Nostalgia era la de antes: los Consejos de Salarios en los programas de gobierno de oficialismo y oposición

La realidad es aquello que, cuando dejas de creer en ella, no desaparece. Philip K Dick

La historia de los Consejos de Salarios en Uruguay comienza en 1943, durante el gobierno de Juan José de Amézaga, destacado docente y abogado colorado con ideales próximos a los de José Batlle y Ordóñez. Originalmente, su alcance era limitado, ya que comprendía sólo a la industria, el comercio y los servicios privados, tenía como único cometido fijar los salarios mínimos de cada categoría, y omitía incorporar a dos grandes colectivos: los trabajadores del medio rural y los trabajadores del sector público. En el primer caso, por considerar que de lo contrario se llevaría la lucha de clases al campo, lo que afectaría la relación entre peón y patrón; en el segundo, porque su remuneración estaba por aquel entonces sometida a dinámicas y procedimientos clientelares ejercidas por los partidos políticos.

Desde su creación, los Consejos de Salarios sólo fueron suspendidos en dos ocasiones: entre 1968 y 1985, durante los gobiernos de Jorge Pacheco, Juan María Bordaberry y el período de facto, y entre 1990 y 2004, en los gobiernos de Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle. En ambos casos, su suspensión buscó que el salario actuara como variable de ajuste frente a ciertos desequilibrios macroeconómicos persistentes, como la inflación y el déficit fiscal. A su vez, la suspensión de los Consejos de Salarios en la década de 1990 obedeció, además de lo recién mencionado, a que el gobierno creía que su permanencia rigidizaba los costos empresariales y entorpecía el desarrollo de los mercados, por lo que intentó migrar hacia un modelo de negociación salarial a nivel de empresa, bipartito y sin intervención del Estado.

Con este criterio, que le asignaba al Estado apenas un rol de observador en materia de política salarial, el gobierno entendía que los salarios mejorarían y aumentaría el nivel de empleo, algo que finalmente no ocurrió. De hecho, y sin entrar en el impacto que la crisis sistémica de 2002-2003 tuvo sobre el poder adquisitivo y el desempleo, ya en la década de 1990 los salarios perdieron participación en el Producto Interno Bruto (PIB), dando cuenta de la existencia de un patrón regresivo en la distribución de la riqueza; el desempleo pasó de 8,0% en 1989 a 11,3% en 1999, y se consolidaron el subempleo y la precariedad laboral, ya que en este período menos de la mitad de la población económicamente activa contaba con empleo formal por tiempo indefinido.

Al respecto, vale la pena mencionar que la realidad observada en la década de 1990 resulta consistente con la evidencia empírica internacional en la materia. Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analiza el desempeño de distintos modelos de negociación salarial en 35 países entre 1980 y 2015, y encuentra que los modelos más centralizados, en especial aquellos con alto nivel de coordinación, se asocian a mayores niveles de empleo y menor desempleo que los modelos descentralizados en los que el salario se fija a nivel de empresa, incluso dentro de grupos laboralmente vulnerables: jóvenes, mujeres y trabajadores de baja calificación.

Pues bien, a pesar de este cúmulo de evidencia en contra, los actuales programas de gobierno del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) proponen atacar el problema del salario y el empleo con lineamientos similares a los principios rectores de la política salarial de la década de 1990, principalmente en lo que refiere a incrementar el poder de negociación del sector empleador y a reducir la incidencia del Estado en la negociación salarial, por ejemplo, facilitando que los empresarios acuerden directamente con sus trabajadores por fuera de los Consejos de Salarios.

El programa del PN resulta un tanto elíptico en sus premisas. Inicialmente apoya los Consejos de Salarios, pero luego condiciona su permanencia a que se asegure su “legitimidad a ojos de todos los involucrados”, haciendo referencia a ciertos “perjuicios sistemáticos” sufridos por los empleadores. También plantea, de forma elíptica, contemplar la “heterogeneidad de las empresas que integran cada sector” y ampliar las posibilidades de “descuelgue”, lo que remite a favorecer la negociación caso a caso. En igual sentido, pero mucho más explícito, el programa del PC propone un modelo de negociación en dos etapas; una primera, a nivel sectorial, en la que se definirían los salarios mínimos, y una segunda, en la que cada empresa podrá, “de acuerdo con su realidad particular, negociar condiciones diferentes a las pautadas a nivel sectorial”, lo que supondría soslayar de hecho los acuerdos alcanzados con la negociación centralizada.

Al mismo tiempo, el oficialismo, que reinstaló los Consejos de Salarios en 2005, propone preservarlos y profundizarlos, abordando la problemática del empleo zafral, impulsando acuerdos para que los trabajadores culminen la educación media, incorporando pautas que estimulen la inclusión laboral de personas con discapacidad y la negociación por cadena de valor, entre otros elementos.

La evidencia nacional e internacional sugiere que disponer medidas que prioricen la negociación por empresa frente a la negociación colectiva centralizada puede afectar el poder adquisitivo de los asalariados uruguayos, pero esto no ha impedido que el PN y el PC lo incorporen entre sus propuestas. Esto, que es muy importante que sea percibido por los asalariados, debe también ser considerado por quienes dependen de una demanda interna robusta y estable para desarrollar su actividad, como comerciantes, productores, proveedores de servicios, empresarios independientes, etcétera, en especial teniendo en cuenta el tamaño del mercado interno nacional y el peso que los asalariados tienen en él.

Desde 2004, el gasto en consumo de los hogares uruguayos ha tenido un importante efecto arrastre sobre la actividad interna, explicando en parte el crecimiento económico registrado desde la última crisis. En este contexto, volver a utilizar el salario como variable de ajuste de la economía podría resentir el poder adquisitivo de la población asalariada, debilitando la demanda interna de bienes y servicios, y socavando así uno de los elementos que apuntalaron el patrón de crecimiento económico sostenido con distribución del ingreso que experimentó Uruguay en los últimos 15 años.

Germán Benítez es licenciado en Economía por la Universidad de la República y candidato a diputado por Marea Frenteamplista en Montevideo (1983/738).

Referencias:

Barretto Ghione, H (2019), “Hablá más fuerte que no te escucho: las relaciones laborales en los programas de gobierno de la oposición”, la diaria, 22/08/2019.

Burdín, G (2019), “Nuevas orientaciones para la negociación colectiva”, la diaria, 18/05/2019.

Ibarra, L (2010), Entre la precarización y el mando: los Consejos de Salarios de Uruguay, Instituto de Ciencia Política, FCS, Udelar.

Rodríguez, JM (2019), “Una mirada a los años 90: ¿eliminar los Consejos de Salarios?”, la diaria, 02/03/2019.