¡Gracias, Jorge! Vivir sin Miedo y prerreferéndum contra la ley trans

Pasaron las internas y el tablero quedó acomodado. Entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou se definirá, seguramente, el próximo presidente, ambos con mujeres como compañeras de fórmula, Graciela Villar y Beatriz Argimón, respectivamente. A los demás partidos con representación parlamentaria se sumó, sorpresivamente, Cabildo Abierto. Esta somera descripción da cuenta de un clima aparentemente favorable para las fuerzas conservadoras.

Cabe agregar que, si bien perdieron contundentemente en su interna, los nacionalistas Carlos Iafigliola y Jorge Larrañaga nos dejaron un par de asuntos para resolver: el intento de referéndum para derogar la Ley Integral para las Personas Trans; y la reforma constitucional para, supuestamente, vivir sin miedo. Quizá sea el miedo lo que explique buena parte de esta coyuntura: miedo al diferente, miedo al pobre o, por miedo, restaurar lo conocido.

Sobre el prerreferéndum para derogar la ley trans: ¿quiénes y por qué nos están convocando? Lo hacen los sectores más conservadores del Partido Nacional que, en alianza con las multinacionales evangélicas, han librado una batalla inescrupulosa contra la, definida por ellos, “ideología de género”. En su intento de restauración hegemónica de lo heteronormativo, han apelado a la mentira. El propio Iafigliola ha sido denunciado penalmente por apología del delito e incitación al odio, desprecio y violencia contra determinadas personas. La ley trans no es un privilegio, es una acción reparatoria y de reconocimiento de derechos, muchas veces vulnerados institucionalmente, por parte del Estado. En términos económicos, la aplicación de esta norma representa un costo muy pequeño si lo comparamos, por ejemplo, con lo que nos cuesta la subvención estatal de la Caja Militar, o los tres millones de pesos que costará este prerreferéndum. Claramente, no se trata de una cuestión de dinero, sino una cuestión de derechos. Una manera de defenderlos y de promover un Estado que nos incluya a todos y todas es no concurrir a votar.

En cuanto a la reforma constitucional promovida por Larrañaga para “combatir la inseguridad”, la convocatoria es un hecho. El domingo 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, las y los uruguayos definiremos si acompañamos esta reforma. A propósito de esta iniciativa, que para aprobarse necesita mayoría absoluta, cabe señalar dos aspectos: por un lado, su contenido; por el otro, la forma de la campaña.

El contenido de la reforma

Los problemas de convivencia ciudadana son una realidad. Se necesitan nuevas estrategias para combatir el delito. Un Estado responsable debería ponderar la construcción de respuestas multicausales al problema y favorecer la convivencia como principal respuesta. Claramente, esta propuesta de reforma no va en ese sentido, y justamente ahí radica un elemento ideológico que hace a la visión del tipo de Estado que se promueve. Quienes nos oponemos tenemos otra visión, ideológica, de la que no rehuimos. No queremos que los militares asuman tareas de la Policía, queremos una Policía mejor formada. No queremos allanamientos nocturnos, queremos un Estado que reconozca los derechos y garantías de toda la ciudadanía. No queremos cadena perpetua y endurecimiento de penas, queremos cárceles que rehabiliten y no que sean centros de tortura. ¿Cuántas cárceles habría que construir para aplicar esto? ¿Por qué se excluye a los delitos de lesa humanidad? ¿Cabe que un ex precandidato a la presidencia encabece esta discusión en plena campaña electoral? ¿Cabe que lo haga en términos de buenos y malos?

La forma de la campaña

Quienes defienden la reforma proponen la polarización como estrategia. El propio Larrañaga, enojado, rezongón, quizás aún dolido por su nueva derrota electoral, planteó en cadena nacional que quienes nos oponemos a la reforma somos responsables de la situación de inseguridad. Dijo también que su reforma no es destructiva porque no inhibe la rehabilitación en las cárceles o la profesionalización de la Policía. Obviamente fustigó al gobierno y dijo, con mucha liviandad, que la reforma no tiene componentes ideológicos. Semejante afirmación es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, sobre todo cuando la emite un político, con una larga trayectoria, que sabe que hacer política es defender ideas, pelear por ellas y construir otras. Eso es ideología. Un líder responsable no debería alimentar la idea, falsa además, de que la reforma es la solución mágica.

Merecemos políticos con propuestas que estén a la altura de los problemas que tenemos. Que presenten propuestas que no sean simplistas, como la reforma de Larrañaga, o discriminatorias, como la propuesta de Iafigliola. A problemas complejos, respuestas complejas.

Todo el espectro político partidario debería pronunciarse claramente sobre estas cuestiones. No se admite surfearla, hay que pronunciarse. Nuevamente repetimos la historia: en 2014 la solución era bajar la edad de imputabilidad penal; hoy, cinco años después, es esta reforma. ¿Es razonable votar cuestiones que afectan los derechos humanos? ¿Terminaremos rediscutiendo, en las próximas elecciones quizás, la pena de muerte en Uruguay? ¿Qué político va a ser el arengador?

En Uruguay, muchos y muchas, engañados por este tipo de propuestas, ven en ellas posibles soluciones. No permitamos que nos gane la irracionalidad. No se trata de atacar una propuesta o a un líder –menos cuando está en el piso– porque sí. Se trata de apelar a la reflexión, a la razón, y comprender que no es la continuidad de un gobierno lo que está en juego, sino cómo asumimos estos problemas, pensando en qué ciudadanía necesitamos para la sociedad que queremos.

Federico Sequeira es docente e investigador en políticas culturales en el Centro Universitario de la Región Este de la Udelar.