El Fondo de Solidaridad, la propuesta de cambio y por qué sería una muy mala idea

Cuando alguien comienza a estudiar pasados sus 14 años tiene que asumir dos tipos de costos: i) los directos, como los materiales de estudio, transporte y costos asociados a asistir a clases; y ii) los indirectos, como aquellos ingresos que pierde por estar escolarizado y no trabajando a tiempo completo. Es evidente que entre el quintil más alto de ingreso del estudiante, la suma de los costos directos e indirectos van a ser menores. El Estado puede subsidiar estos costos, ya sea por: i) el lado de la oferta: construyendo centros, pagando profesores, subsidiando el boleto, subsidiando los materiales de estudio; y/o ii) por el lado de la demanda: otorgando becas.

En Uruguay esto no es suficiente. Dicho de otra manera, “ser pobre” no es causa necesaria o suficiente para que la desigualdad educativa determine completamente tu trayectoria educativa. Por eso en un país con 8% de personas por debajo de la línea de pobreza, 60% no acredita la educación media superior. De hecho, de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2018, mientras que solamente uno de diez jóvenes de entre 18 y 25 años del quintil 1 culminan la educación media superior, en el quintil 5, de mayores ingresos, lo hacen siete de diez. ¿Existe desigualdad por ingresos? Sí. ¿Es determinante? No. Existen muchos otros factores no asociados directamente a los ingresos que incrementan el espiral de desigualdad. Por decir tres: i) centros educativos segregados donde los pobres están con los pobres y los ricos con los ricos; ii) un sistema de elección de horas donde los docentes de mayor experiencia van a los centros de barrios más pudientes, mientras que los más nuevos van a centros de barrios más carenciados; y iii) un sistema educativo que no brinda competencias útiles para el mercado laboral, lo que genera que las expectativas de utilidad de los más pobres no se vean satisfechas.

¿Esto implica que las becas no funcionan? No. Algunas no funcionan; por ejemplo, las Asignaciones Familiares en la educación media superior, al no lograr cubrir la suma de costos directos e indirectos, hacen que sea más rentable trabajar respecto de los escuetos ingresos que implica la transferencia. ¿Este es el caso del Fondo de Solidaridad? No. Pero como se desprende de lo dicho, esta no es la herramienta por la cual quienes logran acceder a la educación superior han llegado hasta ahí. De hecho, existe evidencia de que, una vez alcanzada la educación media superior y de ahí los ciclos superiores, el quintil de ingreso deja de ser una variable que explique el abandono. Esto ocurre porque el único estudiante pobre de diez que culmina la educación media superior y accede a la educación superior no es igual a los otros nueve: tiene una serie de disposiciones no observables, asociadas a su motivación, prácticas diarias, disciplina y formas de estudio, que lo hacen diferente e igualan sus probabilidades con los jóvenes de los demás quintiles, menos seleccionados que él. Después de todo, esa es la consecuencia de una educación media uruguaya terriblemente regresiva: expulsamos mucho más a los pobres hasta que dejamos a los mejores de los mejores, mientras que en los demás quintiles somos mucho más laxos.

¿Entonces? La beca del Fondo de Solidaridad es un aporte fundamental por elementos que no necesariamente se asocian de manera directa a menores recursos, sino por elementos indirectos. Por ejemplo, entre 40% y 50% de los jóvenes de entre 18 y 25 años que cursan la educación superior están trabajando, la diferencia está en dónde lo hacen. De manera indirecta, los recursos, en la forma de segregación residencial, estigmatización, costos de transporte, prestigio de egresar de colegios elite o del el liceo N° X, y el capital social hacen que los quintiles altos terminen en el estudio del amigo de papá, mientras que los de quintiles bajos terminan en trabajos menos amigables con el estudio. En ese sentido, la beca del Fondo de Solidaridad es un aporte fundamental que les permite acceder a empleos de tiempo parcial o completamente informales y flexibles, por los cuales es más fácil la continuidad educativa. Por tanto, la beca del Fondo de Solidaridad, si bien tampoco cubre los costos directos e indirectos, es una ayuda muy importante para los muy seleccionados jóvenes de los quintiles de bajos ingresos que acceden a la educación superior.

La forma de pago del Fondo de Solidaridad ya la conocemos y es lo que está en debate. Cinco años luego de egresados, los profesionales comienzan a pagar durante 25 años, o hasta los 70 años, o hasta que se jubilen, sea lo que sea que ocurra primero. El pago total equivale en algunos casos a un poco menos de lo que saldrían algunas carreras en la universidad privada. Por lo tanto, la educación superior en Uruguay es pública, pero no gratuita, al menos no para quienes han egresado.

Hace unas semanas asistimos a un debate originado a partir de declaraciones de una integrante de la Asociación Uruguaya de Egresados de la Educación Terciaria de la Educación Pública (AUDETEP) respecto de posibles reformas del Fondo de Solidaridad, en el que se mencionó un sistema de “crédito blando” al inicio de la carrera. Si bien este esquema parece que no era exactamente lo que proponía AUDETEP, tal como expresó en un comunicado público, esto bastó para iniciar un debate mediático respecto de la forma de financiar las becas del Fondo de Solidaridad. Por un lado, se cuestionaba la eficiencia, equidad y utilidad de los préstamos blandos. Es claro que una modificación en este sentido implica cambiar el subsidio diferido al gasto educativo desde la oferta hacia la demanda. Algo muy similar –aunque sin contraprestación– a lo que proponía el Plan 7 Zonas cuando daba bonos educativos destinados a la educación inicial, en lugar de invertir más en infraestructura.

¿Cuál es el problema de adoptar un esquema de préstamos blandos? La respuesta es bastante intuitiva: el problema es que ese único joven que se describió en los párrafos anteriores, proveniente de un hogar vulnerable, que logró sobrevivir y egresar de la educación media superior mientras otros nueve jóvenes de su mismo origen social no lo lograron, se ve enfrentado a la carga de los costos de estudiar, mientras que aquellos que no tuvieron costos significativos por provenir de hogares de mayores ingresos no pagan por el costo de estudiar ni colaboran con el estudio de otros, incluso hasta cinco años después de egresar, suponiendo que egresen de la educación superior pública. Por tanto, un cambio en el sentido de préstamos blandos a la persona sería terriblemente regresivo.

¿No hay nada para cambiar en el Fondo de Solidaridad? Sí. Por ejemplo: el algoritmo tiene problemas de equidad asociados a los diferentes poderes de compra Montevideo/interior, privilegiando a los estudiantes del interior (84% de las becas) por sobre los de Montevideo (16% de las becas). Tiene problemas de equidad asociados a desigualdad de género; en un ciclo educativo en el que los hombres son la excepción y no la regla, las mujeres tienen 68% de las becas contra 32% de los hombres. Tiene problemas de equidad asociados a que el costo del Fondo de Solidaridad se paga de acuerdo a la duración de la carrera y no del título obtenido, por cuanto un licenciado en bibliotecología paga lo mismo que un contador. Tiene problemas de equidad asociados a quien paga: aquellos que han cursado durante muchos años muchas carreras, pero nunca egresan, nunca pagan. Tiene problemas de equidad asociados incluso a saber el monto del endeudamiento futuro, ya que la cuota del Fondo de Solidaridad se ha incrementado mediante diversas disposiciones, lo que hace variar discrecionalmente un costo retroactivo fijo. Pero ninguno de esos problemas de equidad asociados al diseño, al algoritmo de selección y ejecución, y al seguimiento del programa justifican una medida regresiva como la de un préstamo blando.

Con respecto al financiamiento de la educación superior pública, y con la misma vocación de amparar a los más vulnerables, me pregunto: ¿está mal cobrar una matrícula? Todos estamos de acuerdo en que el problema principal de cambiar el sistema del Fondo de Solidaridad es perjudicar a los de menores recursos, pero de acuerdo a la ECH 2018, 62% de los estudiantes de educación superior uruguaya provienen de los quintiles 4 y 5 de ingresos, quintiles en los que predomina la educación media privada con colegios que cobran cuotas mensuales incluso superiores a los 20.000 pesos. Por tanto, y en pos de la solidaridad con los pocos que ingresan del quintil 1, 2 y 3, y en defensa de la universidad pública, no suena ni descabellado, ni regresivo, ni menos de izquierda la idea de “que paguen más los que tienen mas”, ¿no? Después de todo, no olvidemos que, de acuerdo a datos de la Universidad de la República, mientras que en 1999 el porcentaje de estudiantes universitarios de primera generación era de 58%, en 2012 este porcentaje había bajado a 53%. ¡Hay que revertir esta tendencia!

Nada de esto es por defensa de la educación pública per se, sino por la defensa de la equidad educativa y, por ende, de una sociedad más justa.

Pablo Menese Camargo es licenciado y magíster en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es investigador en el Centro de Estudios de Políticas Educativas del CENUR Noreste de Udelar y se especializa en desigualdades educativas, con énfasis en la educación media.