobar una normativa sobre financiamiento electoral este año, esta no tuvo eco en los partidos de la oposición. Ergo, ahora no vale quejarse.

Vivo en el exterior. Todos los días veo televisión por internet del interior del país (gracias, Vera TV). Soy testigo de la ausencia de regulación respecto de la utilización desmedida de publicidad electoral en la televisión del interior que, imagino, se reproduce en la televisión nacional. Cierro los ojos y puedo recordar cada una de las pautas de uno de los candidatos de memoria, pues de los 120 minutos de transmisión que alcanzo a ver, 40 son de sus publicidades. Eso, todos los días, con llegada a todos los cables del interior. Al final del día, estamos permitiendo que el actor político que tenga más recursos financieros pueda llegar con su mensaje de manera masiva, mientras que los que no tienen dinero no pueden hacerlo. Uruguay está lejos de tener un sistema eficiente de regulación de la publicidad en campañas electorales.

El mismo efecto, con menos recursos y más rapidez, se genera mediante la automatización maliciosa de contenidos en redes sociales. Internet, servicios de redes sociales y mensajería instantánea, especialmente en línea, se han convertido en un terreno fértil para la proliferación de mensajes engañosos que buscan desacreditar la imagen pública de los oponentes políticos. En un ambiente mal regulado, un hecho real puede ser construido simplemente como un video o un meme, y compartido miles de veces, manteniendo la atención de un incontable número de usuarios que buscan información en internet.

Estos son los vehículos para la transmisión de las mal denominadas “noticias falsas”. Muchas veces, las noticias falsas imitan en la forma el contenido del periodismo profesional, pero no en el proceso o en la intención. Por lo tanto, no consideran las normas de objetividad y equilibrio que surgieron en la posguerra como una reacción al periodismo partidista y panfletario hasta entonces practicado. En cierto modo, internet ha reducido los costes para el ingreso de nuevos vehículos de información en un mercado previamente dominado por pocos jugadores (ni qué hablar que recién vamos a implementar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).

Uruguay no cuenta con las herramientas de supervisión ni de regulación suficiente en ese ámbito. Sobre las noticias falsas se avanzó con un acuerdo de buena voluntad entre partidos políticos y la Asociación de la Prensa Uruguaya. Pero si no se regulan los tres primeros ingredientes mencionados al inicio de esta columna, la receta explosiva generará duros efectos.

Sin embargo, hay espacio para el optimismo. El quinto ingrediente, la posverdad como un instrumento político, social y jurídico, aún no se ha instalado del todo en Uruguay. Primero, porque tenemos una institucionalidad muy fuerte, un sistema de Justicia independiente, un sistema estadístico independiente y un periodismo de investigación profesional. Pero cualquiera puede ver por el vecindario los terribles efectos que genera la reproducción de discursos de odio, maximizados por automatismos maliciosos en redes sociales, la construcción de noticias falsas que buscan influir en procesos judiciales, etcétera.

Ese quinto ingrediente podría dañar el molde de cualquier cultura política, incluso la que es considerada un modelo para el mundo. La pregunta es: ¿tenemos lecciones aprendidas como sociedad al respecto?

Matías Ponce es candidato a doctor en Comunicación Política por la Universidad de Santiago de Compostela, España.