La crítica del decreto sobre desalojo de trabajadores que estuvieran ejerciendo su derecho de huelga con ocupación del local de trabajo desató al menos dos tipos de reacciones (este doble significado de “reacción”, ¡qué deliciosa ambigüedad de las palabras!) en los medios de comunicación.

Desde nuestro punto de vista, habíamos señalado que, al habilitarse la desocupación incondicionada de los locales de trabajo, el decreto extralimitaba su alcance, puesto que los dictámenes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 392 de la ley de urgente consideración sólo admitían tal medida para el caso de que la huelga dejara de ser pacífica o impidiera la libertad de trabajo y el acceso de los directivos de la empresa al establecimiento. Por otra parte, observábamos también que el decreto rompía el equilibrio de las partes en el conflicto, dado que deberían ingresar al mecanismo de conciliación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de manera desigual: los trabajadores con la huelga restringida y el empleador, por el contrario, manteniendo incólume la medida que hubiera dado motivo a la controversia.

Esta argumentación, que podía haber sido un aporte para la discusión sobre las formas de administrar el conflicto laboral, generó sin embargo respuestas sorprendentes.

En un caso, el doctor Ricardo Reilly, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de Luis Lacalle Herrera, expresó en un artículo en el diario El País que “la posición de la central sindical –principal nucleamiento proselitista del Frente Amplio que normalmente responde al partido comunista y otras agrupaciones afines– es ideológica (léase 'irracional'). Y cuenta con abundante doctrina jurídica laboralista –el derecho que escriben los profesores– que le respalda. No se dice que ‘estos’ profesores suelen renguear de la misma pata política que los sindicalistas”.

El decreto del 15 de octubre pone el foco en la facilitación de la represión. Por lo visto, tiene personal político y empresarial afín a sus posiciones, aunque las sustentan de la peor forma.

Casi nos habíamos olvidado de este tipo de discurso cerril, cercano al empleado en la dictadura militar, cuando ante la menor diferencia de opinión en materia política se señalaba al otro como comunista. Esta caricatura del ex ministro herrerista –que ahora incluye a los profesores de Derecho del Trabajo como sospechados– revela sobre todo una nula voluntad de diálogo racional y un desapego por el juego deliberativo de opiniones, amén de recordarnos el tipo de mentalidades que condujeron la política laboral en nuestro país en los años 90 del siglo pasado.

La otra reacción provino del gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, que ejemplificó la medida de huelga con ocupación del lugar de trabajo con una imagen digna de Eugene Ionesco: “Vienen cinco gordos, se meten en su living”, les dijo a los periodistas de El Espectador que lo entrevistaban. Impunidad del lenguaje, férrea concepción patrimonialista y menosprecio por los derechos de las personas que deben trabajar bajo dependencia (de los dueños del living) parecen ser los carriles por donde transitan estos encares del pensamiento empresarial.

El decreto del 15 de octubre pone el foco en la facilitación de la represión, cuando era de esperar que el contexto de la situación del empleo y la crisis hubieran generado iniciativas que abrieran mayores espacios para el diálogo social. Por lo visto, tiene personal político y empresarial afín a sus posiciones, aunque las sustentan de la peor forma. Los gordos y los profesores laboralistas preferiríamos discutir de otro modo.

Hugo Barretto Ghione es catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.